El sistema universitario español comienza, otro año más, el curso académico en la sala de cuidados intensivos. Y lo hace por octavo curso consecutivo. De ahí, que los expertos adviertan de que “muy pronto” se hablará de “la década perdida”: ninguna universidad española entre las 150 mejores del mundo, más de 100.000 universitarios menos y una reducción de inversión “sin precedentes”.

“El impacto de la crisis en la universidad española ha sido, y es, de una importancia muy notable. No existen precedentes en estas últimas décadas de un impacto de estas características tan prolongado en el tiempo. Podremos seguramente hablar muy pronto de la década perdida del sistema universitario español”. En estos términos se ha expresado este lunes la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), presidida por Ana Botín.

Conscientes de la importancia de la universidad en la economía y sociedad española, reclamaron desde el patronato que las administraciones públicas competentes “prioricen” el apoyo público a las instituciones universitarias como garantía “para conseguir un crecimiento sostenido a largo plazo de la economía española y un mayor bienestar para el conjunto de sus ciudadanos”.

Para lograr este cambio, los expertos educativos de CYD proponen poner en marcha normativas que eliminen las barreras para que los centros universitarios decidan dónde emplear los fondos públicos: “Tan importante ha de ser dotar a las universidades de más recursos como habilitar un marco que las dote de la autonomía necesaria para gestionar con las mejores garantías los retos relevantes y crecientes a los que han de hacer frente”.

PREMIO A LA EXCELENCIA

Hasta ahora, parte de la teoría, pero la presidenta del Santander, Ana Botín, ha dado un paso más y ha indicado que la financiación de las universidades debe estar vinculada a los resultados. Esto es, como indicaron los expertos hace una semana a EL ESPAÑOL, el fomento de los campus de excelencia. Es decir, que aquellas universidades que ofrezcan mejor rendimiento, mejores resultados, reciban partidas económicas adicionales.

“Debemos mejorar la financiación de las universidades, proporcionarle mayor autonomía para que tenga más flexibilidad en la toma de decisiones y en su propio desarrollo, y vincular la financiación a los progresos en sus planes, objetivos y resultados”, ha explicado Botín, quien también ha reclamado una estrategia para “atraer al mejor profesorado y al mejor alumnado nacional e internacional”.

Y más recetas para un sistema universitario que, según los datos del Ministerio de Educación, cuenta con un total de 83 universidades -50 de titularidad pública y 33 privadas-: mejorar la estabilidad en la contratación de personal docente e investigador extranjeros, impulsar la movilidad de los docentes y una mayor interacción entre la universidad y la empresa.

La propuesta estrella de Botín de vincular la financiación a los resultados sigue la estela de países como Alemania, Francia o Estados Unidos, en los que los campus de excelencia forman parte del sistema universitario. “Si queremos que la Universidad española vaya a alguna parte hay que premiar la excelencia. En EEUU hay también universidades malísimas, pero se apuesta por las mejores”, ha explicado a este diario Carlos Delgado Kloos, vicerrector de estrategia y educación de la Universidad Carlos III de Madrid.

EL REINO DE LOS 17 TAIFAS UNIVERSITARIOS

Hasta ahora, la financiación de las universidades está básicamente en manos de las comunidades autónomas en las que se encuentran. La ley establece unas bases que regulan la enseñanza superior universitarias y las regiones, desde la aprobación de la norma, se han encargado de desarrollarla a su antojo. De hecho, en la ley orgánica 4/2007 se reconoce, en la exposición de motivos, que el proceso de descentralización universitario está terminado: todas las competencias de las CCAA.

A partir de ahí, 17 pequeños sistemas universitarios, que provocan, por ejemplo, una disparidad absoluta entre tasas universitarias: con lo que cuesta un curso de Grado en Cataluña, se pueden estudiar tres años en Galicia o Andalucía, tal y como se desprenden de los datos que recopiló EL ESPAÑOL para el curso 2016/2017.

Ante ello, Botín habla de financiación ligada “a los progresos en planes y objetivos”. Pese a que no ha concretado cuáles serían esos “objetivos” en particular, los grandes rankings internacionales sí tienen una serie de indicadores comunes que hacen colocar a los centros en unos puestos u otros en el listado.

Cobra gran protagonismo la internacionalización de la universidad, es decir, la capacidad del centro para atraer a profesores y alumnos de otro países. En este último caso, no cuentan los Erasmus, que en ese caso el sistema universitario español es líder. También se valora en gran medida el ratio de titulados con respecto a los matriculados. Es decir, los alumnos que logran acabar los estudios que comenzaron.

Suma puntos -y podría servir para obtener mayor financiación en el caso en que se tome en consideración la propuesta de Botín- la empleabilidad. Esto es, los alumnos que consiguen gracias a la titulación una pasarela para acceder a un puesto de trabajo tras obtener el diploma. Según CYD, en el ámbito del mercado de trabajo sí se observa una “evolución positiva” en el periodo 2013-2015 para los graduados superiores españoles.

LOS INDICADORES DE CYD

Se da la circunstancia que la Fundación CYD ya estableció una suerte de ranking de universidades españolas durante el pasado mes de mayo. En él aparecían como mejor paradas la Pompeu Fabra, la Autónoma de Barcelona, la de Barcelona, la Autónoma de Madrid y la de Navarra. Y para ello, tomaron en consideración una serie de indicadores agrupados en cinco grandes dimensiones: (1) enseñanza y aprendizaje, (2) investigación, (3) transferencia de conocimiento (4) orientación internacional y (5) contribución al desarrollo regional.

A su vez, esas grandes categorías están divididas en aspectos concretos que valoran el rendimiento: los estudiantes por profesor, la cualificación de estos últimos, las prácticas en empresas, la nota media de sus nuevos matriculados o la capacidad que tienen los centros para atraer a estudiantes de otras comunidades autónomas.

También miden los fondos externos de investigación, las tesis doctorales realizadas, las publicaciones por profesor, las asignaturas obligadas en idioma extranjero o las tesis doctorales internacionales.

Está por ver ahora, si desde la Fundación DYC se concreta esta propuesta que lanzó Botín y si alguna administración pública toma el testigo y se decide a cambiar el sistema universitario español ya que, como han advertido, si no se da “un golpe de timón” podría verse afectado en los próximos años. ¿Otra “década perdida en la Universidad española”?

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