Maricarmen, de 87 años, ha sido desahuciada tras más de siete décadas viviendo en su casa por no poder asumir la subida del alquiler de 500 a 1.650 euros.
El abogado Pablo Bellido destaca que la situación no debe tratarse solo como el fin de un contrato, sino como un problema social y de derechos fundamentales.
Bellido apela al artículo 47 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a una vivienda digna y la obligación de los poderes públicos de garantizar alternativas adecuadas en casos de vulnerabilidad.
Se critica que el mercado puede fijar el precio de una vivienda, pero no debe poner precio a la dignidad de las personas que la habitan, especialmente en casos de personas mayores.
El desahucio de Maricarmen, de 87 años, y más de siete décadas viviendo en la que hasta hace poco era su casa, ya es una realidad. Ella no podía hacer frente a la subida de precio que tenía sobre la mesa.
Urbagestión, que compró el piso donde habitaba, le aumentaba el alquiler de 500 a 1.650 euros. Imposible para ella.
Pablo Bellido, abogado, ante este incremento desproporcionado del precio del alquiler no duda en afirmar que “aquí empieza el verdadero debate. Cuando una vivienda deja de ser un hogar y se convierte en un negocio”.
Alternativa habitacional
“Desde el punto de vista jurídico, el propietario tiene derecho a disponer de su inmueble dentro de los límites de la ley. Pero la propiedad privada no es el único derecho que reconoce nuestro ordenamiento”, afirma el abogado en la red social LinkedIn.
Y echa mano del artículo 47 de la Constitución Española. El mismo reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Asimismo, establece que los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias para hacerlo efectivo.
“Por eso, la pregunta no debería ser únicamente: ¿Puede producirse legalmente el desahucio? También deberíamos preguntarnos: ¿Qué solución ofrece el sistema a una mujer de 87 años que puede quedarse sin su hogar después de 71 años viviendo allí?”, sostiene Pablo Bellido.
Y añade: “Porque una cosa es reconocer el derecho de propiedad y otra muy distinta asumir que las instituciones pueden limitarse a ejecutar un desahucio sin garantizar una alternativa habitacional realmente adecuada a las circunstancias de una persona especialmente vulnerable”.
Llegados a este punto, no duda en afirmar que “la vivienda no es solamente cuatro paredes. Es el lugar donde una persona ha construido su vida. Es estabilidad. Es seguridad. Es arraigo”.
Si es así para todo el mundo, lo es todavía más para una persona de 87 años. “Perder su vivienda después de siete décadas no puede tratarse como si fuera simplemente el final de un contrato”, remarca.
Por eso, resalta que “el mercado puede poner un precio a una vivienda. Pero no debería poner precio a la dignidad de quien la habita”.