Publicada
Actualizada

La defensa de Jonathan Andic ha recurrido la decisión de incorporar a la Unidad Central de Personas Desaparecidas de los Mossos d'Esquadra a la investigación por la muerte de Isak Andic. El abogado Cristóbal Martell presentó el pasado 18 de junio un recurso de reforma ante la jueza de Martorell en el que cuestiona que ese grupo policial pueda elaborar el "análisis técnico-operativo" de los indicios solicitado por la Fiscalía.

Fuentes de la defensa han confirmado a EL ESPAÑOL la presentación del escrito y han detallado los argumentos con los que pretenden que la magistrada Raquel Nieto revoque su decisión. La entrada de esta unidad especializada había sido solicitada el 25 de mayo por la fiscal especial del tribunal del jurado, Teresa Yoldi, como publicó este periódico.

Su objetivo es que investigadores experimentados en desapariciones de naturaleza criminal, escenarios complejos y procedimientos construidos a partir de pruebas indiciarias revisen el material acumulado desde la muerte del fundador de Mango.

Jonathan Andic, hijo del fundador del grupo de moda Mango, Isak Andic, llega escoltado por la policía al juzgado número 5 de Martorell. Reuters.

La jueza aceptó la petición y acordó requerir la intervención de la Unidad Central de Personas Desaparecidas como "unidad policial especializada y habitual en el tratamiento de investigaciones sustentadas en prueba indiciaria desde una perspectiva técnico-operativa".

Ese mandato es precisamente el que ahora discute la defensa. Martell sostiene que la resolución judicial no define con precisión cuál debe ser la tarea de los nuevos investigadores, qué elementos concretos deben analizar ni hasta dónde puede llegar su intervención.

La Fiscalía había pedido que la unidad aportara un "análisis técnico-operativo de los elementos indiciarios ya concurrentes" y que ayudara a "contextualizar" los indicios obtenidos hasta la fecha. Para la defensa, esos términos permiten que los agentes entren en un terreno que corresponde exclusivamente a los jueces: la valoración conjunta de las pruebas y la extracción de conclusiones sobre su significado.

"Dicho objeto es totalmente ajeno a las funciones de la Policía Judicial, por pertenecer al ámbito valorativo propio, exclusivo y excluyente de la autoridad judicial", sostiene el equipo de Martell.

"Storyteller de confianza"

Los abogados de Jonathan Andic no rechazan que los jueces recurran a unidades policiales con conocimientos técnicos específicos. En su escrito ponen como ejemplo los análisis de balística, dactiloscopia o grafología, disciplinas en las que los investigadores pueden aportar conocimientos científicos o especializados que no forman parte de la preparación ordinaria de un magistrado.

Consideran, sin embargo, que la valoración de una prueba indiciaria pertenece a una categoría distinta. Su interpretación exige relacionar hechos acreditados, descartar hipótesis alternativas y construir un razonamiento lógico que permita alcanzar una conclusión. Una tarea que, según la defensa, corresponde al instructor durante la investigación y al tribunal en un eventual juicio.

"El proceso no habilita a la Policía Judicial a auxiliar al juez en el razonamiento lógico-inferencial", señala la defensa.

Martell teme que el informe solicitado termine convirtiéndose en una narración policial de la causa, con una selección ordenada de los indicios que favorezcan la hipótesis del homicidio y una valoración indirecta de la credibilidad de las personas investigadas o de los testigos.

La defensa lo resume con una expresión contundente: la Fiscalía estaría buscando una suerte de "relator uniformado" que exponga y escenifique ante un futuro jurado popular su interpretación de las pruebas.

Cristóbal Martell, en una imagen de archivo, durante un procedimiento. EFE.

"Se pretende poner el relato de la acusación en manos de un storyteller de confianza con la esperanza de aportar contexto y solidez a una investigación deslavazada y no exenta de un sesgo de confirmación que orilla todo aquello que contradice sus pretensiones inculpatorias", sostienen los abogados.

