Las calles Carral y Laxe, en Vigo.
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Vigo busca erradicar la prostitución: así funcionaron las ordenanzas en otras ciudades
Sevilla, La Línea de la Concepción y varios municipios de la Comunidad Valenciana han aprobado ordenanzas abolicionistas con sanciones de hasta 3.000 euros, aunque por el momento no hay datos oficiales suficientes para conocer su eficacia
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El pasado viernes, Vigo daba el primer paso para la tramitación de una ordenanza abolicionista de la prostitución, la primera de estas características en Galicia, con la aprobación por parte de la Xunta de Goberno del inicio de una consulta pública.
El modelo anunciado por el Concello pretende sancionar a los clientes y a quienes se lucren de la explotación sexual, mientras que las mujeres prostituidas serán consideradas víctimas y deberán recibir protección y alternativas sociales.
La ciudad olívica es la primera gallega en hacerlo, aunque es un camino que ya emprendieron otros municipios españoles. Uno de los principales precedentes es Sevilla, que aprobó en 2011 una ordenanza con multas de entre 750 y 3.000 euros para los clientes y excluyó a las mujeres del régimen sancionador.
Durante su primer año, la Policía Local presentó 143 denuncias, aunque solo 25 multas habían sido abonadas voluntariamente. La hemeroteca demuestra que la norma redujo la presencia visible de prostitución en algunas calles, pero no existen datos que demuestren una disminución de la actividad.
Comunidad Valenciana
Otro caso destacado es Albal, en Valencia. El municipio modificó su normativa en septiembre de 2021 para dejar de sancionar a las mujeres y actuar exclusivamente contra los compradores de sexo. En mayo de 2022 elevó las multas hasta los 3.000 euros y acumulaba ya 28 expedientes contra clientes.
El propio Ayuntamiento reconoció, sin embargo, que una actuación aislada podía provocar el desplazamiento de la actividad hacia localidades próximas.
También han aprobado ordenanzas similares Paterna, en 2022; Mislata, en 2023; y Aspe, en 2024. Todas ellas incorporan sanciones contra la demanda y medidas de apoyo para las mujeres, aunque por el momento no existen datos oficiales suficientes como para conocer cuántas personas abandonaron la prostitución, accedieron a un empleo o recibieron una solución habitacional.
La Línea y el caso de Barcelona y Málaga
Uno de los ejemplos más recientes es La Línea de la Concepción, que aprobó su normativa en mayo de 2026. La ordenanza contempla multas de entre 500 y 3.000 euros por solicitar servicios sexuales, publicitarlos o favorecer la explotación.
Los casos de Barcelona y Málaga son diferentes, ya que en ambos casos las ordenanzas permitieron sancionar a las mujeres que ejercían la prostitución. Barcelona endureció su normativa en 2012 y, durante los primeros años, multó a unas 2.200 mujeres frente a alrededor de 800 clientes; en Málaga, en 2017, se habían impuesto sanciones a 637 mujeres y solo a 24 clientes.
Según los diferentes estudios que se han ido publicando a lo largo de estos últimos años sobre el comportamiento de la prostitución al ser abolida de las calles, no ha sido posible erradicarla por completo mediante la norma local, y parte de la actividad ha buscado otros lugares: pisos, clubes, municipios cercanos y plataformas digitales.
