Javier Navarro.
Hace pocos días, el Guadalquivir dejó por unas horas de ser un río para convertirse en un plató. La cámara, los focos, el cuerpo de Rosalía recortado contra una orilla cerrada al público, el helicóptero, el dron, la marca de la plataforma que pagaba por la escena: durante una jornada, Sevilla ofreció su cauce como decorado natural, y los sevillanos se asomaron a contemplar el cierre de su propio centro como quien mira, desde un balcón prestado, el rodaje de una película que no le pertenece. El coraje de los sevillanos hizo del agravio respuesta, y algunos se afanaron por derribar —cual muro de Berlín, nunca mejor dicho— las horripilantes vallas negras colocadas en los puentes y orillas. El gesto quedará en la memoria local como una postal bochornosamente feliz, paradojas de la vida. Pero sobre todo, breve, porque más duró el chaparrón que el concierto.
Lo que ocurrió el sábado pasado no fue una excepción sino un episodio más de un fenómeno gradual que ya define el presente de las ciudades europeas con cierto pulso turístico. La ciudad ha dejado de ser un lugar donde se vive para convertirse en un producto que se consume, y la sustitución no se ha decretado, no ha pasado por pleno, no figura en la firma de ningún planeamiento urbano: se ha hecho con la connivencia política y la desidia civil.
Bajemos la mirada del helicóptero al velador. Es en la mesita de café sobre la acera donde el proceso opera con mayor eficacia. Una concesión, un canon, un permiso temporal: nada que se parezca jurídicamente a una privatización, pero que esconde una privatización soft. Y sin embargo, el peatón que cruza una plaza ya no atraviesa un espacio público sino un mosaico de pequeñas anexiones comerciales que sólo le permiten estar si consume. Sentarse al aire libre en la propia ciudad ha dejado de ser un derecho civil para volverse un servicio con cuenta; la plaza —ese invento mediterráneo, ese reducto último del estar sin propósito— se ha convertido en una terraza con pasillos. Así lo he sufrido estas últimas semanas en varias rutas con los alumnos del Aula de la Experiencia de Mairena del Aljarafe. Ellos, mucho más sabios que yo y venidos de la cornisa del Aljarafe, se escandalizaban de no poder cruzar una calle repleta de mesas y gorros de paja, y de cómo el ecosistema local —como las aceras y el espacio público— ha desaparecido.
Ningún viajero llega con la intención de expulsar a un local, pero por una aritmética simple lo consigue. Una calle estrecha admite cierto número de cuerpos; pasado ese umbral, el cuerpo que sobra ahora es el del que solía vivir allí, pero que ha tenido que emigrar a los confines de las grandes avenidas (Kansas City, Carretera de Carmona, Su Eminencia), donde ahora vive la Sevilla que no sale en la foto. El sevillano evita Santa Cruz, el barcelonés ya no pisa el Born, el lisboeta ha abandonado Alfama. En esa migración interna hay una violencia muy suave, una expulsión que no deja rastro para los forenses, pero sí una herida lenta en los vínculos entre la ciudad y su gente.
La escena de Rosalía cerrando el río, la de las terrazas ocupando abusivamente plazas, y la de la multitud ocupando la calle en manifestación dibujan un panorama que tiene un denominador común: convertir el espacio cívico en un decorado puesto a producir. Cuando estos tres planos coinciden, cuando se solapan sin que nadie regule el solape, la ciudad se evapora como sujeto y se encarna como producto. Cabría recordar que la fina línea que diferencia un barrio de un parque temático es que el primero admite usos, y el parque sólo consumos.
La pregunta que convendría haberse hecho mientras la cámara seguía a Rosalía sobre un río que lleva dos mil años de paciencia era nuestro grado de complicidad con esta Sevilla robada. Cuando nos rasgamos las vestiduras reclamando la vuelta de los Murillos del Prado a Sevilla, pensemos en que delante de nuestros ojos se nos está hurtando la ciudad entera. No es Catalunya la que ens roba, son los de aquí. Y nadie parece hacer nada. Malamente vamos.
