Felipe es un jubilado de 75 años que este jueves por la mañana estaba a punto de ser desahuciado junto a su mujer, Dolores, de 74. El motivo: una compleja situación legal de la casa que tiene alquilada en la pedanía murciana de La Arboleja. El propietario original perdió los derechos de ocupación tras un proceso judicial, y la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), pasó a hacerse cargo de ella hace cinco años. Pero desde entonces, Felipe lamenta a EL ESPAÑOL que "nadie ha contactado con nosotros para decirnos cómo pagar el alquiler, por mucho que hemos intentado averiguarlo".
Este drama ha llevado a que estos pensionistas, junto a otras diez familias afectadas por el mismo problema, hayan pasado los últimos cinco años en el epicentro de una batalla judicial en la que el nuevo responsable del inmueble, Sareb, no reconoce como válidos sus contratos de alquiler que habían sellado con el propietario original, porque los considera "ilegales". No por culpa de la familia, sino porque "fueron suscritos con una empresa explotadora que gestionaba estas viviendas para el antiguo propietario, que era un constructor que tenía una deuda con nuestra empresa", según explican a este diario fuentes de Sareb.
Todo esto que ocurrió hace años ha desembocado en que este miércoles estos vecinos se preparaban para verse desahuciados, pero esa misma tarde, Sareb ha aceptado un aplazamiento de 20 días para estudiar los expedientes de las familias afectadas. "Si me llegan a desahuciar no habría tenido adónde ir. Tendría que haberme buscado otra vivienda de alquiler. Teniendo en cuenta el precio de los alquileres, habría sido muy difícil para mí con mi pensión de 800 euros, pero no me habría quedado más remedio", afirma este pensionista, antiguo joyero, que lleva ocho años habitando en el mismo domicilio.
El foco de la discordia son once viviendas de una urbanización de 22 dúplex. La mitad de ellas dan a un amplio patio comunitario en el que hay una gran piscina de obra. Aunque esta situación no afecta a todas estas casas, solamente a las once que están en este limbo legal: once hogares, cada uno con diferentes características, desde jubilados hasta parejas jóvenes pasando por madres que viven solas con sus hijos pequeños y matrimonios, que también cuidan de sus pequeños.
Pero esta comunidad no se ha quedado de brazos cruzados conformándose con no pagar el alquiler estos más de cuatro años. Loreto es otra vecina de esta urbanización que también se ve amenazada por el posible desahucio: es madre soltera de un peque que cumple seis años este domingo.
A la izquierda, Felipe se abraza a varios vecinos, y a la derecha, Dolores besa en la mejilla a Loreto.
"Tengo un documento sellado por el Juzgado de Primera Instancia de Murcia en el que le solicito que me pongan en contacto con quien corresponda que le tenga que pagar el alquiler", subraya. EL ESPAÑOL accede al citado documento registrado en 2021 en el que esta mujer suplica a las autoridades judiciales que la pongan "en contacto con quien proceda para continuar habitando en nuestro hogar, haciéndonos cargo del pago del alquiler y suministros como hasta la fecha".
Sin embargo, Loreto lamenta que nadie les ha ofrecido esta alternativa, y han vivido estos últimos meses "con miedo por no saber si nos vamos a tener que ir a la calle". Por esta razón, el anuncio del aplazamiento de 20 días ha caído como agua de mayo. Aunque si bien esto es una pequeña victoria, no garantiza que esta comunidad de vecinos vaya a ganar esta batalla legal y judicial. Ante todo, tal y como subraya Loreto, "solo queremos negociar con la empresa, porque nuestra intención es legalizar nuestra situación, vivir tranquilos, tener nuestro alquiler".
"Nadie sabe lo que es vivir sin saber si te van a desahuciar mañana con un niño de solo cinco años. Esta mañana lloraba, hemos vivido muchas cosas juntos", explica esta madre, mientras salen los vecinos al patio del inmueble para celebrar la buena noticia que les acaba de llegar, justo en el momento en el que estaban hablando con el periodista.
