Las claves
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La ley española prohíbe comprar décimos de la Lotería de Navidad a menores de 18 años, personas con prohibición judicial y quienes figuran en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego.
Tampoco pueden participar en el sorteo empleados, directivos y altos cargos implicados en la organización o supervisión del juego, ni sus cónyuges o convivientes.
Si una persona con prohibición compra un décimo y resulta ganadora, no podrá cobrar el premio, ya que SELAE verifica la identidad en premios desde 2.000 euros.
La normativa persigue proteger a los colectivos más vulnerables y garantizar la transparencia e integridad del sorteo de la Lotería de Navidad.
Cada diciembre, millones de españoles sueñan con el 'Gordo' de la Lotería de Navidad, uno de los sorteos más esperados del año.
Sin embargo, no todos pueden participar. La legislación española establece limitaciones precisas que impiden a determinados perfiles comprar un décimo y, en caso de resultar ganadores, cobrar el premio.
Estas restricciones no son exclusivas de la Lotería de Navidad, sino que derivan de la Ley 13/2011, de regulación del juego, que regula la participación en todos los juegos de azar de ámbito estatal.
Quiénes tienen prohibido participar
El artículo 6 de la Ley 13/2011 recoge las prohibiciones de participación en los juegos de azar estatales.
Su propósito principal es proteger a los colectivos más vulnerables, evitar conflictos de interés y garantizar la transparencia de los sorteos.
Entre los perfiles que tienen prohibido participar se encuentran los menores de 18 años. La ley impide que cualquier persona menor de edad participe en juegos de azar estatales, y SELAE aplica controles en puntos de venta y online.
También quedan excluidas las personas con prohibición judicial, es decir, quienes han sido inhabilitados para gestionar sus bienes o participar en actividades de juego. Su participación está expresamente vetada por resolución judicial.
Quienes están inscritos en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ) tampoco pueden comprar décimos para estas Navidades.
Este registro incluye a personas que solicitan voluntariamente su exclusión y a quienes son inscritos por decisión judicial o administrativa, con el objetivo de protegerlos.
La ley impide además que participen quienes intervienen en la gestión, organización o explotación del sorteo. Esto incluye empleados y directivos vinculados a la producción o supervisión del juego, evitando el uso de información privilegiada.
Por último, los altos cargos de los organismos reguladores del juego, como presidentes, consejeros y directivos, así como sus cónyuges o convivientes, tampoco pueden participar. La medida busca prevenir conflictos de interés y garantizar la integridad del sorteo.
Si una persona incluida en alguno de estos perfiles compra un décimo y resulta ganadora, no podrá cobrar el premio.
SELAE verifica la identidad de los ganadores en premios iguales o superiores a 2.000 euros, y está obligada a impedir el pago si el ganador forma parte de un colectivo con participación prohibida.
Además, la ley contempla sanciones para operadores y particulares que faciliten la participación de personas con prohibiciones, incluidos los puntos de venta que no cumplan con los controles de verificación.
Estas limitaciones no buscan restringir la participación sin motivo, sino proteger a quienes son más vulnerables y garantizar la integridad del sorteo.