Por la forma en que Carmen María Rey Caldas habla castellano se diría que salió anteayer de España. Pero lo cierto es que lleva 33 años viviendo en la Gran Manzana (y tiene 45).
La familia de su madre es de Ousoño, una aldea de Noya, una villa costera de la provincia de La Coruña situada en la comarca del Barbanza. La de su padre procede de Muros, también en La Coruña.
Pero ella se crió en Ousoño con su abuela hasta que, en torno a 1991, pudo viajar a Queens para reunirse con sus padres, que emigraron a Nueva York a principios de los ochenta.
"Para ser sincera no recuerdo bien el año en que me enviaron a Estados Unidos, pero yo debía tener unos 11 o 12 años", dice.
"Vengo de una familia pobre de un pueblito también pobre de las Rías Baixas. No teníamos ni siquiera agua corriente cuando dejé Galicia y de pronto llegué a la Gran Manzana y me encontré con una cultura completamente diferente".
"Al igual que otros niños gallegos que dejaron España junto a sus familias en aquellos tiempos complicados, tuve muchos problemas para aculturarme", asegura la hispano-estadounidense.
"El Queens en el que me instalé a principios de los noventa era muy diferente al espacio multicultural de hoy. Me encontré con un lugar lleno de familias irlandesas o italianas arraigadas desde hacía un siglo que habían perdido ya los lazos con Europa y allí estaba yo, que ni siquiera hablaba inglés".
Lo cierto es que lo hizo bien. Tan bien, de hecho, que hizo carrera en la administración del país más poderoso del planeta y terminó por convertirse en una juez de migración, que es como se denomina en Estados Unidos a los magistrados del Departamento de Justicia encargados de decidir quién puede quedarse y quién debe ser deportado.
Una función sin toga vitalicia ni blindaje judicial, pero con poder suficiente para definir el destino de miles de vidas de inmigrantes cada año. Claro que apenas llegó a sentarse tres años en el estrado.
La española ha sido noticia durante los últimos meses en las plataformas latinas de noticias porque, en mayo de 2025, fue fulminada junto a otros ochenta jueces de inmigración en una purga ejecutada por la nueva administración Trump.
Se trata de una operación política que ha desmantelado buena parte del cuerpo judicial designado durante la era Biden y que amenaza con convertir los tribunales de inmigración en simples extensiones del poder presidencial.
Rey Caldas junto a otros jueces.
La verdad es que el acoso a su persona venía de lejos. Ya en abril de 2022 su nombramiento como jueza de inmigración desató una ofensiva política encabezada por congresistas republicanos, que pidieron su destitución inmediata por considerar que sus críticas al ICE la convertían en una "activista anti-ley" dentro del sistema judicial estadounidense.
El ICE —siglas de Immigration and Customs Enforcement— es la agencia federal de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, dependiente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Fue creada en 2003, tras los atentados del 11-S, como parte de la reestructuración de seguridad interior.
Tiene dos grandes palancas. La primera se denomina ERO (Enforcement and Removal Operations) y es la unidad encargada de localizar, detener y deportar a personas sin estatus legal en EE. UU. Realiza las redadas migratorias, mantiene centros de detención, y ejecuta las órdenes de deportación dictadas por jueces de inmigración como Rey Caldas.
La segunda se denomina HSI (Homeland Security Investigations) y se ocupa de delitos transnacionales: tráfico de personas, drogas, contrabando, fraude migratorio o lavado de dinero. En la práctica, cuando se habla de ICE en el debate público estadounidense, se alude sobre todo a la primera división —la de deportaciones—, que ha sido duramente criticada por violaciones de derechos humanos, separación de familias y redadas indiscriminadas.
Justamente por ese motivo, el ICE se ha convertido en un símbolo político: para la derecha, es la muralla que protege la frontera; para la izquierda, una maquinaria de persecución y miedo.
Carmen María Rey se niega a verbalizarlo de una forma explícita durante la entrevista que le realiza EL ESPAÑOL, pero detrás de su destitución se adivinan varias razones que explican por qué los republicanos se ensañaron con ella.
Para empezar, porque encarna todo lo que el trumpismo detesta —mujer, inmigrante, hispana, progresista y jurista formada en derechos humanos—.
