No hay nadie más comprometido con la preservación y cuidado de la costa de Galicia que la gente del mar

La decisión del Tribunal Constitucional al respecto de la Ley 4/2023, de 6 de julio, de Ordenación y Gestión integrada del Litoral de Galicia (LOLGA), supone un paso importantísimo que ofrece seguridad jurídica para que Galicia pueda gestionarse, como ya hacen otras comunidades autónomas. Establece un punto de partida ya estable, en el que el máximo garante de la Constitución Española avala el desarrollo y aplicación práctica que el Parlamento de Galicia ha hecho de las competencias de nuestra comunidad en materia de ordenación del litoral.

Resultará clave, pues, mantener un diálogo constructivo entre las administraciones competentes, que permita desarrollar la regulación y coordinar la gestión y tramitación que precisen las acciones a desarrollar sobre el territorio.

La costa gallega merece un tratamiento específico que compatibilice el innegociable respecto y conservación de su riqueza natural con las actividades económicas que allí llevan desarrollándose desde hace cientos de años y que forman parte esencial de nuestra economía y que son factor fundamental de desarrollo social y de fijación de la población al territorio. No hay nadie más interesado y comprometido con su preservación y cuidado que la gente del mar y los gallegos que allí viven y trabajan cada día.

Afortunadamente, en un plazo de seis meses, contamos ya con una respuesta en firme del Tribunal Constitucional, que, por un lado, ratifica las competencias de Galicia en virtud de su estatuto de Autonomía; y, por otro lado, niega que la nueva regulación y en particular la que afecta a los instrumentos de ordenación del litoral y de los concretos usos que podían realizarse, contravengan las disposiciones de la legislación estatal aprobadas en virtud de "la facultad del Estado de preservar el dominio público marítimo-terrestre", que recoge el artículo 132 de la Constitución. Es pues una decisión que nos otorga cierta tranquilidad, tras la lucha iniciada en 2018.

El TC ha desestimado 70 de las 72 impugnaciones planteadas y la sentencia ha sido suscrita unánimemente por los magistrados, validando dos cuestiones importantes: Las disposiciones que permitirán a la Comunidad Autónoma de Galicia otorgar autorizaciones de utilización y ocupación del dominio público, como parte de la competencia exclusiva sobre ordenación del territorio y del litoral, establecida por el artículo 27.3 del Estatuto y la compatibilidad con la regulación estatal de los instrumentos de ordenación del litoral y de los usos que contiene la LOLGA y por lo tanto con la competencia estatal para preservar el dominio público marítimo-terrestre.

La norma autonómica sigue permitiendo al Estado actuar en el caso de que una autorización o un plan concreto que se apruebe, posteriormente, lleguen a incumplir la Ley de Costas. En consecuencia, la sentencia viene a confirmar que la LOLGA, no supone un menor nivel de garantía o protección para nuestro litoral, sino al contrario: «salvaguarda el cumplimiento de las exigencias establecidas en la legislación estatal de costas».

No debemos mirar atrás: a pesar de la pronta respuesta del Tribunal Constitucional, hemos perdido un tiempo muy valioso y es necesario avanzar y mirar hacia delante: El sector mar industria, como el resto de los sectores industriales de Galicia deben acometer y lo están haciendo ya, una importante transformación que no admite demoras y que requiere seguridad jurídica.

Galicia no quiere ser más ni menos que nadie y este proceso era evitable, ya que otras comunidades autónomas han podido gestionar su litoral con los mismos mimbres sin ningún tipo de objeción por el gobierno central. 

Contamos ahora con una regulación propia, reforzada con la sentencia del Tribunal Constitucional, sin perjuicio de las revisiones y actualizaciones de la normativa estatal, que compatibilicen la protección de la naturaleza con la actividad empresarial e industrial que se desarrolla en el litoral, que debe ser preservada y reforzada, siempre en términos de sostenibilidad. 

Es necesario un marco que dé seguridad jurídica y protección a los establecimientos ya existentes y a los de nueva creación. La paralización de las concesiones en el litoral y de los sistemas de depuración de aguas ponía en riesgo la viabilidad de numerosas edificaciones y empresas que operan en la costa y perjudicaba a las gallegas y gallegos que allí viven. 

