Santiago Calvo, Doctor en Economía: "No estás ahorrando para tu jubilación: estás pagando la de otro"
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El sistema de pensiones, la presión fiscal o el acceso a la vivienda se han convertido en algunos de los grandes debates económicos en España. Sin embargo, detrás de muchos de estos temas hay una realidad incómoda que rara vez se aborda con claridad.
En esta entrevista, analizamos sin rodeos los principales retos estructurales del país: desde la sostenibilidad del sistema de pensiones hasta los incentivos reales para trabajar, ahorrar o emprender. Una conversación directa sobre lo que está pasando… y lo que probablemente pasará en los próximos años.
Has dicho que el sistema de pensiones es "el elefante en la habitación" de España. ¿Por qué casi nadie quiere hablar con honestidad de ello?
Porque políticamente la honestidad es muy cara y el aplazamiento de medidas que resultan complejas y generan coste es muy barato. Las pensiones son el mayor capítulo de gasto del Estado, más de 200.000 millones al año. Y los pensionistas son el grupo electoral más movilizado. El partido que plantea una reforma seria pierde ese voto de inmediato. El que promete mantenerlo todo como está, no.
Hay además un mecanismo perverso que facilita el engaño: el coste real lo van a pagar generaciones que todavía no votan o que votan menos. Los gobiernos pueden posponer el problema indefinidamente sin que les pase factura a corto plazo. Eso es exactamente lo que llevan haciendo durante décadas.
Mucha gente cree que está ahorrando para su jubilación cuando cotiza. ¿Por qué dices que eso es una ficción?
Lo que pagas hoy en cotizaciones no va a ninguna cuenta con tu nombre. Se usa en el acto para pagar las pensiones de los jubilados actuales. Es un sistema de reparto: los trabajadores de hoy financian a los jubilados de hoy, y mañana serán los trabajadores de mañana los que financien a los trabajadores de hoy. No hay ningún ahorro. Hay una promesa.
Y como toda promesa, su valor depende de quién la respalde y de las circunstancias en que tenga que cumplirse. En 1970 había seis cotizantes por cada pensionista. Hoy estamos en dos. La promesa se vuelve cada vez más difícil de mantener en las mismas condiciones, y los ajustes que vendrán los pagará quien menos los espera.
Si el sistema lleva años en déficit, ¿cómo se sostiene realmente hoy?
Con transferencias del Estado, es decir, con impuestos y deuda. El déficit contributivo, que es la diferencia entre lo que entra por cotizaciones y lo que sale en prestaciones contributivas, roza los 64.000 millones de euros según las estimaciones de FEDEA. El déficit presupuestario oficial, que ya incluye las transferencias del Estado como ingreso del sistema, se sitúa en torno a 8.400 millones.
La diferencia la paga el contribuyente.
¿La llamada "hucha de las pensiones" fue una herramienta financiera… o una herramienta política?
Política. Y la demostración es contable, no ideológica.
Como el sistema está en déficit, ese déficit se cubre con deuda pública. Cada euro que entra en el Fondo de Reserva genera, al mismo tiempo, exactamente un euro más de deuda del Estado. El efecto neto es cero. Lo que cambia es el relato: con la hucha, el gobierno puede decir que "está ahorrando para las pensiones" mientras pide prestado por la puerta de atrás. Además, ese fondo se invierte en deuda del propio Estado, con lo que el Estado se presta dinero a sí mismo. La sostenibilidad del sistema no mejora ni un milímetro.
Si no reformamos el sistema, ¿qué escenario ves en 10–15 años?
Más transferencias del Estado, mayores impuestos sobre los trabajadores activos, y recortes encubiertos de las pensiones reales vía indexación insuficiente. Probablemente las tres cosas a la vez, en proporciones que decidirá quien gobierne en cada momento.
El problema demográfico es un reloj. La generación del baby boom está entrando masivamente en la jubilación. La ratio cotizantes/pensionistas seguirá cayendo. Y no hay política de natalidad que resuelva eso en diez años: los trabajadores de 2035 ya han nacido. Sin reforma estructural, la factura llega igual. La única variable que cambia es quien la paga y con qué nombre. Los incentivos en política llevan a pasarle el coste a los más jóvenes.
España tiene una presión fiscal creciente y, aun así, sensación de servicios públicos deteriorados. ¿El problema es de recaudación o de eficiencia del gasto?
De eficiencia, principalmente. España ronda ya el 39% del PIB en presión fiscal, por encima de su propia media histórica y acercándose a países con servicios públicos notablemente mejores. El dinero está. El problema es lo que ocurre entre que entra en las arcas públicas y llega al ciudadano.
Hay duplicidades entre administraciones, fragmentación que encarece la provisión de servicios, y un sector público que creció en plantilla y gasto corriente sin mejora proporcional en resultados. El debate "¿falta dinero o falta gestión?" tiene respuesta empírica: los países que obtienen mejores resultados en educación, sanidad o dependencia no son necesariamente los que más gastan por habitante.
