Hay nombres que el destino escribe con sorna. Una de las sociedades que aparece en la trama del caso Plus Ultra se llama, atención, “Análisis Relevante”.
Y uno no puede evitar pensar que pocas veces una mercantil pantalla (presuntamente) bautizó tan bien la tarea que corresponde hoy al ciudadano de a pie: hacer un análisis relevante de lo que está pasando.
Empecemos por lo que más me interesa como penalista: las medidas cautelares. Este sábado el juez Peinado ha abierto juicio oral con jurado popular a Begoña Gómez y, de paso, le ha retirado el pasaporte, le ha prohibido salir de España y la ha obligado a comparecer dos días al mes, por apreciar riesgo de fuga.
Pongamos al lado el otro proceso: hace unos días el juez Calama imputó a José Luis Rodríguez Zapatero -primer expresidente que declara como investigado en nuestra democracia- por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo, falsedad documental, fraude fiscal y contrabando. Seis infracciones penales.
Y, sin embargo, denegó la retirada del pasaporte y las comparecencias que pedían las acusaciones. No reclamo grilletes para nadie y creo que las cautelares deben ser excepcionales y proporcionadas.
Lo que señalo es la asimetría, la misma que cualquiera de mis clientes anónimos conoce en sus carnes: al ciudadano corriente, en circunstancias semejantes, se le retira el pasaporte y se le hace firmar cada quince días y en más de un caso, se acuerda prisión provisional.
Lo de la comparecencia de Zapatero merece un análisis prominente. Tres horas resueltas a base de "no", "no sé" y "no recuerdo".
El hombre que gobernó España siete años no recordaba la comida en el restaurante Portonovo donde, según la UDEF, se habría acordado montar una sociedad en Dubái para cobrar comisiones; y sobre las joyas valoradas en 1,3 millones, como mínimo, aparecidas en su caja fuerte, ni palabra: pidió más tiempo para "recabar información". Eso sí, encontró hueco para sus gestiones humanitarias en Venezuela.
Llamémoslas así, porque la hemeroteca recuerda otra versión: el aval a Maduro y las fotos con Delcy Rodríguez. Y uno sospecha que tanta entrega quizá no era desinteresada.
A su imputación se ha sumado esta semana la de sus hijas, Alba y Laura, y la de su secretaria, Gertrudis Alcázar: Calama ve en la sociedad de aquellas, What the Fav, un "papel instrumental" en la canalización de fondos -procedentes, cómo no, de Análisis Relevante- y las imputa para protegerles el derecho a no declarar contra sí mismas. Garantismo puro.
Tomen nota quienes hablan de cacería. Sin embargo, el catedrático Pérez Royo, ha calificado el auto de Calama de "jurídicamente vacío": mucho ruido y pocas nueces. Sobre el relato del “lawfare”, hasta Moncloa ha admitido que aquello "se correspondía a la presión del momento".
Ahora bien, el indicio más consistente procede del volcado del móvil del venezolano Rodolfo Reyes, entregado por las autoridades estadounidenses sin que conste mandamiento judicial.
Si la prueba está viciada en origen, la doctrina del fruto del árbol envenenado será esgrimida por la defensa del ex presidente como uno de sus principales argumentos ya que podría arrastrar el sumario.
Pero no confundamos los planos. Un auto de imputación no es una sentencia: no exige prueba plena, sino indicios racionales de criminalidad. Confundir el estándar de la instrucción con el de la condena es un error que a un catedrático de derecho constitucional no se le escapa por ignorancia.
Que la defensa plantee la nulidad es irreprochable; yo haría lo mismo. Que se nos presente como prueba de inocencia ya es otra cuestión. Y mientras nos referimos a Zapatero, el contador sigue.
En la causa que instruye Pedraz sobre las cloacas del PSOE -el caso de la "fontanera" Leire Díez- hay imputaciones por organización criminal, cohecho, revelación de secretos y delito contra las instituciones del Estado que alcanzan a la gerente del partido, Ana Fuentes, al exsecretario de Organización Santos Cerdán y al exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías.
La UCO se ha presentado en Ferraz a requerir y escudriñar documentación. Y el presidente, desde Roma, certificaba que las cuentas se habían llevado "de manera escrupulosa".
Defiendo la presunción de inocencia de todos los citados, incluido el expresidente, con la misma convicción con que la defiendo para el último de mis clientes. Ninguno está condenado y mucho queda para el juicio oral.
Lo que no defiendo es la doble vara: la indignación que se enciende ante el auto que afecta a los suyos y se apaga ante el del adversario.
Llevamos años oyendo al PSOE invocar la regeneración y las manos limpias. Es lo único que solicito: un análisis relevante. Y que cada cual responda de lo suyo, sin pasaportes preferentes ni cátedras de guardia.
