Las claves
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Laura, una joven de 19 años embarazada de 38 semanas, fue desalojada de su vivienda en Burgos por su casero debido a su estado de maternidad.
El desalojo de Laura refleja una problemática creciente en España, donde los desahucios por razones familiares y discriminatorias están en aumento, según Cáritas.
La dificultad para acceder a una vivienda afecta especialmente a mujeres jóvenes, familias con hijos y migrantes debido a prejuicios y altos costos de alquiler.
Laura tiene 19 años, está embarazada de 38 semanas y vive en Burgos. Hasta hace poco alquilaba una habitación junto a su madre, pero su casero la echó del piso con un argumento doloroso.
Nació en Colombia, donde estudiaba enfermería y soñaba con ejercer como sanitaria.
Viajó a Burgos para reencontrarse con su madre y comenzar aquí una nueva etapa. "Era lo que quería, pasar el primer embarazo con mi mamá", explica a TVE.
Sin embargo, no pensó que la maternidad se convertiría en un obstáculo para tener un techo en el que vivir.
Hace apenas unas semanas, el propietario de la vivienda le comunicó que no podía seguir viviendo allí.
"El muchacho claramente me dijo que antes de que naciera la niña, yo me tenía que ir. Ya no podía estar ahí", confiesa.
Y, sin titubear... añade: "Y si nacía, tampoco podría entrar porque no se permiten niños en el piso", detalla. De la noche a la mañana, Laura, su bebé y su madre se quedaron sin hogar.
Una realidad que se repite
El caso de Laura no es una excepción. Organizaciones como Cáritas advierten que los desahucios por motivos familiares, económicos o discriminatorios van en aumento.
Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el primer semestre de 2025 se produjeron más de 19.000 lanzamientos en España, la mayoría vinculados al alquiler.
Y detrás de esas cifras, como recuerdan desde Cáritas, hay rostros de mujeres jóvenes, familias con niños y migrantes en situación precaria.
"Cuando la mujer tiene hijos, es migrante o sus únicos ingresos dependen de prestaciones... en muchos casos es que ni siquiera se les alquila la vivienda", señalan desde la organización.
El Test de Discriminación en Vivienda del Defensor del Pueblo ya alertaba en 2024 de que los anuncios que excluyen a madres solteras, familias con niños o personas extranjeras son una forma de vulnerar el derecho constitucional a la vivienda digna.
Y, sin embargo, en muchas ciudades, ese derecho se convierte en un laberinto legal y moral imposible de sortear.
"Queremos un piso para vivir"
Hoy, gracias a Cáritas, Laura ha encontrado temporalmente un techo. Pero su situación sigue siendo incierta.
Aunque su madre trabaja, continúan buscando un lugar para vivir: "Lo que queremos es encontrar un piso para vivir las tres juntas".
En Burgos, como en tantas ciudades españolas, el precio medio del alquiler supera los 800 o 1.000 euros mensuales, según el portal del Ministerio de Vivienda.
Una cifra que puede llegar a ser inasumible para muchas personas con un salario medio.