En una de las comarcas más deshabitadas de la Comunitat Valenciana, Els Ports, nació en 1988 una empresa de comunicación: Comunicacions dels Ports. Su gran impulsor fue Francis Puig, hermano del que fuera hasta 2023 presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig -actualmente embajador de España ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)-.
Naturales los dos de Morella -un municipio de menos de 3.000 habitantes al norte de la provincia de Castellón- y con gran arraigo en la zona, en aquellos inicios la mercantil contó con más de 100 accionistas. "Medio pueblo", resume una fuente cercana a la familia.
La empresa se creó entre un grupo de amigos jóvenes con la intención de cubrir un espacio comunicativo inexistente en aquella comarca. Empezó con una radio y más adelante nació una productora: Mas Mut.
Ambas empresas, junto a Francis Puig, se encuentran inmersas más de tres décadas después en un proceso judicial sobre presuntas irregularidades en el cobro de subvenciones públicas. Recientemente, el juzgado abrió juicio oral.
La misma fuente cercana a la familia admite que el empresario está dolido en lo personal, al igual que su entorno más cercano: "Tiene ganas del juicio para demostrar que no hay delito".
Negocio en ascenso
En aquellos años de los inicios, finales de los 80, la carrera política de su hermano Ximo Puig comenzaba a despegar. Tras ser diputado autonómico y provincial, desde 1986 a 1995 trabajó en la Presidencia de la Generalitat, primero como director general de Relaciones institucionales e Informativas y después, hasta julio de 1995, como director del Gabinete del entonces presidente del Gobierno autonómico, Joan Lerma.
A partir de ese año y hasta 2012 fue alcalde de Morella, para posteriormente continuar su ascenso hasta ser presidente de la Generalitat en 2015.
Mientras Ximo Puig se metía de lleno en política, Francis, de perfil discreto y reservado pero muy hábil, según los que lo conocen, comenzó a desarrollar su proyecto. Empleó a gente. El negocio fue creciendo poco a poco: radio, televisión, periódico digital, semanario, productora...
El empresario ganó poder e influencia en la zona. Lo cierto es que ambos hermanos Puig destacaban. Pocos había (y hay) que no los conocieran.
Aquella radio primigenia logró en 2003 el Premio Nacional de Radiodifusión de la Generalitat de Cataluña por su apuesta por la lengua. Francis Puig recogió el premio de manos de Jordi Pujol.
Francis Puig, a la derecha, junto a Jordi Pujol, en el centro. Els Ports
Las subvenciones públicas siempre han estado vinculadas a su grupo de comunicación. Cuestionadas han sido las cantidades percibidas por el propio Ayuntamiento de Morella, también en la etapa en la que su hermano Ximo estuvo al frente.
Mientras el PP lo denunció, dentro del PSPV-PSOE se justifica. "El Ayuntamiento de Morella contrataba porque no había nada más en la zona a nivel de comunicación y no había competencia", explica una fuente socialista.
Las carreras de Francis y Ximo confluyeron (a su pesar) en los titulares de prensa en 2019: "Un juez cita a declarar como imputado al hermano del presidente de la Generalitat". Fue el comienzo de la investigación.
Era la primera legislatura del denominado como Gobierno del Botànic (el Ejecutivo conformado por el PSPV-PSOE y Compromís). El PP había pasado a la oposición en 2015 tras gobernar 20 años en la Comunitat Valenciana acorralado por casos de corrupción. Algunos de ellos que fueron adelante con sonadas condenas y otros que quedaron en nada pese a las denuncias de la izquierda.
Los populares comandados por Isabel Bonig vieron el filón en una documentación que apuntaba a irregularidades en el cobro de subvenciones de Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions. Y lo llevaron a los tribunales.
Inicio de la investigación
El juzgado de Instrucción número 4 de Valencia abrió una investigación y la Fiscalía Anticorrupción se puso manos a la obra. Las indagaciones se centraban en 600.000 euros cobrados por ambas empresas vinculadas a Francis Puig entre 2015 y 2018 de tres administraciones públicas: la Generalitat Valenciana, la Catalana y el Gobierno de Aragón. Todas ellas por los mismos conceptos: fomento del valenciano.
¿Se benefició de ayudas públicas el hermano de Puig por el hecho de ser su familia? Esa pregunta se convirtió en batalla política. El PP pasó a recriminárselo al presidente de la Generalitat prácticamente cada día. Y la causa judicial fue una piedra en el zapato durante sus años de Gobierno mientras él trataba de defender la actuación de la Generalitat.
Los populares apuntaban inicialmente a duplicidad de facturas, subvenciones cobradas de manera irregular o falseamiento de datos para percibirlas. Así, consideraban que se habían cometido los delitos de prevaricación, malversación y fraude de subvenciones.
Mientras el PP presentaba sucesivas ampliaciones de su querella, una de las primeras decisiones del juez fue citar como imputados al hermano de Puig y al entonces director general de Política Lingüística de Compromís, Rubén Trenzano -responsable del departamento que otorgaba las ayudas al fomento del valenciano-.
La colaboración con los Adell
Entonces se produjo un recordado momento con la aparición de unos nuevos actores: los hermanos Adell Bover, considerados socios de Francis Puig. Fue la ex mujer de uno de ellos la que decidió denunciar lo que conocía ante la Fiscalía Anticorrupción.
En una sorprendente declaración, aseguró que casi una década antes de que Ximo Puig llegara a la presidencia de la Generalitat, los hermanos Adell -que eran propietarios de productoras como Kriol Produccions y Canal Maestrat, que también operaban en Castellón- ya mantenían relación personal y empresarial con Francis Puig.