Pero también porque criticó públicamente al ICE durante los años más duros de las redadas; porque defendió que la ley migratoria debía interpretarse con humanidad y no como castigo; y porque su nombramiento en 2022 por la administración Biden simbolizaba un giro moral que los trumpistas quieren borrar del mapa.
"¿Que si soy una víctima de una caza de brujas contra el entorno progresista? Dilo tú si quieres de ese modo porque a mí no me corresponde especular sobre las razones de mi despido", afirma.
"Podría ser, como mencionas, que hubiera razones políticas, aunque igualmente podría ser que no les gustase cómo visto o tal vez el problema es que un día no contesté un email. Puedo suponer algunos motivos pero no he tenido una audiencia con la Casablanca para que alguien me explique las razones de que me hayan elegido a mí".
"Hemos estado trabajando como jueces de migración con miedo justamente por ello. Terminas una carrera y, de un día para otro, el presidente puede despedirte", explica Rey Caldas.
"Es difícil enfocarte en tu trabajo mientras estás pensando en qué puedes hacer o no hacer hoy para que te echen o no te echen mañana. Es cierto que a mí me señalaron ya cuando me contrataron pero señalan a mucha gente y por muchas razones".
Brillante trayectoria
Rey estudió Literatura en Nueva York en los noventa, pensó en ser profesora universitaria y se marchó después a Francia (1998-2000), donde empezó a colaborar con comunidades de migrantes latinoamericanos y con mujeres francoafricanas que escapaban de culturas que las asfixiaban. "Ahí descubrí lo que era trabajar para los que no tienen voz", cuenta.
En 2004, ya de vuelta en Estados Unidos, un amigo chileno le sugirió estudiar Derecho. Entró en la Brooklyn Law School y se especializó en inmigración.
En 2006, obtuvo una beca Equal Justice Works Fellowship que le permitió trabajar en organizaciones sin ánimo de lucro de apoyo a inmigrantes y víctimas de violencia de género. Esa etapa la marcaría.
Durante los años siguientes, trabajó para la organización Sanctuary for Families, el International Refugee Assistance Project (IRAP) y colaboró con la American Immigration Lawyers Association (AILA). Desde luego, ese no es un currículum muy del gusto de un trumpista.
Para entonces, Rey ya había comprendido el laberinto jurídico que domina el sistema migratorio estadounidense. "El último cambio real en la ley migratoria fue en 1965", apunta.
"Luego, en 1996 y 1997, con Clinton, se aprobó una reforma que lo complicó todo. Introdujo una lógica de castigo: vincular las leyes migratorias con las criminales. Desde entonces, cualquier falta penal puede acabar en deportación".
Ese fue el momento en que la inmigración dejó de ser una cuestión humanitaria para convertirse en una extensión de la política penal. "He visto familias separadas por una multa o por una llamada a la policía. El sistema castiga la pobreza", afirma.
En 2010, la española empezó a trabajar directamente en litigios ante la Executive Office for Immigration Review (EOIR), la agencia del Departamento de Justicia que supervisa los tribunales de inmigración. "Lo paradójico —dice— es que esos jueces no pertenecen al poder judicial, sino al Ejecutivo. Trabajamos para el mismo gobierno que nos pide independencia."
El 25 de marzo de 2022, el Departamento de Justicia anunció el nombramiento de 25 nuevos jueces de inmigración, y entre ellos se hallaba Carmen María Rey Caldas.
La designación la firmó la entonces directora interina de EOIR, Jean King, bajo la administración Biden-Harris. Para Rey, era la culminación de dos décadas de trabajo en defensa de los inmigrantes.
Pero apenas tres semanas después, el 14 de abril de 2022, seis congresistas republicanos —encabezados por Elise Stefanik, una de las voces más duras del trumpismo— enviaron una carta al presidente Joe Biden exigiendo su destitución.
El documento, firmado también por Thomas Tiffany, Scott Perry, Michael Burgess, Randy Weber y Scott DesJarlais, acusaba a Rey de "desprecio público por las leyes migratorias" y de "alentar a las jurisdicciones a desobedecer a ICE".
La carta que exigía la destitución de Rey Caldas.
