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Arranca en Vigo el juicio contra 29 acusados del transporte de cocaína a bordo del MV Karar

Se enfrentan a penas que van desde los 13,5 a los 19,5 años de prisión por participar en un operativo liderado en plena pandemia por un arousano
Ciudad de la Justicia de Vigo.
Mauro Picatoste
Ciudad de la Justicia de Vigo.
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El juicio contra los 29 acusados del transporte de 3,8 toneladas de cocaína a bordo del carguero MV Karar en plena pandemia del covid arrancará el próximo martes en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.

Dicho operativo estuvo coordinado por una organización liderada por el arousano J. C. S. N., y todos los acusados se enfrentan a penas de entre 13,5 y 19,5 años de prisión. Más concretamente, la Fiscalía les atribuye la preparación, coordinación y transporte de la droga, que fue intervenida en un abordaje en altamar.

En el abordaje, las fuerzas de seguridad detuvieron a los 15 tripulantes del MV Karar, uno de ellos, gallego, y el resto de Nepal y Bangladesh. También a otras trece personas en tierra, entre las que se encontraba un funcionario del Servicio de Vigilancia Aduanera y su mujer.

El considerado cabecilla de la organización, J.C.S.N., se dio a la fuga, sin embargo, se entregó meses después para cumplir una pena de algo más de dos años de cárcel en una causa por revelación de secretos -filtración de información por parte de dos agentes de la Guardia Civil-.

Toda una estructura para disponer de embarcaciones

Según el escrito de acusación pública recogido por Europa Press, J.C.S.N dirigía una estructura para disponer de embarcaciones preparadas para operaciones de alijo de droga en altamar, y coordinaba también los contactos para contar con naves en diferentes localidades en las que poder adaptar, pertrechar y resguardar esas embarcaciones.

El cabecilla contaba con soporte en tierra por parte de varias personas: Un empresario dedicado a la venta y reparación de embarcaciones, un funcionario del servicio de Vigilancia Aduanera, varias personas encargadas de pilotar las lanchas, y otros acusados que también gestionaban cómo se distribuiría la droga.

El 25 abril, el MV Karar fue abordado en altamar y sus tripulantes detenidos; horas después se produjeron las detenciones en tierra, aunque el líder de la red, según la Fiscalía, "dispuso de información que le permitió adelantarse al abordaje" y huyó antes de ser arrestado.

Las fuerzas de seguridad incautaron en los registros dinero en efectivo, numerosos teléfonos y tarjetas SIM, sistemas de comunicación vía satélite, cartografía, anotaciones con coordenadas, cámaras, dispositivos inhibidores, vehículos y hasta cinco embarcaciones. Además, en casa de J.C.S.N. se encontraron ropas de Policía Nacional y un chaleco antibalas, y en el domicilio de otro de los implicados, un arma para la que no tenía licencia.

Más delitos

Entre los acusados hay un funcionario de Aduanas y su mujer, una trabajadora de la red de escuelas públicas de la Xunta. A ellos la Fiscalía les atribuye, además de tráfico de drogas, un delito de blanqueo de capitales.

Con respecto a lo anterior, entre 2015 y 2020 la pareja realizó ingresos en efectivo en sus cuentas bancarias por importe de más de 176.000 euros; adquirieron un chalé y una finca para construir una piscina; compraron una moto y un coche de alta gama; adquirieron fincas rústicas; e incluso dos boletos de lotería de Navidad premiados con 20.000 euros cada uno. En total, la Fiscalía estima que blanquearon en esos años casi medio millón de euros.

A todos los acusados se les imputa un delito contra la salud pública en la modalidad de drogas que causan grave daño a la salud, con el subtipo agravado por el uso de embarcaciones y por tratarse de una red con contactos internacionales. También un delito de integración en organización criminal y, al procesado al que le intervinieron la pistola, se le acusa también de tenencia ilícita de armas.

Para el cabecilla de la organización, pide la pena de 18 años y medio de prisión, así como una multa de 438 millones de euros; mientras que, para el resto, solicita 13 años y medio de cárcel -dos años más para el investigado por tenencia de armas- y dos multas de 400 millones de euros.

En el caso del funcionario de Aduanas, la solicitud de pena se incrementa en otros 6 años por el blanqueo y dos penas de inhabilitación total por un período de 20 años; para su mujer, la Fiscalía también pide la pena de cárcel por blanqueo, de manera que ambos se enfrentan a un total de 19 años y medio de prisión.

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