Las claves
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Si había una fecha que estaba marcada en rojo por quienes quieren vender o alquilar una vivienda esa era el año 2030. Porque, a partir de esa fecha, las viviendas, tanto de compra como de alquiler, deberán cumplir una serie de requisitos relacionados con la eficiencia energética.
Eso era así por la conocida como Directiva Europea de Eficiencia Energética de la Edificación. Sin embargo, el Gobierno ha decidido poner el freno a esta medida.
Así queda recogido en el Plan Nacional de Renovación de Edificios (PNRE) que va a enviar a Bruselas y que, según sus estimaciones, estará vigente a partir de mediados de 2026.
Directiva comunitaria
Hasta ahora (y desde el año 2013) bastaba con tener el Certificado de Eficiencia Energética (CEE) para vender. El mismo señala cuánto consume la vivienda y cuánto dióxido de carbono emite a la atmósfera.
El barómetro por el que se rige es una calificación que va desde las letras A (la mejor calificación) a la G (la peor). Se renueva cada 10 años y no poseerlo puede acarrear multas desde los 600 a los 6.000 euros.
Según la directiva europea, la calificación mínima que debería tener una vivienda para poder ser vendida o alquilada será de E (es decir, dos por encima de la peor).
Una situación que se antoja complicada porque, según Andimac (Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción), ocho de cada diez viviendas en la actualidad no cumplen con dicho requisito.
Además, la situación se complicará tres años después (en 2033). Porque dicho mínimo ya no será E, sino que quedará en D.
¿Y cuál puede ser el desembolso para adaptar las viviendas a los nuevos requisitos? Según Asece (Asociación Española para la Calidad en la Edificación), el presupuesto para mejorar energéticamente una vivienda media oscilaría entre los 5.000 y los 6.000 euros.
O, dicho de otra manera, subir de una letra a otra costaría unos 2.000 euros. A ello habría que añadir el coste del certificado (entre 400 y 500 euros).
Volviendo a Bruselas, los ‘deberes’ que ha puesto a España es reducir un 16% las emisiones de los inmuebles en 2030. El PNRE del Gobierno va más allá, ampliando ese porcentaje hasta el 25%.
Según los datos del Ministerio de Vivienda, relativos a 2023, el porcentaje logrado era del 10%. Y, para este año, sus previsiones apuntan a que se situaría alrededor del 18%.
