El Ministerio de Educación considera "buena noticia" que el próximo cursos se mantenga el distrito único para acceder a la Universidad tal y como han acordado los responsables universitarios de las comunidades autónomas. Es decir, los alumnos de 2º de Bachillerato que realicen la prueba de acceso a la Universidad -sea reválida como marca la Lomce o sea Selectividad como harán las comunidades autónomas insumisas- podrán utilizar su nota para entrar en cualquier campus del territorio español independientemente de donde realizaron los exámenes.

Así lo ha afirmado Jorge Sainz, director general de Universidades durante la presentación del libro Universidad y Empleo, manual de instrucciones, prologado por el filósofo de cabecera del Ministerio de Educación, José Antonio Marina. Sainz ha calificado como “buena noticia” que se mantenga este criterio.

Ante la inacción del Ministerio de Educación de convocar una Conferencia sectorial en la que se aborde el tema de las polémica evaluación de Bachillerato como piden las comunidades autónomas antirreválidas, las regiones han pasado a la acción y se han reunido este martes para organizar cómo deben examinarse los estudiantes de 17 y 18 años.

En esta reunión, en la que se congregaron directores generales de Universidad de todas las comunidades, se acordó, como ha adelantado el diario El País, que independientemente de como sea la prueba servirá para acceder a cualquier Universidad española.

DESIGUALDADES EN LA PRÁCTICA

¿Cómo se traduciría esto en la práctica si Méndez de Vigo cumple con la ley y no retira las reválidas como pide la mayoría de la comunidad educativa? Un alumno que se examine de la reválida en las regiones gobernadas por el Partido Popular -siete exámenes y cuatro días de pruebas- podrá acceder a la universidad con su nota en iguales condiciones que otro estudiante que realice las pruebas en las comunidades antirreválidas como son País Vasco, Cataluña y aquellas gobernadas por el PSOE -cuatro exámenes y tres días para realizarlos-.

Esas diferencias sobre el papel (o desigualdades en la práctica) están plasmadas en el real decreto aprobado por el gobierno de Mariano Rajoy en julio a falta de que el Ministerio dicte la orden ministerial en le que se conozcan los pormenores de la prueba. Ahora mismo este trámite están completamente paralizado porque la orden debe pasar por el Consejo Escolar Estatal y este se encuentra inoperante después de que su presidente y vicepresidenta se jubilaran. Es imposible que puedan convocar el Pleno para estudiar los detalles de la prueba y emitir el correspondiente dictamen -que no es vinculante, pero si obligatorio para continuar el trámite-.

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