Los alumnos de una clase de 1º Bachillerato del Instituto Calderón de la Barca en Gijón realizan una prueba piloto de PAU | EP
Es oficial: Los profesores no tienen por qué pagar de su bolsillo la innovación en las aulas
Una parte significativa del profesorado asume estos micropagos mensuales para evitar que sus asignaturas queden desactualizadas.
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La financiación de suscripciones premium, licencias de software o materiales innovadores no tiene por qué correr a cargo de la nómina personal del profesorado.
El personal docente recuerda que el marco normativo vigente exime a los empleados públicos de costear la digitalización de las aulas.
Son las Consejerías de Educación de cada Comunidad Autónoma las que tienen las competencias exclusivas para gestionar las escuelas, contratar el personal y comprar los recursos.
La propia Ley de Educación (LOMLOE) lo deja claro en sus apartados de digitalización. La normativa señala directamente a las administraciones públicas como las únicas responsables de equipar los centros con la tecnología necesaria para la educación del alumnado.
La ley choca con la realidad de muchos colegios e institutos. Normalmente, son los propios docentes quienes asumen micropagos mensuales de su bolsillo para utilizar plataformas interactivas y evitar que sus asignaturas queden desactualizadas.
Esta norma choca con una realidad que los nuevos profesionales detectan nada más empezar.
Es el caso de Irene de la Rosa, profesora en prácticas recién graduada que ya ha vivido estas carencias de primera mano en el sector.
"Si realmente se quiere apostar por una educación innovadora y dinámica, el dinero para las actividades y los programas no lo deberíamos de poner los maestros de nuestro propio bolsillo", lamenta De la Rosa sobre las carencias del sistema actual.
"La Junta te proporciona el libro de texto, pero los niños interiorizan mucho mejor los conocimientos a través de juegos prácticos" destaca.
La digitalización obligatoria exige el uso diario de herramientas de software y recursos interactivos.
Sin embargo, la falta de agilidad presupuestaria en los centros escolares provoca este recurrente problema. Una parte significativa del profesorado asume estos micropagos mensuales para evitar que sus asignaturas queden desactualizadas.
Sanidad y educación recuerdan que debe ser la propia administración o la dirección del centro quien provea y sufrague estos recursos.
Esta aclaración llega en un momento de máxima tensión dentro del ecosistema educativo español. Las últimas semanas están quedando marcadas por un calendario de huelgas y movilizaciones masivas en el sector.
Los paros se extienden con fuerza por diferentes comunidades autónomas, con especial incidencia en la Comunidad Valenciana, Aragón, Cataluña y Madrid. Además, se han sumado recientemente organizaciones educativas ante la falta de avance por parte del ejecutivo.
Entre las principales reclamaciones de las protestas que protagonizan los docentes se encuentran la reducción de las ratios de alumnos por clase. También exigen el fin de la asfixiante burocracia en el sector educativo.
El profesorado denuncia que la exigencia de cumplir con los estándares de competencia digital se ha trasladado a las aulas sin una red de soporte técnico y material suficiente. Esto asusta al profesorado ante el previsible colapso del sector.
La ministra de Educación, Isabel Rodríguez, ha querido tender la mano al diálogo, aunque defendiendo las inversiones realizadas por el Gobierno central dentro del Plan de Digitalización.
Ha asegurado que, "el compromiso del Ejecutivo con la modernización de las aulas es firme, como demuestran los más de 1.660 millones de euros invertidos en la transición tecnológica".
No obstante, respecto al estallido de las manifestaciones, la ministra ha matizado la postura de la administración central. Ha destacado que gran parte de las competencias de gestión directa y de personal dependen de las autonomías.
"Comprendemos y escuchamos las demandas del profesorado sobre la sobrecarga de trabajo y la presión que sufren en el día a día. Estamos dispuestos a seguir negociando con los representantes sindicales", ha declarado la ministra.
