Las claves
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Mercedes Arnalte, de 67 años, es una de las últimas residentes permanentes en la Puerta del Sol, Madrid, enfrentándose al auge de pisos turísticos.
Los alquileres turísticos en la zona alcanzan precios de hasta 12.000 euros al mes, expulsando a los vecinos tradicionales.
Mercedes denuncia la falta de acción municipal frente a las viviendas turísticas ilegales y la falta de inspecciones adecuadas.
A pesar de las dificultades y el sentimiento de aislamiento, Mercedes está decidida a permanecer en su hogar de toda la vida.
El centro de Madrid ha cambiado de sonido. Donde antes se oía el bullicio de los vecinos yendo al trabajo o al mercado, ahora resuenan las ruedas de las maletas de los turistas.
En la Puerta del Sol, una de las zonas más emblemáticas de la capital, apenas quedan residentes permanentes. Una de las pocas que resiste es Mercedes Arnalte, de 67 años, vecina de la calle Preciados.
"Yo creo que soy de las pocas que queda, no sabemos cuántos somos, pero desde luego en esta manzana debo ser la única", lamenta en La Sexta.
Una realidad diferente
Mercedes ha vivido toda su vida en el mismo edificio. "Toda mi vida he vivido aquí, he nacido en esta casa. Éramos cuatro familias, porque había una por planta, y todo el mundo eran vecinos normales, familias normales, con hijos todos", recuerda.
Hoy, sin embargo, es la última vecina que permanece. "Ninguno, solo quedo yo", dice con resignación.
La convivencia con los inquilinos de los pisos turísticos, explica, depende del tipo de huésped. "Esto va por rachas… hay rachas que está pacífico, porque viene gente normal, educada, que no da problemas, y otras veces es horrorosa, porque vienen de fiesta".
En esas ocasiones, la noche se convierte en un tormento. "No piensan que vienen a una casa donde la gente trabaja y tiene que dormir por la noche. Además, es normal querer dormir por la noche", añade con ironía.
Cuando las fiestas se alargan, a veces no le queda otra opción que avisar a las autoridades, aunque Mercedes está convencida de que las denuncias no tienen consecuencia alguna.
"Tienes que llamar a la policía y esperar a que venga cuando pueda. Les preguntan cuánto tiempo están, si tienen contrato, en qué plataforma han alquilado los pisos... Pero luego no hacen nada con eso", señala.
Mercedes cuenta que en su edificio incluso se ha habilitado una buhardilla como almacén para la limpieza de varios apartamentos turísticos.
"A las cuatro y media de la mañana viene el servicio de lavandería… dan la luz y empiezan a sacar ropa limpia del ascensor, a subir y bajar el piso con ropa sucia. No es normal", protesta.
Su primera denuncia la presentó en 2018. "Son ilegales, ninguno tiene licencia", afirma tajante. Pero nada ha cambiado. "Aquí no pasa nada, esto es una tomadura de pelo integral", sentencia.
La falta de inspecciones municipales la desespera. "El alcalde dice que no saben dónde están los pisos turísticos. ¿Cómo que no saben? Si yo he puesto una denuncia donde digo dónde está el piso turístico, con dirección y todo", reprocha.
Para ella, la inacción es cuestión de voluntad política: "Esto es tan fácil como poner más inspectores, pero no dos. 20 o 30 por distrito".
Los números hablan por sí solos: "Una noche son 400 y pico euros, más de 12.000 euros al mes", calcula Mercedes, que denuncia cómo estos precios desorbitados expulsan a los vecinos.
Hoy, el edificio donde creció está rodeado de turistas. "Es una sensación de aislamiento, de tristeza muchas veces... Esta es mi vida, mi historia y mi memoria, además de la memoria de mi familia", confiesa.
Pese a todo, no se rinde. "Yo no me voy a ir de aquí" concluye, decidida a resistir.