El precio del alquiler no para de subir. Tanto que, ya durante 2024, y en este 2025, sigue acumulando máximos históricos, tanto a nivel general, como en las diferentes capitales de provincia. Y todo debido a una elevada demanda.
Este último hecho está teniendo una consecuencia hasta ahora nunca vista. Y la misma tiene que ver con la actitud que están desarrollando las agencias inmobiliarias.
“La saturación de la demanda ha llevado a muchas agencias inmobiliarias a dejar de publicar sus ofertas en portales digitales”, afirma Gonzalo Bernardos, profesor titular de Economía en la Universidad de Barcelona y advisor de Trioteca.
¿Por qué no se publican ofertas?
El hecho de que las agencias inmobiliarias dejen de publicar ofertas de alquiler en sus portales digitales tiene una razón de ser según el profesor: “No quieren que sus líneas telefónicas colapsen por el aluvión de interesados”.
Porque, además, dichas agencias ya cuentan con listas de espera de potenciales inquilinos que están dispuestos a pagar el precio solicitado por los propietarios de vivienda en alquiler.
¿Tiene solución esta problemática? Para Gonzalo Bernardos, sí. ¿Y cuál es? La misma pasa “por incentivar la entrada de más viviendas al mercado de alquiler, tanto por parte de grandes como de pequeños propietarios”.
Una situación que parece alejada en el tiempo por, según el profesor, las políticas del Gobierno. A su entender, las mismas han tenido el efecto contrario al deseado.
Porque lo que han provocado es “una reducción en la rentabilidad de los arrendadores y una pérdida de poder adquisitivo para los propietarios”.
A estos dos puntos, habría que añadir un tercero que también ha provocado la retirada de una parte de las viviendas disponibles. Y el mismo tiene que ver con el fenómeno de la okupación, “por las dificultades en desahuciar a los inquilinos que no abonan el importe del arrendamiento y a los okupas”.
Con este panorama, Bernardos se muestra rotundo al afirmar que las medidas gubernamentales no buscan aliviar la presión del mercado, sino que la agravan al reducir la oferta disponible, aumentando el riesgo para los inversores y disminuyendo la rentabilidad en términos reales.
“Es una actuación incomprensible si realmente se pretende solucionar el problema del alquiler. Por eso, muchos sospechan que ese no es el verdadero objetivo del Ejecutivo”, concluye.