Publicada

Las claves
nuevo Generado con IA

El alto coste de la vivienda es uno de los problemas económicos más graves en España. Los jóvenes no pueden independizarse y cada vez son más las familias a las que les cuesta mucho encontrar casa.

A partir de ahí, las discrepancias surgen en cuanto a cómo abordarlo, ya que las soluciones propuestas son muy diferentes según quién las plantee.

En los últimos días, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó un nuevo decreto de vivienda con el que busca controlar los precios del alquiler y dar ventajas fiscales a los propietarios.

Entre ellas destacan la bonificación del 100 % en el IRPF para los propietarios que mantengan el alquiler sin subirlo, además de límites en los alquileres de habitaciones y medidas para el alquiler temporal.

El objetivo oficial, según detalla el Ejecutivo de Sánchez, es proteger a los inquilinos y fomentar una oferta más estable en el mercado.

Sin embargo, Antonio Costa, experto inmobiliario, advierte que la medida no es tan beneficiosa como parece y que aunque sin estar "metido en el mundo", la propuesta pueda sonar atractiva, la realidad no es así.

Costa reconoce a EL ESPAÑOL que "si no eres un experto o no haces los números muy bien, puede sonar incluso como que te puede beneficiar", pero que "a priori la bonificación que plantean del 100% tampoco es real del todo porque hoy en día ya existe una bonificación para alquileres de larga duración".

El especialista recuerda que ya existe una bonificación del 60 % para alquileres de larga duración, y que la nueva medida puede no cubrir realmente todos los gastos de los propietarios, como mantenimiento, impuestos, comunidad o seguros.

Esto significa que muchos propietarios ya gozan de ventajas fiscales importantes, reduciendo la tributación efectiva de sus ingresos por arrendamiento.

Costa ilustra la situación explicando que si un propietario alquila su vivienda por 600 euros al mes, al año son 7.200 euros. Tras descontar gastos de comunidad, IBI, seguro del hogar, mantenimiento y los intereses de la hipoteca, el beneficio neto puede ser de unos 5.000 euros.

Con la bonificación actual del 60%, solo tributaría aproximadamente 400 euros y con la nueva medida, "lo que plantea el gobierno es que en vez de pagar esos 400 euros, no pagues absolutamente nada y que, a cambio de no subir el alquiler, te regalan o te bonifican con ese 100% que están planteando".

Sin embargo, advierte que lo que parece una ventaja inmediata puede volverse en contra con el paso del tiempo.

El motivo principal es que la ley solo permite subir el alquiler alrededor de un 3 % anual, unos 18 euros al mes en el ejemplo de los 600 euros, lo que supone unos 200 euros al año.

Ese pequeño aumento no llega para compensar las subidas reales que asumen los propietarios como el coste del mantenimiento de la vivienda, la comunidad, el seguro del hogar, el IBI o incluso las reparaciones de pequeños desperfectos, que cada ejercicio son más caros.

A esto se suma, según Costa, que congelar el precio del alquiler durante varios años puede perjudicar también al inquilino.

Si durante cinco años paga lo mismo —600 euros en el ejemplo— y después tiene que mudarse, se encontrará con un mercado donde ese mismo piso puede costar 900, 1.000 o hasta 1.200 euros.

Ese choque entre lo que estaba acostumbrado a pagar y lo que pide el mercado puede generar tensiones entre propietario e inquilino y dificultar la movilidad residencial.

No obstante, para el experto, el problema de fondo no está tanto en las bonificaciones fiscales, sino en la falta de oferta disponible y en las barreras para quienes quieren poner viviendas en alquiler.

"Actualmente no hay vivienda suficiente para todas las personas que demandan una vivienda en alquiler", señala, y recuerda que comprar un piso para alquilar implica asumir impuestos altos que encarecen la inversión.

En algunas comunidades la tributación puede llegar al 10 % e incluso al 20 %, como ocurre en Cataluña, y a eso se suman las reformas que necesitan muchas viviendas antes de salir al mercado, lo que limita la rentabilidad y desincentiva a nuevos propietarios.

Por ello, Costa considera que mientras las medidas vayan en contra del propietario —cuando es quien aporta la vivienda— y no se aumente la oferta disponible, el mercado seguirá tensionado y el perjudicado final será el inquilino, obligado a asumir precios cada vez más altos en un entorno con muy poca oferta.