El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha decidido finalmente aplazar a 2025 la entrada en vigor de la nueva Selectividad. Así lo ha trasladado a las comunidades autónomas el departamento que dirige Pilar Alegría en una reunión celebrada este jueves.
El Gobierno había diseñado a través de un real decreto cómo tendría que ser el nuevo examen, pero se paralizó con la convocatoria electoral del 23 de julio. La nueva Selectividad se adaptaba a la última reforma educativa (Lomloe, conocida como ley Celáa), y cambiaba no solo los currículos -el contenido de lo que se enseña en clase-, sino el modo en el que el alumnado lo aprende, más competencial y menos memorístico.
Sin embargo, el pasado 31 de mayo el Ministerio que dirige Pilar Alegría paralizó la aprobación del borrador del real decreto que regula esta nueva Ebau, cuya aplicación iba a comenzar en junio de 2024, a consecuencia de la convocatoria del 23J, argumentando que el Gobierno estaba en funciones y que dejaba su aplicación al Ejecutivo que saliese de las urnas. Finalmente los cambios entrarán en vigor en 2025.
[La nueva Selectividad: menos exámenes y una prueba de madurez que valdrá el 75% de la nota]
Cambios graduales
El planteamiento de Educación es una implementación gradual de la antigua Selectividad entre el periodo 2024 y 2028, fecha en la que se produciría su plena implementación.
Entre las novedades de la nueva Ebau, destaca que la duración de cada uno de los exámenes pasará a ser de 105 minutos en lugar de los 90 actuales, porque se incluirán ejercicios menos memorísticos en los que el estudiante deberá reflexionar y hacer asociaciones de ideas, y no se introduce la prueba de madurez académica inicialmente prevista.
El resultado de esta prueba supondrá el 40 % de la nota para el acceso a la universidad, mientras que la media de Bachillerato será el 60 % restante.
El pasado mes de marzo, cincuenta centros de diez comunidades, Ceuta y Melilla realizaron una prueba piloto orientada a armonizar las pruebas de acceso a la universidad de cara a junio de 2024, con el mencionado carácter competencial.
Todas las comunidades fueron invitadas a participar pero al final las que decidieron tomar parte fueron Cataluña, Asturias, Cantabria, La Rioja, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Canarias, Navarra, Extremadura, Baleares, Ceuta y Melilla, es decir, todas salvo las gobernadas por el PP en ese momento.