En un memorando interno del Departamento de Justicia (DOJ), emitido el 11 de junio de 2025, se reveló la instrucción a los fiscales federales respecto a priorizar ciertos casos de desnaturalización, es decir, la revocación de ciudadanía estadounidense a personas naturalizadas. Aunque no se trata de una ley ni de una acción judicial inmediata, este documento marca un giro importante en la estrategia del gobierno de Donald Trump en materia migratoria.
¿Quiénes están en la mira? Estos son los perfiles priorizados por el DOJ
Según el documento, difundido por medios como The Guardian y New York Post, la División Civil del DOJ pide a los fiscales enfocarse en personas que hayan cometido fraude durante su proceso de naturalización o que, ya siendo ciudadanos, hayan incurrido en delitos graves. Estos son los diez perfiles señalados como prioritarios:
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Personas involucradas en terrorismo.
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Personas con antecedentes por trata de personas.
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Casos relacionados con crímenes violentos, como homicidio o agresión agravada.
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Miembros de pandillas u organizaciones criminales.
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Individuos con historial de fraude en programas de salud como Medicare o Medicaid.
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Personas responsables de fraudes financieros graves.
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Quienes hayan ocultado antecedentes penales al naturalizarse.
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Quienes mintieron sobre su identidad o estatus migratorio.
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Involucrados en abusos a derechos humanos o crímenes de guerra.
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Cualquier persona que haya cometido fraude comprobado en el proceso de naturalización.
De acuerdo con The Guardian, esta directriz permite aplicar la revocación de ciudadanía en tribunales civiles, donde las garantías legales son más limitadas. NY Post también señaló que esto representa una expansión del uso de la desnaturalización como herramienta jurídica, que históricamente se aplicaba solo en casos muy puntuales.
Un memorando que abre la puerta a una política más dura
Aunque esta instrucción no tiene fuerza de ley, sí refleja el interés de la actual administración por ampliar el uso de la desnaturalización como parte de su estrategia migratoria. La medida puede derivar en un aumento de procesos civiles en los próximos meses, dependiendo de cómo actúen las fiscalías en cada estado.
Especialistas advierten que este cambio interno podría tener implicaciones duraderas para millones de ciudadanos naturalizados, al sembrar incertidumbre sobre la permanencia de su estatus.
Aún no hay un número claro de casos que se activarán bajo esta nueva línea, pero el memorando ya marca una intención firme: convertir la ciudadanía en algo revocable para ciertos perfiles.