Publicada

Las claves

La seguridad vial y la digitalización del tráfico están impulsando cambios importantes en la normativa de circulación en España.

Uno de los más relevantes será la eliminación definitiva de los triángulos de emergencia y su sustitución por la baliza V16, un dispositivo que será obligatorio para todos los conductores.

Más allá del impacto en la seguridad, la medida tiene un importante componente económico que afecta tanto a los ciudadanos como a las cuentas públicas.

"¿Te imaginas cuánto nos va a costar cambiar los triángulos de emergencia por la nueva baliza?", se pregunta el analista económico Jaime Pla al analizar esta medida.

Según comenta el experto, el cambio afectará a 28 millones de vehículos y, con un precio medio de 40 euros por dispositivo, supondrá una inversión directa de 1.120 millones de euros por parte de los conductores.

El coste, sin embargo, no se limita a la compra inicial. Tal y como explica Pla, estas balizas utilizan baterías con fecha de caducidad, lo que incrementa el gasto a lo largo del tiempo.

"Mantener las balizas activas hasta 2038 nos costará otros 560 millones de euros en baterías de litio", señala.

A esto se suma la inversión pública necesaria para que el sistema funcione correctamente, ya que "la DGT ha pagado 4 millones de euros por la nube que conecta las luces".

Desde el punto de vista fiscal, el impacto es claramente favorable para el Estado. Según Pla, "Hacienda ingresará más de 235 millones de euros solo con el IVA de nuestras compras", lo que provoca que "el saldo público sea positivo desde el día uno".

Más allá del aspecto económico, el principal argumento para justificar el cambio es la reducción del riesgo en carretera. "Salir a poner los triángulos aumenta por 4 las probabilidades de un accidente", advierte Pla.

En los últimos cinco años, esta práctica ha costado la vida a más de 100 personas. Teniendo en cuenta que "el Estado valora el coste social de cada vida en 2 millones de euros", el beneficio potencial es elevado.

En este contexto, el analista concluye que "si la baliza evita esto, el ahorro económico para el país superará los 2.000 millones de euros en la próxima década", reforzando así la dimensión económica y social de una medida que cambiará los hábitos de millones de conductores.