Maricarmen Abascal, de 87 años, fue desahuciada tras 70 años viviendo en el mismo piso con un contrato de renta antigua.
El contrato, firmado en 1956 por su padre, permitía la prórroga vitalicia y subrogación familiar, con cuotas muy inferiores al mercado actual.
Tras un fallo del Tribunal Supremo, la empresa propietaria ofreció un nuevo alquiler de 1.650 euros al mes, inasumible para Maricarmen, que pagaba 440 euros.
Los contratos de renta antigua ofrecían gran protección al inquilino, pero fueron limitados y progresivamente sustituidos por cambios legales en 1985 y 1995.
Maricarmen Abascal, de 87 años, fue desahuciada este miércoles después de 70 años residiendo en la misma vivienda en el distrito madrileño de Retiro. La mujer entró a vivir al piso en 1956, con tan solo 17 años, junto a sus padres. En aquel entonces, su padre firmó el contrato de renta antigua como titular.
Después de su fallecimiento, el contrato pasó a su esposa. Sin embargo, cuando la madre de Maricarmen murió en 2005, la anciana heredó la titularidad del contrato de alquiler.
Con la entrada de los nuevos propietarios al edificio, llevaron a juicio su antiguo contrato de arrendamiento y el Tribunal Supremo falló a favor de la empresa. Así, con el contrato antiguo extinto por la Justicia, la empresa propietaria ofreció a Maricarmen un nuevo contrato por 1.650 euros mensuales.
Antes pagaba 440 euros al mes y, cobrando una pensión de 1.450 euros, Maricarmen no se lo podía permitir. Lo rechazó y se fue a un juicio que concluyó con su orden de desahucio. El caso permite entender cómo funcionaban los denominados contratos de renta antigua, un modelo de alquiler que durante décadas ofreció una protección a los inquilinos.
Aunque estos arrendamientos ya no se pueden firmar, algunos han sobrevivido durante generaciones debido a las condiciones que establecía la legislación de la época.
Un alquiler casi vitalicio
La principal característica de estos contratos era la llamada prórroga forzosa. El alquiler no terminaba simplemente cuando llegaba la fecha prevista en el contrato. El inquilino podía continuar ocupando la vivienda y el propietario estaba obligado a mantener el arrendamiento mientras se cumplieran los requisitos legales.
De esta manera, la duración podía prolongarse durante toda la vida del arrendatario. La vivienda podía convertirse, en la práctica, en un hogar familiar durante décadas, como ocurrió en el caso de Maricarmen.
A esta protección se añadía la posibilidad de subrogar el contrato. Cuando fallecía el titular, determinados familiares podían ocupar su posición como arrendatarios y mantener las condiciones existentes.
El alcance de esta transmisión dependía de la normativa vigente y de las circunstancias de cada caso. En el contrato de la familia de Maricarmen, esta posibilidad permitió que el alquiler pasara de su padre a su madre y, posteriormente, a ella.
El tercer elemento característico era la regulación de las cantidades que podían cobrarse. Las rentas estaban sometidas a límites y mecanismos de actualización establecidos legalmente, lo que provocó que numerosos alquileres evolucionaran muy por debajo de los precios del mercado.
Con el paso de las décadas, la diferencia podía ser considerable. Una vivienda situada en una zona donde los alquileres habían aumentado de forma notable podía seguir vinculada a una renta establecida bajo unas condiciones económicas completamente distintas.
El sistema tenía como objetivo proporcionar seguridad residencial en una época marcada por la escasez de vivienda y las dificultades económicas. Sin embargo, también generó importantes problemas para los propietarios y terminó siendo sustituido progresivamente.
El primer gran cambio llegó en 1985 con el denominado Decreto Boyer, que eliminó la prórroga forzosa para los nuevos contratos. Los alquileres anteriores mantuvieron su régimen de protección.
La Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, que entró en vigor en 1995, dio un paso más. La norma estableció un régimen transitorio para los contratos antiguos, permitiendo actualizar progresivamente determinadas rentas y limitando las posibilidades de subrogación.
Por ello, no todos los contratos de renta antigua tienen actualmente las mismas condiciones. La fecha en la que se firmaron, los familiares que sucedieron al titular y las circunstancias concretas de cada arrendamiento determinan hasta cuándo podía mantenerse la relación contractual.
El resultado fue un modelo en el que la estabilidad del inquilino tenía un peso muy superior al de los contratos de alquiler actuales. De hecho, Maricarmen es un ejemplo de hasta qué punto dichas condiciones podían prolongarse durante décadas.
Sin embargo, con la Justicia de por medio y la actual crisis inmobiliaria que vive España, en su caso su contrato llegó a su fin y también la estancia de Maricarmen en la vivienda que pasó tantos años de su vida.