Durante décadas, el sistema público de pensiones en España ha sido un pilar fundamental del Estado del bienestar. Ha representado una red de seguridad para millones de trabajadores que, tras toda una vida laboral, han encontrado en su jubilación un respaldo económico digno.
Sin embargo, este modelo enfrenta retos cada vez más complejos, derivados de los cambios demográficos, la evolución del mercado laboral y las exigencias de sostenibilidad fiscal.
En un contexto donde la esperanza de vida se alarga y la natalidad se reduce, mantener el equilibrio financiero del sistema sin sacrificar su esencia se ha convertido en una de las grandes prioridades de las políticas públicas.
Un futuro complejo
Dentro de este escenario, el debate sobre la suficiencia y sostenibilidad de las pensiones cobra una relevancia creciente.
A medida que se implementan reformas y se ajustan diferentes parámetros, distintos organismos supervisores advierten sobre los efectos a largo plazo.
Uno de los aspectos clave que ha encendido las alarmas es la pérdida progresiva de la generosidad del sistema contributivo de pensiones, es decir, la relación entre la pensión media que percibe un jubilado y el salario medio en la economía.
Este indicador es esencial para medir cuánto protege el sistema realmente a los pensionistas frente a los ingresos en activo.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha sido clara en su último informe al respecto. Sus proyecciones anticipan que la tasa de generosidad, que actualmente ronda el 65,6%, alcanzará un pico cercano al 67,1% en el año 2030.
Sin embargo, esta tendencia ascendente será solo temporal. A partir de esa fecha, comenzará un declive sostenido: caerá hasta el 61,4% en 2040, llegará al 56,7% en 2050 y seguirá descendiendo hasta tocar fondo en torno al 2070, con un mínimo del 53,7%, equiparable a niveles de 2015.
Este descenso en la tasa de generosidad tiene implicaciones claras en términos cuantitativos. Tomando como referencia una pensión media mensual en España de 1.445 euros, una tasa del 65,6% (como la actual) se traduciría en un salario previo de aproximadamente 2.202 euros brutos.
Con el pico previsto en 2030 (67,1%), esa cuantía ascendería a unos 1.477 euros. Sin embargo, a partir de ese momento comenzaría una caída progresiva: en 2040, la pensión se situaría en torno a los 1.383 euros; en 2050, descendería a 1.275 euros; y en 2070, con una tasa del 53,7%, quedaría reducida a 1.183 euros mensuales.
Este retroceso no es casual, sino que se debe a que las pensiones crecen más lento que los salarios. Las pensiones se actualizan con el IPC e incluyen el llamado “efecto sustitución” (nuevas pensiones más altas que las antiguas), mientras que los salarios suelen aumentar más, ya que dependen de la productividad y la inflación.
Según las previsiones de la AIReF, los sueldos crecerán a largo plazo a un ritmo superior al 3%, mientras que las pensiones medias lo harán alrededor del 2,7%. Aunque este diferencial puede traducirse en pensiones iniciales más altas, el efecto neto será una pérdida de generosidad relativa del sistema.
Un fenómeno internacional
Pese a este panorama, la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, ha querido situar la cuestión en un contexto más amplio. Ha recordado que esta tendencia a la baja no es exclusiva de España, sino que se replica en otros países del entorno europeo.
“Seguimos manteniendo el puesto de segundo país más generoso de la OCDE y el primero, según Eurostat”, apuntó. Además, valoró positivamente el impacto de la reforma de las pensiones, que ha evitado una caída más abrupta (de hasta 13 puntos más) en comparación con el anterior mecanismo de revalorización, que limitaba las subidas al 0,25%.
Aunque se han logrado algunos avances, el informe también destaca que el sistema sigue teniendo problemas estructurales que no se han solucionado. A pesar de que la reforma ha pasado el primer análisis externo, y solo por poco, la AIReF lanza varias advertencias importantes.
Una de ellas cuestiona la fiabilidad de la regla de gasto utilizada para evaluar si el sistema es sostenible. Según el informe, esta regla es muy sensible a los cambios en la economía y no refleja bien el equilibrio financiero general.
“La sostenibilidad no ha mejorado”, dijo Herrero, quien insistió en que habrá que seguir atentos y tomar nuevas medidas en los próximos años.
Uno de los principales problemas es la brecha entre el crecimiento del gasto en pensiones y el del gasto público en general. La AIReF estima que hasta 2050 las pensiones crecerán más de un 4% anual, frente al 3% del resto del gasto. “Para que ese nivel de gasto en pensiones sea sostenible, sin duda habrá que hacer algún tipo de ajuste”, advirtió Herrero.
El informe también critica cómo se están contando los ingresos del sistema. Señala que un decreto del Ministerio de Seguridad Social permite incluir como ingresos del sistema de pensiones algunas transferencias del Estado que en realidad deberían considerarse ingresos generales de la Seguridad Social.
De los 1,3 puntos del PIB en transferencias adicionales desde 2020, solo 0,3 puntos corresponden a medidas que realmente refuerzan el sistema.
De esta forma, el mensaje de la AIReF es claro: aunque se han dado pasos en la buena dirección, el equilibrio del sistema de pensiones sigue siendo muy frágil. Si no se toman nuevas medidas, será necesario aumentar las transferencias desde otras áreas del Estado, lo que podría poner en riesgo la financiación de otras políticas importantes o aumentar la deuda pública.
Y eso, considerando las estrictas normas de disciplina fiscal que rigen en Europa, será difícil de justificar ante las autoridades comunitarias y los socios europeos.