La defensa cuestiona también que el informe pueda funcionar en la práctica como una denominada pericial de inteligencia. Este tipo de prueba se ha empleado principalmente en investigaciones por terrorismo, crimen organizado o estructuras delictivas complejas, en las que los agentes aportan conocimientos especializados para explicar el funcionamiento interno de una organización, sus códigos o su jerarquía.

La élite

La lectura de la Fiscalía y de fuentes próximas a la investigación es distinta. "La incorporación de la Unidad Central de Personas Desaparecidas no buscaría sustituir a la jueza ni anticipar una valoración judicial de las pruebas, sino someter toda la investigación a una nueva revisión técnica realizada por especialistas que no han participado directamente en las primeras diligencias", sostienen.

Fuentes conocedoras de las pesquisas subrayan a EL ESPAÑOL que el propósito es "maximizar la precisión del procedimiento, detectar posibles contradicciones y resolver las dudas que puedan subsistir después de meses de declaraciones, informes periciales, análisis telefónicos y reconstrucciones sobre el terreno."

La nueva unidad tendría que estudiar de forma conjunta los movimientos de Isak y Jonathan Andic, la cronología de la excursión, las versiones ofrecidas sobre la caída, los datos tecnológicos, los informes forenses y las inspecciones realizadas en el sendero de Les Feixades, junto a las cuevas de Salnitre de Collbató.

La Fiscalía considera que una visión global puede permitir comprobar si los diferentes indicios encajan entre sí, si existen vacíos todavía pendientes de investigación o si alguna de las hipótesis manejadas hasta ahora debe ser corregida o descartada.

En ese sentido, las fuentes consultadas niegan que se pretenda delegar en los Mossos la función de decidir si Jonathan Andic es culpable o inocente. La conclusión judicial continuará correspondiendo a la jueza instructora y, en caso de apertura de juicio oral, al tribunal encargado de juzgar los hechos.

Tres efectivos de los Mossos d'Esquadra trasladan a Jonathan Andic al interior de los juzgadores de Martorell, en una imagen del pasado 19 de mayo. EP.

Teresa Yoldi conoce además el trabajo de esta unidad por otras investigaciones sustentadas en pruebas indirectas. La fiscal ha contado con sus informes en procedimientos por desapariciones criminales que terminaron en condena incluso sin que aparecieran los cuerpos de las víctimas.

La Unidad Central de Personas Desaparecidas está dirigida por el sargento Pere Sánchez y forma parte de la División de Investigación Criminal. Sus agentes intervienen en desapariciones de alto riesgo, posibles muertes criminales y escenarios en los que es necesario reconstruir movimientos, tiempos y comportamientos a partir de rastros dispersos.

Su incorporación generó cierta incomodidad dentro de los Mossos, debido a que otras unidades llevan meses trabajando en el caso. La investigación fue asumida inicialmente por la Unidad de Investigación de la comisaría de Martorell y recibió después el apoyo de la Unidad Territorial de Homicidios de la Región Policial Metropolitana Sur.

También han intervenido agentes de montaña, que realizaron inspecciones, mediciones y simulacros de caída en el lugar donde murió Isak Andic, y especialistas informáticos de la División de Investigación Criminal, encargados de examinar teléfonos, dispositivos y otros indicios tecnológicos.

La discusión abierta por el recurso afecta ahora al papel que desempeñará la nueva unidad. La defensa quiere impedir que sus agentes realicen una valoración global de los indicios, mientras la Fiscalía considera que esa revisión puede reforzar la fiabilidad de la investigación y aclarar sus puntos todavía controvertidos.

La jueza deberá decidir si mantiene el encargo en los términos acordados, si limita las funciones de la unidad o si acepta el recurso de reforma presentado por Martell. La resolución tendrá especial importancia ante la posibilidad de que el procedimiento termine ante un tribunal del jurado, donde la presentación ordenada y comprensible de una causa basada en pruebas indiciarias será una de las principales batallas entre la acusación y la defensa.