Las claves
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El Impuesto de Patrimonio en España grava el valor neto del patrimonio de personas físicas, afectando solo a patrimonios elevados con un mínimo exento de 700.000 euros.
Emilio Baena, extrabajador de Hacienda, critica este impuesto por penalizar el ahorro y desincentivar la inversión, además de empujar el capital fuera del país.
España es el único país de la Unión Europea que mantiene este impuesto de manera generalizada; la mayoría de países lo han eliminado por considerarlo injusto e ineficiente.
El impuesto solo recae en una minoría, aproximadamente 200.000 personas, y las bonificaciones autonómicas pueden reducir o anular su importe.
Hacienda somos todos dice el famoso lema de la Agencia Tributaria. Por ello, con el objetivo de recaudar para las arcas públicas, hay una serie de impuestos que afectan a los contribuyentes.
Más allá del famoso IRPF o el IVA, hay algunos que generan especial controversia, como el Impuesto de Sucesiones o el Impuesto de Patrimonio.
En el caso de este último, incluso un extrabajador de Hacienda como Emilio Baena fue especialmente crítico con el tributo.
El impuesto para patrimonios elevados
En España, la Agencia Tributaria es el organismo encargado de gestionar la recaudación de impuestos y tributos, asegurando que ciudadanos y empresas cumplan con sus obligaciones fiscales.
Su labor incluye la gestión de impuestos directos, como el IRPF y el Impuesto de Sociedades, y de impuestos indirectos, como el IVA.
Dentro de este marco, el Impuesto de Patrimonio grava el valor neto del patrimonio de las personas físicas, es decir, la diferencia entre los bienes y derechos que poseen y las deudas que puedan tener.
Se trata de un impuesto directo y personal, calculado individualmente sobre el patrimonio de cada persona y no sobre la unidad familiar.
En ese sentido, solo afecta a patrimonios elevados: existe un mínimo exento general de 700.000 euros, sin contar la vivienda habitual, que se excluye hasta 300.000 euros.
Además, deben presentarlo quienes superen los 2 millones de euros de patrimonio bruto, aunque luego el resultado sea cero.
Para conocer la cantidad a pagar se sigue el proceso de calcular el patrimonio neto de la persona física, se le aplica el mínimo exento anteriormente mencionado y se obtiene la base liquidable. A esa cifra se le aplica la escala de tipos que va del 0,2% al 3,5% en función de la comunidad.
Sobre esa cuota se aplican las deducciones o bonificaciones autonómicas, que pueden llegar a reducir o anular el importe, como es el caso de Madrid.
Por tanto, en la práctica es un impuesto que recae en una minoría: apenas unas 200.000 personas aproximadamente. Y por esa razón se suele describir como un tributo para las grandes fortunas en el país.
Dentro de la Unión Europea, España es el único país que tiene este impuesto. Emilio Baena, extrabajador de Hacienda, no dudó en criticar el sistema fiscal español por mantener este tributo.
"Somos el país de la Unión Europea que mantiene el Impuesto de Patrimonio más gravoso", aseguraba Baena en su cuenta de LinkedIn. "La mayoría de países lo abolieron hace años por considerarlo injusto e ineficiente".
El exfuncionario señalaba cómo otros países de la UE han decidido "camuflarlo dentro del impuesto sobre la renta", pero en España es distinto. "Aquí sigue intacto: un tributo que te cobra por tener lo que ya pagaste con otros impuestos", apuntaba.
"El legislador quiso exonerar aquella parte del patrimonio que genera empleo, pero los requisitos de acceso a las exenciones son complejos, estrictos y difíciles de justificar", indicaba Baena. "Y la Administración los discute constantemente".
El resultado, según el exfuncionario, es que el impuesto "penaliza el ahorro, se desincentiva la inversión y se empuja el capital fuera del país".
Si bien en la UE solo España conserva este impuesto, en otros países europeos se sigue manteniendo como es el caso de Noruega o Suiza. Mientras, algunos estados de la UE solo gravan ciertos activos concretos, no todo el patrimonio.