Las claves
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció nuevas medidas para combatir la crisis de vivienda en España; entre estas, una bonificación del 100% del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF) a los caseros que no suban el alquiler en el 2026.
Con motivo de esto, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, compartió un informe donde muestra una importante brecha salarial entre los inquilinos y caseros españoles, dejando ver su claro rechazo a la medida.
El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, también trasladó su rechazo a dicha medida. Además, fuentes de Sumar, el partido del ministro, han compartido su desprecio a una ayuda que beneficiaría a los arrendadores.
Una brecha de 23.000 euros
Los datos del informe publicado por el ministerio muestran una diferencia patrimonial de 23.638 euros entre caseros e inquilinos.
De esta manera, los inquilinos manejan una renta media de 28.810 euros, mientras que los caseros ingresan rentas medias de 52.449 euros. Una aplastante diferencia del 82%.
En vista de esta abismal diferencia, el partido de Sumar denuncia la propuesta de una ayuda que beneficie a los arrendadores.
Es importante acotar que dicha medida anunciada por el presidente del Gobierno no ha sido aprobada, sino que se mantiene en una mera propuesta.
Por otro lado, en ocho comunidades (Comunitat Valenciana, Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha, Galicia, Canarias, Cantabria y Asturias) la renta de los propietarios ya duplica la de los inquilinos, según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2024 y Panel de Hogares.
Consumo, además, comenta que, en caso de que los alquileres que expiren en 2026 y 2027 se renovasen, la brecha salarial entre ambos grupos aumentaría hasta en 2.216 euros, es decir, la renta de los propietarios llegaría a los 54.665 euros.
Otro dato que subraya el ministerio es que, entre octubre de 2020 y octubre de 2025, el alquiler ha mostrado una importante subida, de alrededor de 34,3%.
Es importante acotar que en 2026 más de 600.000 contratos firmados en el año 2021 podrían finalizarse, lo cual afectaría a 1,6 millones de personas.
De esta manera, el partido socio del Gobierno calificó esta medida como ineficaz e injusta para atajar el problema de la vivienda.
Además, recalcan que la intervención en el mercado de la vivienda es urgente, pero debe garantizar el derecho a la vivienda de personas inquilinas y no una medida "opcional a la que pueden adherirse unos propietarios sí y otros, no".
De esta manera, Sumar propone una renovación automática de los contratos que tienen fecha de vencimiento en los próximos meses, además de limitar las subidas al Índice de Precios al Consumo (IPC).
