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El Gobierno ha aprobado una cobertura para compensar a propietarios por impagos o daños causados por inquilinos, pero solo para contratos con menores de 35 años o personas vulnerables.
David Caraballo, CEO de Alquiler Seguro, critica la medida por considerarla ineficaz e insuficiente, ya que excluye a la mayoría de los propietarios y contratos con rentas superiores al índice estatal.
Caraballo señala que la medida no es equitativa, pues protege a los inquilinos frente al desahucio pero no garantiza a los propietarios una cobertura universal ante la morosidad.
Según el Ministerio de Vivienda, la cobertura solo beneficiará a contratos vigentes a 30 de enero de 2025, lo que limita aún más su alcance.
El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros, a través de un Real Decreto, una cobertura que compensará a los propietarios ante eventuales impagos o daños en las viviendas, además del corte de suministros, que causen los inquilinos.
Para contar con esta cobertura, los arrendadores deberán cumplir unos requisitos como firmar un contrato con menores de 35 años o personas vulnerables (según lo establecido en cada comunidad autónoma) o cobrar una renta del alquiler que no supere el índice estatal de referencia.
También depositar la fianza legal obligatoria del contrato de alquiler, así como sus actualizaciones, y suscribir con el arrendatario el compromiso relativo al aval al alquiler, con arreglo al modelo aprobado por la Administración.
“Medida inútil”
“El Gobierno ha aprobado una medida que, aunque en un principio debería ser positiva, resulta inútil y queda prácticamente invalidada debido a las limitaciones de su alcance”, afirma David Caraballo, CEO de Alquiler Seguro.
Entre otras razones, porque a su entender no beneficiará a la mayoría de propietarios, ya que no incluye a los que alquilan a mayores de 35 años y no se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Además, no cubre los contratos de alquiler cuya renta supere el índice estatal de referencia, que son la inmensa mayoría.
“De nuevo, vemos cómo el Ejecutivo vuelve a incidir en la desprotección de los propietarios, con una medida que no es más que papel mojado”, subraya Caraballo.
Y añade: “Por un lado, se prohíbe el desahucio de los inquilinos vulnerables; por otro lado, no se impulsa un verdadero sistema de avales público que cubra a todos los arrendadores y que les ofrezca verdaderas garantías frente a impagos y morosidad”.
Según los datos del Ministerio de Vivienda, bajo la batuta de Isabel Rodríguez, podrán beneficiarse de esta medida los contratos vigentes a 30 de enero de 2025.
“Esto implica un nuevo problema: ¿qué pasa si el inquilino se niega a suscribir el compromiso relativo al aval del alquiler? Una vez más, el Gobierno sigue apostando por medidas que ahondan en la asimetría entre arrendadores y arrendatarios”, señala Caraballo.
El experto continúa indicando que “no es una medida equitativa para propietarios e inquilinos. Si se ha establecido una protección universal de los inquilinos frente a un desahucio, debería ofrecerse también una cobertura universal para los propietarios frente a la morosidad”.
Sin embargo, lo que vamos a ver es que la mayoría seguirán teniendo que asumir el coste de no poder revocar el contrato en caso de impagos. Obligar a los propietarios a pagar la política social del Gobierno es una grave irresponsabilidad”, concluye el CEO de Alquiler Seguro.