La unión entre esta comunidad queda patente cuando se funden en abrazos y besos. "Este domingo podremos celebrar el sexto cumpleaños de mi pequeño todos juntos en el patio comunitario. Hemos pasado una pandemia todos unidos. He visto nacer a todos los niños de menos de diez años de la comunidad. Superé un cáncer, y también estos señores me han visto embarazada...", amplía Loreto, visiblemente emocionada.
La mediación con los juzgados la está realizando la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), una asociación que agrupa a activistas y personas con dificultades para pagar la hipoteca, el alquiler, viven en un piso recuperado y quieren regularizar su situación o que se encuentran en proceso de desahucio. Uno de sus miembros, José Antonio Vives, corrobora a este diario la versión de la familia.
"Las familias han intentado abonar su alquiler por todos los medios posibles. Antes de estar en esta situación, había algunos que pagaban entre 450 y 500 euros de alquiler. La Sareb estos cuatro años no ha ido a visitar a las familias, no sabe quién está ni en qué condiciones", afirma este miembro de PAH. "Esto es así desde que en 2020 el Juzgado de Primera Instancia de Murcia adjudica por subasta las viviendas a la Sareb".
"Es importante indicar que estas familias no tienen una deuda económica. A quien se le reclama es al arrendador original. Por lo que a estos vecinos respecta, Sareb no reconoce que exista ningún tipo de contrato con ellos, porque no tienen título habilitante".
La versión de Sareb
Por otro lado, EL ESPAÑOL ha contactado también con Sareb, que afirma que "estos vecinos tenían firmados unos contratos de alquiler que el juez ha determinado que no son legales. Sareb no puede subrogarse a un alquiler ilegal".
"Contamos con un protocolo de actuación en estos casos que se ha aplicado de manera correcta. Antes de proceder a la solicitud de un lanzamiento, la compañía contacta puerta por puerta con los residentes para analizar su situación y estudiar los casos de vulnerabilidad, así como las situaciones individualizadas de cada familia no vulnerable", afirma la empresa.
"En este caso, los vecinos se negaron a colaborar en reiteradas visitas efectuadas por la compañía y por ello, cumpliendo con su deber, Sareb siguió adelante con el desalojo de estas viviendas que un juez ha determinado que están habitadas de manera irregular por la no validez de los contratos de alquiler. Ahora, tras la solicitud de los vecinos de frenar el desalojo y colaborar, hemos solicitado una suspensión del lanzamiento de 20 días para buscar de nuevo esa colaboración".
Ante todo, la empresa recalca que estas familias "cuentan con contratos de alquiler declarados como no válidos por el juzgado, ya que fueron suscritos con una empresa explotadora que gestionaba estas viviendas para el antiguo propietario, que era un constructor que tenía una deuda con Sareb. La compañía solicitó al juzgado la ejecución hipotecaria de las viviendas para cobrar esa deuda. Por tanto, Sareb lamenta mucho que estas familias hayan vivido esta situación debido a que los contratos que habían firmado eran ilegales".
- Por el momento, una parte de estas familias tan solo piden a la Sareb sentarse a negociar. ¿Ustedes barajan esta alternativa?
- Sareb: Desde 2022, Sareb cuenta con un protocolo que se ha seguido en este caso y el primer paso es visitar a los vecinos para solicitar la colaboración. En este caso, como comentábamos antes, hubo reiteradas negativas a colaborar con los trabajadores que se acercaron a las viviendas.
-¿Qué tendrían que hacer estos usuarios para poder permanecer en estas viviendas?
- En el caso de que sean residentes vulnerables, si colaboran con la compañía pueden acceder al programa de alquiler social con acompañamiento. Para el resto de los casos, se va a analizar la situación. Hay que tener en cuenta que, desde el 20 de marzo, Sareb tiene paralizadas todas sus ventas de activos residenciales porque se está analizando qué viviendas van a pasar a la nueva empresa pública de la vivienda. En este contexto, si los vecinos colaboran, se intentará buscar la mejor solución posible dentro de las posibilidades legales que tiene Sareb.