El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó el pasado viernes 27 de junio el presupuesto estatal para el próximo año fiscal, el cual contempla una medida que afectará directamente a miles de migrantes en el estado. Como parte del plan para cerrar un déficit de 12 mil millones de dólares, se implementarán restricciones al acceso a Medi-Cal, el programa de salud pública dirigido a personas de bajos ingresos, dejando fuera a nuevos solicitantes indocumentados y estableciendo nuevas cuotas para quienes ya están inscritos.
¿Qué establece el nuevo presupuesto estatal?
Con un monto total de 321 mil millones de dólares, el nuevo presupuesto aprobado por Newsom incluye una congelación en las nuevas inscripciones a Medi-Cal para adultos indocumentados a partir de enero de 2026.
Esta medida significa que las personas migrantes de 19 a 59 años que no se hayan inscrito antes de esa fecha ya no podrán acceder al programa, a excepción de menores de edad y mujeres embarazadas, quienes mantendrán su cobertura gratuita.
Otra modificación relevante es la implementación de una prima mensual de 30 dólares a partir de julio de 2027 para los adultos migrantes que ya están inscritos en el programa.
A estas restricciones se suman otros recortes en servicios de salud, incluyendo la suspensión de algunos servicios dentales y psicológicos, con el objetivo de ahorrar recursos y equilibrar las finanzas estatales.
Una medida anticipada desde mayo
Aunque la firma del presupuesto se concretó el 27 de junio, estas restricciones al acceso a servicios médicos para migrantes ya habían sido anunciadas por el propio Newsom desde mayo pasado.
En ese entonces, el gobernador propuso la congelación de nuevas inscripciones como parte de una serie de recortes destinados a reducir el déficit sin eliminar por completo la expansión de Medi-Cal a personas indocumentadas.
El anuncio generó preocupación entre defensores de derechos humanos y organizaciones comunitarias, quienes advirtieron que la medida representa un retroceso en el acceso equitativo a la salud.
Sin embargo, el gobierno estatal defendió la decisión como un paso necesario ante el complejo panorama fiscal que enfrenta California, señalando que se priorizó mantener la cobertura para quienes ya están inscritos y proteger a las poblaciones más vulnerables, como niños y mujeres embarazadas.