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El 27 de junio de 2025, la Corte Suprema emitió un fallo que limita la capacidad de los tribunales de distrito para emitir medidas cautelares de alcance nacional, lo que permite que el decreto ejecutivo de Donald Trump, que restringe la ciudadanía por nacimiento, entre en vigor en los estados que no hayan presentado demandas. Aunque la Corte no resolvió la constitucionalidad de la medida, sí abrió la puerta para que se aplique en 28 estados, mientras que 22 lo mantienen bloqueado gracias a litigios activos.

Alcance del fallo y estados donde la ciudadanía por nacimiento sigue vigente

Lo anterior significa que la ciudadanía por nacimiento aún se permite en todos los estados que interpusieron demandas legales y lograron bloquear la aplicación del decreto, los cuales son los siguientes:

  1. California

  2. Nueva York

  3. Illinois

  4. Nueva Jersey

  5. Washington

  6. Massachusetts

  7. Maryland

  8. Colorado

  9. Connecticut

  10. Oregón

  11. Nuevo México

  1. Minnesota

  2. Vermont

  3. Nevada

  4. Hawái

  5. Rhode Island

  6. Pensilvania

  7. Delaware

  8. Michigan

  9. Maine

  10. Wisconsin

  11. Distrito de Columbia

El fallo de la Corte Suprema, el pasado 27 de junio, anula las llamadas “injunctions universales” que bloqueaban la política de Trump a nivel nacional, restringiendo su efecto únicamente a los estados demandantes.

En los 28 restantes, el decreto ejecutivo 14160 podría entrar en vigor en un lapso de 30 días, a partir del fallo.

Este período ofrece un margen para que los tribunales, agencias, estados y organismos de derechos civiles preparen recursos como demandas, órdenes de amparo locales o incluso acciones colectivas para proteger a los recién nacidos y evitar la fragmentación legal.

Contexto legal y reacciones

El decreto 14160, emitido el 20 de enero de 2025, plantea negar la ciudadanía a bebés nacidos en EE.UU. cuyos padres sean inmigrantes indocumentados o estén en el país de forma temporal. Demandas de 22 estados y organizaciones como la ACLU lograron bloquear su implementación en esas jurisdicciones, pero el fallo reciente fractura el panorama legal.