A este último lo definió como el "cerebro del cártel" de las productoras y comentó que en algunos actos previos a la victoria electoral de los socialistas los Adell presumían de que "iban a forrarse" con Ximo Puig.
Más allá de esta intención, la relación empresarial entre unos y otro fue fructífera. Francis sabía hacer negocios y la colaboración con los Adell supuso que pasaran a controlar el panorama audiovisual de Castellón.
La causa judicial evolucionó con sus particularidades y ha sufrido acelerones y frenazos durante estos años. Incluyendo el de la pandemia de la covid, que paralizó cualquier avance en varios meses.
La Guardia Civil elaboró un extenso informe en el que detectó irregularidades en la presentación de las subvenciones: facturas cruzadas entre las mercantiles de Puig y los Adell Bover; conceptos que no se correspondían con el concepto de la subvención (es decir, que presentaron gastos para justificar las ayudas que no correspondían); uso de los mismos gastos para justificar subvenciones de diferentes administraciones; y omisión en las solicitudes de la referencia a haber recibido otras subvenciones.
Francis Puig, frente a un micrófono de Comarques Nord.
El ejemplo más paradigmático que trascendió en su momento fue el gasto en alquiler de una nave abandonada de su padre con el que Francis justificó una subvención al valenciano.
El empresario tardó finalmente en declarar ante el juez. Lo hizo en mayo del 2022 para asegurar que no cometió ningún delito en la recepción de las ayudas públicas.
Su abogado ha defendido durante todos estos años que no existe impedimento alguno para que unos mismos gastos puedan ser aportados a la hora de justificar la subvención recibida por parte de dos administraciones autonómicas distintas o que nunca se ha conseguido demostrar el delito del fraude de subvenciones.
Este último delito, de hecho, ha quedado descartado porque para ello es necesario que la cantidad defraudada sea superior a los 120.00 euros. Algo que no ha ocurrido en este caso.
Final abrupto de la instrucción
En abril de 2023, la Audiencia de Valencia puso fin a la instrucción de manera precipitada tras un error procesal. Los magistrados estimaron los recursos de los acusados contra la última prórroga de la investigación, que había acabado en nulidad debido a un error del juzgado.
Esto supuso que el juez no pudiera acordar ya más diligencias, sino únicamente recibir las pendientes, lo que dejaba cojas las indagaciones.
En aquel momento, la causa se archivó para el que fuera director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano.
Uno de los últimos informes aportados a la investigación fue el de la Intervención de la Generalitat, que concluyó que las mercantiles vinculadas a Francis Puig y sus socios recibieron de forma indebida un total de 67.504 euros del total de subvenciones analizadas –y las cuales ascienden a los 625.721 euros–. Es decir, alrededor del 10,8%.
Después de ello, el juez dictó el auto de procedimiento abreviado. Las partes se pronunciaron y, posteriormente, la Fiscalía Anticorrupción pidió cuatro años de prisión para Francis Puig y tres para Adell Bover. Solicitud a la que se sumó la Generalitat como acusación.
Fondos de la Administración
Hace escasos días, el magistrado dio el último paso que quedaba: la apertura de juicio oral. Lo hizo por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y un delito de estafa agravada en el caso de Francis Puig.
El auto citaba jurisprudencia en la que se establece que "quien solicita y obtiene una subvención y destina la totalidad o parte de lo recibido a su personal enriquecimiento sin emplearla a los fines para los que fue concedida, si se cumplen todos los requisitos de la apropiación indebida, no puede quedar impune por el hecho de que lo defraudado no alcance el monto".
"En el presente caso, este juez instructor estima que los hechos serían incardinables propiamente en un delito de estafa, más que una eventual apropiación indebida", explicaba el magistrado.
Algo que fundaba en la "mecánica que se realizó por los investigados ante la Administración destinada a la obtención de las subvenciones". En ella, señalaba, "se utilizaron documentos falsos o la reclamación por actuaciones que no poseían relación alguna con la actividad que era merecedora de la subvención".
"Lo que en definitiva produjo el trasvase a favor de los encausados de fondos correspondientes a la Administración", concluía.
El instructor fijaba para Francis Puig y Juan Enrique Adell Bover, fianzas de 147.589,29 euros y 99.614,33 euros, respectivamente. De esas cantidades serían responsables civiles subsidiarias las sociedades Comunicaciones dels Ports SA y Canal Maestrat SL.
Además, señalaba como órgano competente para celebrar el juicio y dictar la correspondiente sentencia la Audiencia Provincial de Valencia.
Este será el próximo horizonte de Francis Puig: sentarse en el banquillo para tratar de defender su actuación mientras lleva la etiqueta de "el hermano de".
Multa por pacto de precios
Aun así, los sustos para él no han estado únicamente en el juzgado de Instrucción número 4 de Valencia. En 2020, la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana sancionó con 43.000 euros a las mercantiles Comunicacions dels Ports, Kriol Produccions, Canal Maestrat y Visualiza.
Lo hizo al observar un posible pacto de precios por parte de estas firmas para ganar varios lotes de un concurso de corresponsalías de la radiotelevisión pública valenciana, À Punt.
La investigación se inició después de que esta advirtiera el posible acuerdo en las ofertas -presentaban propuestas idénticas a la baja y también coincidían otras al alza- para que todas las firmas resultaran beneficiadas de ese concurso.
La cadena remitió los hechos a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC), que a su vez lo trasladó al órgano autonómico.