Un reportaje del conocido programa de La Sexta, Equipo de Investigación, confirmó en 2014 que en Barcelona había menos de 10.000 licencias concedidas para apartamentos turísticos legales.
Sin embargo, al consultar los principales portales web utilizados por los viajeros, aparecían 4.000 más, lo que significaba que estaban operando de manera ilegal. Una de las dueñas de estos pisos turísticos irregulares accedió a hablar con las cámaras y explicó sin tapujos su situación.
La propietaria reconocía que lo hacía "por motivos económicos", ya que al mes podía llegar a ingresar alrededor de 450 euros. Según relataba, ese dinero suponía un ingreso extra, aunque recalcaba que "no me voy a hacer rica ni millonaria".
También admitía con naturalidad que "no tengo licencia y nadie me dice nada", puesto que hasta entonces no había recibido ninguna inspección ni aviso por parte de las autoridades. Ante estas declaraciones, la presentadora del programa se preguntaba cómo era posible que "una web anuncie pisos que se alquilan al margen de la ley".
La emisión puso en el centro del debate una cuestión que, con el paso del tiempo, no ha hecho más que intensificarse.
Los pisos turísticos ilegales en España
En España, los pisos turísticos ilegales son uno de los fenómenos urbanos que generan mayor polémica en los últimos años. El auge de este tipo de alojamientos ha provocado una gran transformación en los barrios.
Esto ha llevado asociado una alteración de las vidas comunitarias, tensionando el acceso a la vivienda y suponiendo todo un reto a nivel regulatorio para los ayuntamientos y el Gobierno central. Se trata de un problema que se busca abordar de maneras diversas.
En primer lugar, hay que tener en cuenta que al hablar de pisos turísticos ilegales se habla de viviendas que se ofrecen en plataformas digitales u otros medios para el alquiler vacacional sin disponer de la correspondiente licencia o registro oficial exigido por la normativa vigente.
De acuerdo con los datos del Ministerio de Consumo, en Madrid existen más de 15.200 pisos turísticos ilegales, de los cuales apenas 1.131 tienen licencia concedida. El panorama en otras muchas ciudades españolas como Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga es similar.
En total han sido detectados 66.000 anuncios ilegales en las cinco grandes ciudades, lo que supone unas 250.000 plazas de alojamiento, lo que supone un problema porque consigue igualar la oferta reglada hotelera.
La proliferación masiva se explica, en parte, por la facilidad y anonimato que ofrecen plataformas como Airbnb, donde la identificación de propietarios y el cumplimiento normativo ha sido complejo de forma histórica.
Entre los principales factores que han impulsado el crecimiento de los pisos turísticos ilegales destacan:
- La alta demanda turística en zonas urbanas y costeras, que se ve potenciada por el auge de viajes cortos y turísticos internacionales.
La posibilidad de poder obtener mayores beneficios económicos por parte de los propietarios frente al alquiler tradicional. - La lentitud de respuesta por parte de las administraciones que, sumada a la falta de inspectores y vacíos regulatorios, han permitido que se desarrolle esta economía sumergida.
- La situación se agrava sobre todo en aquellas regiones en las que hay una gran presión inmobiliaria, donde la especulación y la reconversión de vivienda residencial en alojamientos turísticos ha provocado que los precios del alquiler se disparen.
El impacto de los pisos turísticos ilegales
Los pisos turísticos ilegales tienen un impacto a diferentes niveles, entre ellas en lo que respecta al aspecto social y urbano. Su crecimiento puede provocar la expulsión de residentes de barrios históricos, pues muchas familias se ven forzadas a abandonar sus hogares por no poder asumir las subidas de alquileres.
Asimismo, provoca una degradación del tejido social y vecinal, con una rotación constante de inquilinos que afecta a la convivencia y el dinamismo local. Igualmente, se transforman las zonas céntricas en decorados turísticos, provocando que se despersonalicen los barrios.
A ello hay que sumar que la presión sobre las infraestructuras y los servicios urbanos crece, aumentando los costes para los ayuntamientos y las comunidades. Asimismo, las prácticas ilegales sitúan a los turistas en situaciones de inseguridad.
Cuando se hospedan en inmuebles que se alejan del control administrativo, puede dar lugar a que se encuentren con inmuebles en condiciones inadecuadas e incluso, en algunos casos, peligrosas.
Igualmente, los pisos turísticos ilegales tienen diferentes impactos sobre la economía española, ya que este tipo de alquiler vacacional ilegal compite de una manera directa con el alojamiento reglado, afectando de esta manera tanto a la recaudación fiscal como la calidad turística.
Este hecho también afecta al empleo, y es que, aunque este creció en el sector turístico en un 19,3% entre los años 2022 y 2024, gran parte de la actividad se queda en una economía sumergida cuando se realiza fuera del mercado legal.
La vivienda para uso residencial se retrae, los precios se disparan y se produce un gran problema para los residentes de las grandes ciudades.
Dada la situación actual, hay diferentes desafíos en la materia, ya que el impacto real de retirar miles de anuncios de plataformas es complicado. Muchos pisos pueden permanecer vacíos, pasar a la venta o tratar de encontrar alternativas para continuar con su actividad ilegal.
Además, hay quienes recalcan la necesidad de mecanismos de inspección más potentes y una mejor coordinación entre las administraciones, que sigue siendo una demanda urgente para poder acometer este problema.
En definitiva, la lucha contra los pisos turísticos ilegales en España enfrenta el desafío de un mercado dinámico, de rápida expansión y un gran impacto socioeconómico.