Las claves
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El Gobierno de España propone una bonificación del 100% en el IRPF para propietarios que renueven el alquiler sin aumentar la renta.
La medida busca contener la subida de precios del alquiler y aliviar la presión económica sobre los inquilinos.
El incentivo fiscal es voluntario y está dirigido principalmente a pequeños propietarios, siempre que se cumplan los requisitos legales.
La propuesta ha generado polémica, con rechazo de algunos socios parlamentarios y asociaciones de inquilinos, quienes piden mayores garantías y más vivienda pública.
El Gobierno de España ha anunciado una nueva medida fiscal destinada a contener la escalada de precios del alquiler en un contexto de fuerte tensión en el mercado inmobiliario.
Pedro Sánchez confirmó que el Ejecutivo trabaja en un real decreto-ley que contempla una bonificación del 100% en el IRPF para aquellos propietarios que renueven contratos de alquiler sin subir la renta, aunque la medida todavía no ha sido aprobada.
El objetivo es evitar incrementos bruscos en millones de contratos que vencen en los próximos meses y aliviar la presión económica sobre los inquilinos.
La medida, presentada como uno de los pilares del nuevo paquete de vivienda, permitiría a los caseros no tributar por los ingresos del alquiler al renovar el contrato.
Esto se aplicaría únicamente a quienes mantengan el precio del alquiler, siempre que se cumplan los requisitos que finalmente establezca la norma.
Se trata de un incentivo fiscal sin precedentes, con el que el Gobierno busca implicar directamente a los propietarios en la contención de precios, sin imponer una congelación obligatoria.
Desde el Ejecutivo se subraya que esta bonificación tiene un carácter voluntario, pero altamente atractivo, especialmente para pequeños propietarios que declaran rendimientos del alquiler en el IRPF.
Según el Gobierno, la medida permitiría proteger a los inquilinos frente a subidas generalizadas y, al mismo tiempo, ofrecer seguridad jurídica y beneficios fiscales a los arrendadores.
No obstante, el anuncio ha generado una intensa polémica. Varios socios parlamentarios del Gobierno, como Sumar, Podemos, ERC o Bildu, han expresado su rechazo al considerar que la iniciativa supone un "regalo fiscal" a los propietarios sin garantizar una bajada real de los precios del alquiler.
En la misma línea, asociaciones de inquilinos han advertido de que la medida podría resultar insuficiente si no se acompaña de un aumento significativo de la oferta de vivienda pública y de un control más estricto del mercado.
El real decreto-ley incluiría, además, otras actuaciones complementarias, como un mayor control sobre los alquileres temporales, el refuerzo de las sanciones frente a usos fraudulentos y la imposición de limitaciones al alquiler por habitaciones.
Por el momento, la bonificación del 100% en el IRPF aún no está en vigor. El decreto deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros y posteriormente convalidado por el Congreso de los Diputados, donde su tramitación se prevé compleja ante la falta de apoyos claros.
Hasta entonces, propietarios e inquilinos permanecen a la espera de una medida que podría marcar un antes y un después en la fiscalidad del alquiler en España.