Murcia

El ingenio de algunos agricultores murcianos para vulnerar la normativa ambiental no tiene límites porque son capaces de habilitar zulos en el subsuelo para ocultar desalobradoras. Es una de las prácticas fraudulentas que ha destapado la Guardia Civil durante la 'Operación Chancuatro’, encaminada a detectar posibles causas de las afecciones medioambientales del Mar Menor. Este operativo ha destapado una trama delictiva dedicada supuestamente al uso de desaladoras en la Comarca del Campo de Cartagena.

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La investigación continúa abierta y hasta el momento se investiga a 68 personas por presuntos delitos contra los recursos naturales y el medioambiente. Los agentes han llevado a cabo 52 inspecciones en fincas agrícolas y han localizado 42 pozos irregulares, así como 60 plantas desalobradoras. Algunas de estas instalaciones estaban en zulos, camuflados bajo tierra. Otras estaban habilitadas en remolques o furgonetas, de forma que operaban como desaladoras portátiles que podían ser transportadas hasta cualquier finca agrícola de una manera muy ágil.

Además, algunos de los pozos de extracción de agua habían sido dotados con un imán que alteraba los resultados del contador volumétrico, mientras que otros directamente carecían del citado contador y varios no contaban con autorización administrativa.

La 'Operación Chancuatro' vuelve a situar en la diana las prácticas ilícitas que desarrollan ciertos agricultores, cuyas producciones intensivas afectan al ecosistema del Mar Menor. De hecho, la Benemérita en un comunicado ha subrayado que este operativo se ha desarrollado ante la sospecha de que estas prácticas se mantuviesen, a pesar de las operaciones desarrolladas en años anteriores por hechos similares: ‘Chandos’ (63 personas investigadas por delitos medioambientales) y ‘Chantres’ (23 personas investigadas).

Esta investigación se inició después de que agentes del Seprona tuviesen acceso a abundante documentación sobre una importante empresa dedicada a instalaciones eléctricas y automatismos, con sede en la Comarca del Campo de Cartagena. A raíz de esta información, comenzaron ls pesquisas en numerosas fincas agrícolas sospechosas de albergar desalobradoras y pozos de extracción ilegal de agua. Una vez analizados todos los indicios, la Guardia Civil puso en marcha un amplio dispositivo, dirigido por el Seprona, con la participación de técnicos de la Confederación Hidrográfica del Segura.

Ese operativo tuvo lugar en febrero y permitió llevar a cabo la inspección de 52 fincas agrícolas. Durante las inspecciones se localizaron 42 pozos de captación de aguas, con diferentes irregularidades, y 60 plantas desaladoras, que en algunos casos tenían la maquinaria bajo tierra y se accedía a ella a través de una trampilla.

Una desalobradora habilitada en una furgoneta para transportarla por fincas agrícolas. G. C.

Entramado delictivo

La Guardia Civil ha detallado en un comunicado que se trataba de un entramado delictivo, orquestado supuestamente por la citada mercantil, puesto que 3 de sus responsables forman parte de las 68 personas investigadas. Al parecer, esos hombres ofrecían a empresarios agrícolas del Campo de Cartagena desde desalobradoras a productos para eliminar la salinidad del agua. Todo ello, con el objetivo de brindar a los agricultores una forma eficaz de obtener suministro para los cultivos mediante la captación de agua de los acuíferos de la zona.

El supuesto 'modus operandi' para llevarlo a cabo consistía en instalarles la maquinaria a los productores agrícolas, generalmente de manera soterrada, y se encargaban del servicio de mantenimiento y suministro de los productos necesarios para que el agua captada de los acuíferos fuese filtrada y desprovista de salinidad. Una vez depurada, el rechazo era inyectado en pozos ilegales y también vertida a través de ramblas o salmueroductos que desembocan en el Mar Menor.

Otra vez el delicado ecosistema de la albufera ha sido maltratado porque ese rechazo presenta un alto porcentaje en sal y productos químicos.

La Guardia Civil y la Confederación Hidrográfica del Segura han precintado toda la maquinaria que ha centrado la investigación. También han tomado muestras de agua para su posterior análisis. Los autores de este tipo de hechos pueden incurrir en un delito, recogido en el vigente Código Penal, que se castiga con penas de prisión, de seis meses a dos años; multa de diez a catorce meses, incluso inhabilitación especial para profesión -por tiempo de uno a dos años-.