Las claves
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Natividad, una jubilada de Sabadell, lleva cinco años intentando desalojar a una inquilina que no paga desde hace 25 meses, acumulando una deuda de 12.000 euros.
El fenómeno de la inquiokupación en España afecta a más de 80.000 casos, donde inquilinos dejan de pagar y se niegan a abandonar la vivienda.
La situación de Natividad refleja el dilema entre el derecho a la vivienda y la propiedad privada, generando un intenso debate sobre la necesidad de reformas legislativas.
Natividad necesita recuperar su vivienda para venderla y financiar un ascensor para su marido con insuficiencia respiratoria, ya que su pensión no cubre estos gastos.
Según la Plataforma de Afectados por la Ocupación, se estima que en España hay más de 80.000 casos de inquiokupación en todo el país. Esta cifra revela cómo este fenómeno es un grave problema en el país.
Son muchos los propietarios que tienen que hacer frente a un largo proceso legal para expulsar a sus inquilinos. No es solo perder el derecho a acceder a la vivienda, sino también dejar de percibir ingresos por la propiedad.
Eso es lo que vive Natividad, una jubilada de Sabadell que lleva cinco años tratando de expulsar a la inquilina de su vivienda. La anciana defiende que lleva sin recibir dinero durante cinco años y que necesita los ingresos para poder ayudar a su marido con insuficiencia respiratoria.
La inquiokupación en España
La inquiokupación, término que une 'inquilino' y 'okupación', se ha convertido en un tema de creciente preocupación en España.
Este fenómeno hace referencia a los casos en los que una persona alquila legalmente una vivienda pero, al finalizar el contrato o dejar de pagar el alquiler, se niega a abandonar el inmueble, aprovechando los vacíos legales y la lentitud de los procesos judiciales.
Esta práctica afecta directamente a pequeños propietarios que dependen del alquiler como fuente de ingresos o complemento económico.
En los últimos años, el aumento de denuncias por este tipo de situaciones ha generado un intenso debate social y político.
Los propietarios afectados suelen enfrentarse a largos procedimientos judiciales para recuperar su vivienda, lo que implica costes adicionales y una fuerte carga emocional.
Uno de estos propietarios afectados es Natividad, una jubilada que estuvo en El Programa de Ana Rosa compartiendo su caso de inquiokupación en su vivienda de Sabadell.
"Estamos desesperados porque no sabemos qué nos va a pasar", aseguraba Natividad sobre el juicio que se celebrará pronto. "Como tienen un hijo con discapacidad, dicen que lo tenemos mal y estamos desesperados. Necesito ese dinero porque mi marido tiene una insuficiencia respiratoria".
La jubilada detallaba sus necesidades para la salud de su marido: "Tengo que poner un ascensor y no tengo los 60.000 euros que vale el ascensor. No quiero que les hagan nada pero son los servicios sociales los que tendrían que cuidar de ella, no yo. Quiero que la ayuden".
Natividad defiende que con todos los impagos, los inquiokupas le deben unos 12.000 euros y le impiden poner la vivienda en venta.
"Si ella se va, podré vender el piso o que paguen los 12.000 euros que deben. Debe 25 meses de alquiler", señalaba. "Sé que no lo va a pagar porque no tiene dinero. Que le den una vivienda de protección. No quiero hacerle daño a nadie pero necesito ese dinero ahora".
El objetivo de la jubilada es que logren recuperar su vivienda para así venderla y con ese dinero financiar el ascensor para su marido con insuficiencia respiratoria ya que con su pensión les resulta imposible.
"Hemos sido autónomos, sabíamos que nunca tendríamos una pensión alta", indicaba Natividad. "Mi marido cobra 1.250 euros al mes de pensión y yo estoy cobrando una pensión no contributiva. No llegamos a fin de mes y necesito ese dinero".
Situaciones como las de Natividad han llevado a que se reclamen reformas legislativas que agilicen los desalojos y protejan mejor los derechos de los propietarios, sin dejar de lado la necesidad de garantizar alternativas habitacionales para quienes realmente no pueden afrontar un alquiler.
En este contexto, la inquiokupación refleja la tensión existente entre el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad privada, un dilema que sigue siendo objeto de controversia y que evidencia la complejidad del mercado inmobiliario en España.