El nuevo plan fiscal impulsado por la administración de Donald Trump ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos, expertos en política social y, principalmente, comunidades migrantes en Estados Unidos. El proyecto busca consolidar gran parte de la agenda republicana a través de recortes multimillonarios a programas sociales clave, como Medicaid y SNAP, fundamentales para millones de personas, incluidos niños nacidos en EE.UU. de padres indocumentados.
Recortes a programas sociales: impacto directo en comunidades vulnerables
Aprobado recientemente por la Cámara de Representantes y en espera de revisión en el Senado, este ambicioso paquete legislativo contempla un recorte de más de un billón de dólares a programas que proporcionan atención médica, asistencia alimentaria y apoyo básico a sectores desfavorecidos.
Según reportes de The New York Times, estos cambios podrían dejar sin cobertura de salud y sin alimentos a millones de personas, especialmente a niños que, aunque son ciudadanos estadounidenses, dependen de redes de apoyo social porque sus padres carecen de estatus legal.
Además, se propone eliminar el acceso a créditos fiscales como el Child Tax Credit a quienes no cuenten con un número de Seguro Social. Esto afectaría directamente a muchas familias migrantes que, pese a no tener residencia legal, contribuyen con impuestos a través de números ITIN.
Esta exclusión fiscal ampliaría la brecha de desigualdad y representaría una forma indirecta de penalizar la existencia de hogares mixtos, donde algunos miembros tienen ciudadanía y otros no.
Las consecuencias sociales y humanas del nuevo plan
Más allá del impacto inmediato, este tipo de políticas tendría consecuencias prolongadas sobre el tejido social de Estados Unidos. Expertos advierten que reducir el acceso a servicios básicos a comunidades migrantes profundiza la marginación, la pobreza y el miedo.
Para muchos niños ciudadanos, vivir en un hogar donde uno o ambos padres pierden acceso a Medicaid o asistencia alimentaria significaría crecer sin estabilidad ni cuidados esenciales, lo que puede afectar su salud física, emocional y educativa.
También se anticipa un aumento en la informalidad laboral, en la deserción escolar y en los niveles de estrés entre familias que ya viven bajo constante amenaza de deportación. Las organizaciones de derechos civiles han señalado que esta iniciativa no solo es regresiva en términos sociales, sino que representa una estrategia de exclusión sistemática disfrazada de reforma fiscal.
Otros proyectos legislativos que también afectan a los migrantes
La “gran y hermosa ley fiscal”, como la llamó Trump, forma parte de un conjunto más amplio de propuestas que la administración del republicano ha promovido desde el inicio de su segundo mandato.
Entre ellas, destacan la Ley Laken Riley, que impone detención obligatoria sin derecho a fianza a migrantes indocumentados acusados de ciertos delitos, y una orden ejecutiva que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento para hijos de padres sin estatus legal, medida que aún enfrenta impugnaciones legales.