La presión sobre la comunidad migrante en Florida sigue creciendo. En días recientes, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) anunció un nuevo acuerdo con empresas del estado para reforzar los controles sobre el empleo de personas sin estatus migratorio regular. Esta medida, que se enmarca en una serie de políticas más amplias impulsadas por el gobierno estatal, podría tener consecuencias directas para cientos de trabajadores migrantes, especialmente aquellos en sectores como la tecnología, construcción o comercio.
Empresas se alinean con ICE para verificar estatus migratorio
El nuevo convenio, divulgado por el ICE el pasado 24 de junio, involucra a las compañías Ruri Software Technologies y Famous Technologies, Inc., quienes se integraron oficialmente al programa IMAGE (Mutua Acuerdo entre ICE y Empleadores Genuinos, por sus siglas en inglés).
Esta iniciativa permite que empresas privadas colaboren directamente con ICE para verificar la elegibilidad laboral de sus empleados, capacitar al personal en detección de documentos falsos y auditar formularios migratorios como el I-9.
El acuerdo también incluye el uso obligatorio de E-Verify, el sistema federal que valida el estatus migratorio de nuevos trabajadores. Aunque las autoridades aseguran que no se imponen sanciones inmediatas, las compañías se comprometen a actuar en casos de incumplimiento. Según John Condon, agente especial de ICE en Tampa, estas acciones buscan garantizar una fuerza laboral legal y proteger tanto a empleados como a clientes.
En este contexto, los migrantes sin documentos vigentes podrían enfrentar barreras adicionales para acceder a empleos, incluso si llevan años viviendo en el país. La participación voluntaria de empresas privadas en programas federales como IMAGE marca un nuevo nivel de vigilancia dentro del entorno laboral.
Florida, epicentro de la tensión migratoria en EE.UU.
El endurecimiento de las políticas migratorias no se limita al ámbito empresarial. Florida ha sido protagonista de varias iniciativas que intensifican el control sobre las personas migrantes, como la aprobación de la ley SB 2-C, que establece un Consejo de Aplicación de Inmigración y facilita la cooperación entre autoridades estatales y federales.
Pero una de las propuestas más controversiales ha sido la posible construcción de un centro de detención migrante ubicado en una zona pantanosa, presuntamente rodeada de cocodrilos.
Apodado mediáticamente como “Alcatraz del pantano”, este proyecto ha provocado indignación por sus condiciones inhumanas y por reforzar una política de miedo hacia quienes buscan una vida mejor en Estados Unidos.
Aunque el plan aún no se concreta, ha sido mencionado por autoridades federales y estatales como una posibilidad para expandir la detención migratoria en la región.