Se llama Borja Gabilondo y es arquitecto técnico de la edificación. Y su visión del futuro de la vivienda a partir de 2030 no se puede decir que sea halagüeño: “La subida del precio de la vivienda será brutal y la del alquiler abismal”.
Palabras que pronunció en el podcast ‘rehabilita con éxito’. Y la pregunta que se hacen los propietarios es por qué. La respuesta hay que buscarla en la Directiva Europea de Eficiencia Energética de la Edificación.
La misma deberán cumplirla todos aquellos que quieran poner a la venta una vivienda o hacer un contrato de alquiler. Recordemos que, hasta ahora, y desde el año 2013, bastaba con tener el Certificado de Eficiencia Energética (CEE) para vender.
El mismo señala cuánto consume la vivienda y cuánto dióxido de carbono emite a la atmósfera. Y el barómetro por el que se rige es una calificación que va desde las letras A (la mejor calificación) a la G (la peor). Se renueva cada 10 años y no poseerlo puede acarrear multas desde los 600 a los 6.000 euros.
¿Qué va a pasar a partir de 2030? Pues que, a partir de entonces, la calificación mínima que deberá tener una vivienda para poder ser vendida o alquilada será de E (es decir, dos por encima de la peor).
El coste de rehabilitar
Según Andimac (Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción), ocho de cada diez viviendas en la actualidad no cumplen con dicho requisito.
Una situación que se complicará todavía más cuando, en 2033, dicho mínimo ya no será E, sino que quedará en D.
¿Y cuál será el coste de realizar estas mejoras para poder vender o alquilar viviendas a partir de 2030? Para un piso de 70-80 metros cuadrados, “podría suponer entre 10.000 y 15.000 euros”.
Esa cantidad sería la que habría que desembolsar para pasar de una calificación energética G a otra D. La cantidad variará dependiendo de las mejoras a realizar. Dicho de otra manera, entre 3.000 y 5.000 euros pasar de una letra a otra.
Entre las acciones a realizar estarían aislar, cambiar ventanas y realizar trabajos en el interior de la vivienda, por ejemplo.
Además, indicó otros problemas como que, en edificios antiguos, puede no estar permitida la instalación de maquinaria de aire acondicionado, especialmente en cascos históricos protegidos.
Y no olvidó apuntar otra traba. La misma no es otra que la capacidad física del mercado para ejecutar las obras de rehabilitación necesarias, especialmente en comunidades de propietarios.
En las mismas, llegar a acuerdos y buscar financiación puede ser "bastante más complejo" que en una vivienda individual. Por eso, cuestionó si la ciudadanía tiene la "capacidad económica brutal" que el Gobierno parece asumir para cumplir con la normativa en 2030.