La LOLGA debe poner fin a situaciones incomprensibles que generaban inseguridad jurídica a las empresas. Es una ley que persigue la gestión sostenible, en lo ambiental y en lo socioeconómico, de nuestra costa, promulgada desde donde mejor se conoce: desde Galicia.

La publicación del nuevo Reglamento General de Costas en agosto del 2022 (finalmente objeto de anulación por el Tribunal Supremo), ha generado gran preocupación a las empresas que necesariamente deben desarrollar su actividad en la ribera del mar, pues habrían visto seriamente comprometida su continuidad en el dominio público marítimo-terrestre y hubieran estado sometidas a una mayor inseguridad jurídica.

No debemos olvidar que hay instalaciones que solo son viables si se ubican en la franja costera. El traslado de estas actividades a localizaciones fuera de la línea de costa derivaría en muchos casos en su desaparición.

Desde la CEG, instamos al Gobierno central a que establezca una mesa de análisis y negociación con los sectores afectados, para que la regulación europea como la nacional ponga en equilibrio la protección y conservación del medio natural y el desarrollo socioeconómico y por tanto de los sectores productivos en los que se asienta, así como las particularidades e intereses de Galicia, especialmente ante cualquier iniciativa o reforma legislativa o reglamentaria, como la del reglamento de la Ley de Costas.

Consideramos ambos objetivos (la protección del medio y el desarrollo socioeconómico) viables y compatibles y el diálogo con todas las partes implicadas como el medio para alcanzar dicha compatibilidad.

Los empresarios de Galicia y en particular los del sector mar-industria, han sido pioneros en adoptar medidas y estrategias en favor de la sostenibilidad y de la preservación del medio en el que desarrollan sus actividades. 

Entendemos que las líneas de actuación deberían dirigirse a la modernización, consolidación y fortalecimiento del sector, aprovechando los recursos que durante los próximos años pondrá a disposición la Unión Europea, en forma de creación de empleo y dinamización de aquellas comarcas de Galicia con una fuerte dependencia de la industria establecida en su litoral.

Considerar aisladamente aspectos medioambientales y obviar los sociales, económicos y culturales, sería desde nuestro punto de vista un error inédito.

Galicia es una comunidad autónoma marítima por excelencia con el litoral más largo de toda España: un total de 2.555 kilómetros, considerando no solo los 1.659 kilómetros de su perímetro costero, sino también los kilómetros que rodean sus cientos de islas e islotes, sus marismas y arenales y que genera en torno a esa costa y al sector mar industria en torno al 5% del PIB.

La LOLGA nace tras un importante trabajo que ha contado y consultado a todas las partes interesadas y con la participación de las voces más autorizadas en Galicia, pero la gestión de nuestro litoral, requiere del entendimiento y colaboración de las administraciones implicadas. 

Por ello, el trabajo no acaba aquí: hay que hacer efectivas las disposiciones de la norma, que requerirá de su desarrollo y que debe hacerse con la participación de todos, con diálogo, consenso y sentido común y también con la cooperación del Gobierno central que detenta los medios materiales y personales que ahora deberían ponerse a disposición de Galicia. 

Por otro lado, estaremos atentos a la iniciativa del Gobierno del Estado respecto a la modificación o elaboración de un nuevo Reglamento de la Ley de Costas, que en ningún caso debe suponer un paso atrás en lo avanzado con la normativa autonómica. Esperamos que sea objeto de consulta y diálogo con todas las partes implicadas y que tenga en consideración las especiales circunstancias de Galicia y en particular del sector mar-industria.

Necesitamos unidad de acción en Galicia y el apoyo y compromiso de todos sin fisuras, en torno a la sostenibilidad medioambiental económica y social de nuestra costa.

Desde la CEG apoyaremos las iniciativas del nuevo gobierno de la Xunta de Galicia para ordenar y normalizar la gestión de nuestro litoral y seguiremos trabajando en favor de quienes viven y trabajan el mar y sus productos, de la cadena mar-industria como un eje esencial para la sostenibilidad de nuestra costa.