En la carta, los republicanos citaban tuits de 2019 y 2020 en los que Rey había criticado la brutalidad del ICE y calificado el sistema de deportaciones como "pointless" —"sin sentido"—. "Nombrar a una persona así como juez de inmigración es una vergüenza", decía el texto. "Sus decisiones pondrán en peligro la seguridad nacional".
La carta se publicó en la web oficial de la Cámara de Representantes y fue amplificada en Twitter (ahora X) por Stefanik, que acompañó el mensaje con una frase: "Biden nombró a una activista anti-ICE como juez federal. Esta es la crisis que tenemos".
Desde ese momento, Rey Caldas quedó marcada políticamente. En los foros conservadores la tildaron de "activista radical". En medios como The Daily Signal y Fox News la describían como "la jueza que odia a ICE". La campaña de desprestigio duró semanas.
"Esos tuits ni siquiera los escribí yo", afirma Rey Caldas. "Y en aquel momento mi trabajo era criticar a la administración. Cuando ejercía como jueza me limitaba a aplicar las leyes, independientemente de que hubiera normas que me disgustaran. También durante la era de Biden había cuestiones que no me agradaban".
"Pero insisto en que ignoro si mi pasado ha influido en lo ocurrido", apostilla. "También es posible que me despidieran porque tengo ciudadanía española o porque estuve en Estados Unidos ilegalmente durante algún tiempo. Cualquier cosa es posible".
El problema de fondo es que los tribunales de inmigración estadounidenses no están amparados por la Constitución. "Los jueces federales tienen mandato vitalicio. Nosotros somos empleados del presidente", dice Rey. "No tenemos la protección laboral que debería blindar nuestra independencia. Si cambian de presidente, pueden despedirte sin más".
Durante la administración Biden, esa vulnerabilidad no era un problema. Pero con el regreso de Trump en enero de 2025, el riesgo se volvió real.
El nuevo fiscal general, Stephen Miller, antiguo asesor de inmigración de Trump y arquitecto de las políticas de separación familiar de 2018, asumió el control de EOIR. En febrero, empezó una revisión interna de jueces y fiscales. Y dos meses después se inició la purga.
Durante la última tanda de despidos, han echado a más de ochenta jueces. Algunos llevaban veinte años. Otros, como la gallega, eran nuevos. Pero todos habían sido nombrados bajo Biden. Lo verbalice o no, ha sido una cacería despiadada que se ha ensañado de manera especial con el entorno progresista del departamento.
El 15 de mayo de 2025, Carmen María Rey Caldas recibió un correo electrónico del DOJ. No contenía más de una línea: "Your employment as an Immigration Judge has been terminated effective immediately".
O lo que es lo mismo: "Su empleo como jueza de inmigración ha sido rescindido con efecto inmediato". Sin explicación, sin proceso, sin audiencia. "Me enteré por un correo. Así es. Un día estás en tu despacho y al siguiente tu tarjeta no funciona".
Rey es ciudadana estadounidense y española. Cree que ese doble vínculo puede haber sido un factor. "No tengo pruebas, pero es posible. En este clima, cualquier cosa sirve como excusa".
Su despido coincidió con una ola de ceses masivos en EOIR. Según el sindicato judicial, al menos 150 de los 700 jueces de inmigración fueron apartados o reasignados. "Lo que están destruyendo es la independencia judicial dentro del Ejecutivo", dice.
La española ha criticado también las condiciones en que los magistrados están siendo obligados a ejercer su trabajo. Recuerda, por ejemplo, cómo, durante su gestión, debía resolver decenas de casos por día sin apenas recursos.
"Tenía una asistente compartida con otra jueza. Debíamos dictar fallos sobre deportaciones, asilos, suspensiones. Es una maquinaria sin tiempo ni alma".
Las decisiones que adoptaba afectaban a familias que llevaban 30 o 40 años en el país, a menores traídos sin papeles en los ochenta, a refugiados venezolanos o ucranianos llegados tras las guerras. "Era un trabajo imposible, pero al menos sentías que estabas intentando hacerlo con humanidad", afirma.
La purga que ella no quiere mencionar se activó el 1 de marzo de 2025, cuando el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, presidido por Jim Jordan, publicó un informe acusando al Departamento de Justicia bajo Biden de haber "infiltrado activistas ideológicos en los tribunales de inmigración".
