En un reciente vídeo publicado en Instagram, el economista y divulgador Álvaro Bernard ha lanzado duras críticas hacia el funcionariado, al que califica como "la casta del siglo XXI".
Según Bernard, los problemas del sector no se limitan a casos individuales, sino que derivan de la estructura misma del sistema.
"Desde un punto de vista laboral, son ineficientes. Porque tienen que ser ineficientes", afirma, generando un intenso debate entre sus seguidores y profesionales de la Administración Pública.
Bernard explica que esta ineficiencia no es fruto del azar, sino consecuencia directa de la lógica del sistema: "La propia lógica del funcionariado les arrastra hacia esa ineficiencia porque el ser humano funciona con incentivos, que pueden ser tanto positivos, si lo haces bien, te recompensan, como negativos, si lo haces mal, te despido".
Para el economista, la ausencia de estos mecanismos en gran parte de la función pública genera lo que él denomina un "limbo laboral": "Si vives al margen de incentivos, ¿por qué hay que hacerlo bien?".
El divulgador insiste en que la falta de meritocracia y la seguridad laboral absoluta explican, en buena medida, el funcionamiento interno de estos cuerpos: "Por bien que lo haga, no me ascienden; por mal que lo haga, no me despiden", puntualiza, señalando específicamente sectores como Hacienda o determinados departamentos administrativos.
Según Bernard, la clave para avanzar dentro de estas estructuras no es necesariamente el desempeño, sino las relaciones personales con los superiores: "Si te llevas bien con… con quién te tienes que llevar bien, porque tampoco aquí se aplica la meritocracia…".
Las declaraciones de Bernard no son aisladas. Durante años, expertos en la Administración Pública debaten sobre la eficiencia del funcionariado en España y en otros países europeos.
Diversos estudios señalan que la rigidez de los procedimientos, la escasa presión de incentivos y la estabilidad laboral extrema pueden afectar la productividad. Sin embargo, también se reconoce que la función pública garantiza continuidad administrativa, neutralidad política y protección frente a arbitrariedades en sectores estratégicos.
En España, la función pública está regulada por la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que busca equilibrar seguridad laboral con criterios de mérito y capacidad.
Sin embargo, críticos como Bernard consideran que el sistema actual favorece una "zona de confort" que desincentiva la excelencia profesional. En sus palabras, "la propia estructura del funcionariado obliga a que haya ineficiencia, no es algo personal, sino sistémico".
El debate sobre eficiencia y seguridad laboral adquiere además un componente político y social, ya que los funcionarios representan aproximadamente el 17% del empleo público en España, con implicaciones directas en la gestión de servicios esenciales como sanidad, educación, justicia y administración tributaria.
Mientras algunos defienden la estabilidad laboral como un mecanismo de protección del interés público, otros, siguiendo la línea de Bernard, abogan por reformar los incentivos y promover la meritocracia como motor de eficiencia.