Las claves
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El Gobierno amplía hasta 2026 la prohibición de desahuciar a personas vulnerables sin alternativa habitacional tras un acuerdo con EH Bildu.
El decreto también incluye la prohibición de cortes de suministros básicos como luz, agua y gas, y la prórroga del bono social eléctrico.
Estas medidas, iniciadas con la pandemia en 2020, se aplican a hogares sin alternativa habitacional, víctimas de violencia de género, dependientes y familias con menores a cargo.
La situación ha provocado que muchos propietarios retiren sus viviendas del mercado, dificultando aún más el acceso al alquiler para familias vulnerables.
Encontrar vivienda de alquiler se está convirtiendo en una especie de montaña rusa para muchas familias. Una de las razones es porque los precios no paran de subir. Y, otra, la menor oferta frente a una demanda superior.
Una de las causas de esta menor oferta es que los propietarios deciden sacar su vivienda del mercado por impagos de sus últimos inquilinos, que incluso les han hecho acudir a los tribunales.
Inquilinos que, en ocasiones, se han escudado en tener hijos como pretexto para no pagar la renta. Y ahora el Gobierno ha llegado a un acuerdo con EH Bildu para ampliar a 2026 la prohibición de desahuciar a personas vulnerables.
Acuerdo entre Gobierno y Eh Bildu
El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros un decreto que incluye la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional para las familias vulnerables.
También incluirá la prohibición de cortes de suministros básicos como luz, agua y gas, así como la prórroga del bono social eléctrico. Medidas que iban a caducar el próximo 31 de diciembre. Una vez reciban el visto bueno de la Cámara Baja entrará en vigor, previsiblemente, durante todo 2026.
Conviene recordar que todas estas medidas arrancaron con motivo de la pandemia. En concreto, fue el Real Decreto 11/2020, de 31 de marzo, el que incluyó la suspensión de los desahucios y lanzamientos por impago de la renta de hogares vulnerables sin alternativa habitacional.
Posteriormente, se fue renovando año a año. La última vez, con el Real Decreto 1/2025, de 28 de enero. Se aplica a hogares vulnerables sin alternativa habitacional sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994.
También a aquellos hogares que estén en una vivienda sin título y que sean víctimas de violencia de género, dependientes o con dependientes o menores a su cargo, y se encuentren en situación de vulnerabilidad.
Fruto de esta situación, los propietarios buscan aquellos arrendatarios que les ofrezcan mayor seguridad. De ahí que se estén produciendo auténticos procesos de selección donde muchas familias son rechazadas.
Como señalan los expertos, familias con menores, mayores de 65 años, familias monoparentales o personas que deben asumir el alquiler con una sola renta perderán sistemáticamente la opción de ser elegidos para alquilar vivienda.
Además, muchos propietarios, cuando recuperen sus viviendas tras largos meses de litigios, acabarán por sacarlas del mercado, lo que enquistará todavía más el problema.