Un mes después, Miller anunció la "revisión de desempeño" de todos los jueces nombrados entre 2021 y 2024. El 10 de mayo, Fox News publicó un reportaje titulado "Biden's Immigration Judges: The Shadow Network of Open Borders Activists". Rey aparecía como "la gallega pro-inmigración que atacó a ICE". Cinco días después, fue despedida.
Su trayectoria no es muy diferente de la de otros jueces cesados ese mismo mes. Algunos habían investigado los disturbios del 6 de enero; otros habían defendido criterios de asilo más flexibles para víctimas de violencia doméstica. Todos fueron fulminados.
Carmen María Rey Caldas.
En junio de 2025, Rey Caldas presentó una apelación ante la Merit Systems Protection Board, el órgano federal que revisa los despidos de funcionarios. "Tal vez lo gane, tal vez no. Pero hay que dejar constancia". En el fondo, se trata de impedir que un presidente pueda despedir a un juez por razones ideológicas".
A la postre, la española se ha convertido en una especie de icono o referente para juristas y activistas latinos. En septiembre fue invitada por la ACLU de Vermont a dar una charla titulada "El precio de aplicar la ley con decencia". En octubre, intervino en Noticias Telemundo, donde pronunció una frase que se volvió viral: "Trabajábamos con miedo".
La comunidad hispana la adoptó como símbolo de resistencia frente a la arbitrariedad política. "No soy una heroína —dice—. Solo quiero poder hacer mi trabajo".
Rey vive hoy en el mismo Queens donde llegó de niña en 1991. Sale a caminar por las calles donde aprendió inglés y, a veces, se detiene frente al edificio 26 Federal Plaza, sede del tribunal de inmigración donde trabajó.
El país que le dio una oportunidad se la ha quitado. Llegó como inmigrante y le echan por sus posiciones personales respecto a la migración, a pesar de que se limitó a aplicar la ley con rigor absoluto mientras estuvo en el ejercicio de su cargo, al margen de sus visiones personales.
En cifras, el colapso judicial que ha creado Trump es monumental. Según datos de TRAC Syracuse, en junio de 2025 el retraso en los tribunales de inmigración superaba los 3,6 millones de casos pendientes, un récord histórico.
Con la destitución de más de un centenar de jueces, el sistema entró en parálisis. Las audiencias se aplazan meses. Hay familias esperando decisión desde hace seis años.
Los nuevos jueces designados por el DOJ bajo Trump provienen en su mayoría de la Fiscalía de Inmigración de ICE, sin experiencia previa como defensores. Es el modelo ideal para quien busca obediencia, no justicia.
En enero de 2026, su apelación seguirá abierta. Su nombre, mientras tanto, aparece en informes de prensa y en columnas legales que la citan como uno de los casos paradigmáticos de la politización del aparato judicial de inmigración.
"En un sistema sano, las leyes son predecibles", sostiene Rey. "Uno sabe qué puede esperar. Ahora las cambian cada semana. Se está desmantelando la previsibilidad. ¿Cómo puede un ciudadano obedecer leyes que cambian con cada discurso presidencial?".
Desde su despido, muchos colegas la llaman en secreto. "Tienen miedo a hablar. Algunos todavía dentro del sistema me dicen: 'Carmen, lo que tú dijiste es exactamente lo que pensamos todos, pero no podemos repetirlo'".
Para la audiencia latina, la imagen de una jueza inmigrante denunciando la persecución política dentro del sistema judicial fue el espejo de un trauma compartido. En los foros de Telemundo y Univisión, muchos la llamaron "la jueza gallega que se enfrentó a Trump".
El Departamento de Justicia sostiene que las destituciones son "reorganizaciones administrativas". Los sindicatos judiciales hablan de caza política.
Los analistas legales alertan de que la nueva doctrina, si es refrendada por la Corte Suprema, podría dar al presidente poder absoluto para despedir a cualquier funcionario federal.
Para muchos, es el principio del fin del equilibrio de poderes. Si el presidente puede despedir a quien quiera, el sistema deja de ser república y se convierte en feudo.
En opinión de la española, "hay elementos ahora en la sociedad americana que recuerdan a Franco". Y ella creció precisamente en una familia socialista que combatió al Caudillo.