La vivienda digna es un concepto que aparece en el artículo 47 de la Constitución Española, y desde su redacción en 1978 ha sido objeto de interpretaciones diversas.
En el marco del podcast de 'Wall Street Wolverine', el abogado Hermenegildo Altozano aportó su visión jurídica y crítica sobre lo que realmente significa este derecho constitucional.
"El derecho a la vivienda digna del que habla la Constitución es que en España no haya chabolas", afirmó Altozano con contundencia.
En su análisis, rechaza la idea de que este derecho implique una obligación por parte del Estado de proporcionar una vivienda gratuita o financiada a cualquier persona sin tener en cuenta el esfuerzo ajeno o la propiedad privada.
Para él, el enfoque debe estar en erradicar las condiciones de vida indignas, no en garantizar el acceso universal a viviendas costeadas por otros.
Lejos de una visión utópica, Altozano defendió que el derecho a la vivienda no puede entenderse como un cheque en blanco para apropiarse de los recursos de otros.
"No significa que yo tengo derecho a vivir en una casa con tu dinero, o con el esfuerzo de aquel de allí", afirma con convicción.
Además, advierte que este enfoque podría perjudicar especialmente a los sectores más vulnerables.
"No significa que tenga derecho a apropiarme de la única renta que tiene una jubilada que le quedó un piso y lo puso en alquiler para complementar su pensión", añade.
Estas declaraciones se producen en un contexto donde el debate sobre la función social de la vivienda y los límites del derecho a la propiedad privada vuelve con fuerza al espacio público.
La subida de los alquileres, la escasez de vivienda pública y los intentos de regular el mercado desde instancias gubernamentales han reactivado discusiones jurídicas y morales sobre el alcance de este derecho.
Altozano, desde su experiencia como abogado, subrayó la importancia de preservar el equilibrio entre los derechos sociales y los individuales, especialmente el de la propiedad.
Su defensa del derecho a alquilar libremente un inmueble choca frontalmente con ciertos discursos que buscan limitar los precios del alquiler o fomentar ocupaciones ilegales como una supuesta forma de justicia social.
El abogado explicó durante el programa que una política de vivienda no puede fundamentarse en el expolio ni en la vulneración del derecho de propiedad.
En su opinión, el verdadero reto está en desarrollar políticas eficaces que fomenten la construcción de viviendas asequibles, apoyen el acceso a los jóvenes y garanticen condiciones básicas de habitabilidad.