¿Crees que España castiga demasiado al que trabaja, ahorra o emprende?
Hay datos que apuntan en esa dirección con bastante claridad. Los tipos marginales efectivos cerca del SMI, es decir, cuánto hay que pagar en impuestos por cada euro adicional, sumando IRPF y cotizaciones, pueden llegar al 69-82%. Un autónomo que factura bien paga IRPF, cotizaciones y, si opera con sociedad, impuesto de sociedades antes de poder distribuir dividendos. El ahorro tributa entre el 19-28% en el capital. En muchas comunidades autónomas persisten además impuestos sobre el patrimonio y las sucesiones.
El sistema no hace imposible trabajar, ahorrar o emprender. Pero sí hace que el esfuerzo marginal sea poco rentable. Y eso tiene consecuencias sobre los incentivos reales de la gente, aunque no siempre sean visibles de forma inmediata.
¿Qué impuesto te parece más dañino para el crecimiento económico del país?
Las cotizaciones sociales sobre el empleo, por el daño que hacen en el margen donde más se nota: la decisión de contratar o no contratar. Cuando un empresario quiere que un trabajador reciba un salario neto razonable, el coste total que asume incluye cotizaciones patronales que elevan sustancialmente esa cifra. Esa cuña entre lo que le cuesta el empleado y lo que recibe el empleado destruye empleo potencial de forma silenciosa.
La literatura económica es bastante consistente en señalar que los impuestos sobre el capital y sobre el trabajo son los más perjudiciales para el crecimiento a largo plazo, porque reducen respectivamente la inversión futura y el empleo presente.
Hay quien dice que bajar impuestos solo beneficia a los ricos. ¿Por qué crees que esa visión es simplista o errónea?
Porque confunde quién paga nominalmente más con quién sufre más la carga relativa. Bajar el IRPF en los tramos bajos y medios beneficia fundamentalmente a asalariados y trabajadores de renta media, que son la mayoría de los contribuyentes. La progresividad en frío de los últimos años, que el Banco de España estima en 16.700 millones de euros adicionales entre 2019 y 2023 por no deflactar el impuesto, se ha cargado sobre todos los tramos, con especial impacto en las rentas medias.
Además, los recortes sobre impuestos al capital y a las empresas pueden trasladarse parcialmente a salarios vía mayor inversión y productividad. El argumento de "solo beneficia a los ricos"; asume que los impuestos son un juego de suma cero, cuando en realidad cambian los incentivos de todos.
La vivienda se ha convertido en una de las mayores frustraciones de los jóvenes españoles. ¿Es un fallo del mercado o de la política?
De la política, principalmente. El Banco de España estima un déficit acumulado de 700.000 viviendas. Se generan aproximadamente 275.000 hogares nuevos al año y se construyen alrededor de 130.000 viviendas. Con esos números, el problema no es que el mercado falle, es que el marco regulatorio impide que el mercado funcione.
Los plazos para completar un planeamiento urbanístico en España pueden alcanzar los 20 años de media. Menos del 0,4% del suelo está listo para construir. Si el proceso desde que se aprueba un plan hasta que comienzan las obras dura dos décadas, no hay capital privado ni público que resuelva la escasez. El problema es de regulación, burocracia y gestión del suelo.
¿Controlar precios del alquiler ayuda o empeora la situación?
Empeora. Cataluña es el experimento más reciente y los resultados no dejan mucho margen a la duda: Barcelona perdió 48.000 viviendas de alquiler en dos años, los precios siguieron subiendo y llegó a haber 437 personas interesadas por cada piso disponible.
La lógica es predecible. Cuando el precio máximo queda por debajo del precio de mercado, los propietarios retiran los pisos del alquiler: los venden, los dejan vacíos o los destinan a alquiler turístico o de temporada. Quienes ya tienen contrato firmado se benefician. Quienes buscan piso, lo tienen mucho más difícil. El control de precios redistribuye la escasez existente. La escasez en sí no desaparece.
¿Crees que España está desincentivando el mérito y premiando demasiado la dependencia del Estado?
Hay indicios preocupantes en el diseño del sistema de prestaciones. Existen tramos donde trabajar más o ganar un poco más implica perder ayudas cuyo valor supera el aumento de renta, lo que los economistas llamamos trampas de pobreza o de inactividad. En esos casos, el sistema desincentiva activamente el paso a la actividad o el esfuerzo adicional, porque la ganancia neta es negativa.
A eso se añade que España tiene uno de los mercados laborales más dualizados de Europa: alta temporalidad, fuerte protección del empleo indefinido y una brecha considerable entre quienes están dentro y quienes están fuera. Ese diseño premia la antigüedad y la posición adquirida, y desincentiva la movilidad y el riesgo. No es un sistema pensado para recompensar el mérito.
