Pilar Remírez, una ingeniera técnica agrícola de Zaragoza, aprobó algunos exámenes de la oposición para trabajar como funcionaria de Aragón. Era el año 2004. Su nota no fue suficiente para que le dieran una de las pocas plazas que se ofertaron entonces. Pasó a una bolsa derivada de empleo selectivo, desde donde la llamaron más tarde para ocupar una plaza estructural pero que tenía carácter temporal. Desde entonces han pasado 17 años. Ha trabajado en un puesto base desde el cual no ha podido promocionarse y donde ha desempeñado funciones que hacen otros funcionarios de carrera. Ella no lo es. En 2018, un funcionario de carrera ocupó su puesto, en el cual nunca llegó a sentarse. Después de un mes, tuvieron que readmitirla.

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Como Pilar, con una casuística interminable, hay alrededor de 800.000 personas que trabajan para las administraciones públicas en España que no son personal fijo. Han pasado a veces décadas trabajando como si lo fueran, pero sin los mismos derechos y con una evidente precariedad. 

Para poner fin a este abuso y cumplir con lo que manda la Unión Europea, el ministerio de Función Pública del saliente Miquel Iceta llegó a un acuerdo el 5 de julio con los sindicatos mayoritarios CSIF, UGT y CC.OO. El pacto consiste en que todos los temporales podrán examinarse en oposiciones libres para que los hagan fijos. En apariencia es una solución justa y que pondrá fin al problema. Pero, ¿a qué precio?

Una manifestación de trabajadores interinos en Madrid. EFE

Pilar tiene 43 años e hijos pequeños. A lo largo de estos años, se ha presentado todas las veces que han abierto convocatorias y ha se ha examinado incluso estando embarazada. Ahora, volver a estudiar se le hace imposible. “Las plazas son pocas y no sabes nunca cuándo van a salir. No puedes pasarte la vida estudiando”, asegura en conversación con EL ESPAÑOL.

Si Pilar no aprueba los exámenes se quedará en la calle, con una indemnización de 20 días por año trabajado, según el acuerdo alcanzado. “Están vendiendo titulares pero esto es un macroproceso colectivo de limpieza, un ERE encubierto con el que nos dejarán en la calle a muchos de nosotros que contamos con años de experiencia”, continúa. “He estado trabajando 17 años para la administración y, si me despiden, me puedo ver en la calle con 3.000 euros de indemnización”, añade.

Una “traición”

En una situación similar está Jesús Carranza, de 50 años. En el año 2000 le llamaron de la sede de Santander del Instituto Español de Oceanografía para diseñar una página web. El organismo público quería dar salida a una imágenes satelitales y, en aquellos momentos, Jesús, ingeniero informático de formación, era de los pocos que tenía conocimientos en el área. Lo contrataron a través de una empresa externa.

Lo que iba a ser un trabajo puntual, ante la falta de que se abrieran plazas, se convirtió en un empleo permanente que se renovaba todos los años. En el año 2007, sin embargo, lo despidieron. Jesús demandó al Instituto. Los tribunales le dieron la razón y, en el año 2010, tuvieron que crear una plaza para él. Le contaron la antigüedad desde 2004 con un único contrato como trabajador indefinido no fijo.

Hasta hoy no se ha convocado una plaza para su puesto, una plaza no vacante para la que debería haber un proceso de selección. Lleva 21 años como empleado temporal y califica el “icetazo” como una “traición de los sindicatos”.

“Ellos controlan las academias para las oposiciones y, a cambio de más financiación, se han puesto de acuerdo con el Gobierno para que este ejecute un plan que, a la larga terminará con la temporalidad, pero dejará a cientos de miles de familias en la calle”, asegura Jesús, en referencia a las uniones de trabajadores mayoritarias. “A los sindicatos que nos defienden no los han llamado a la mesa de negociación”, apunta.

Jesús además critica que no saldrán suficientes plazas de oposición para dar salida a los 800.000 interinos. “Si normalmente no salen plazas, ¿cómo van a salir ahora de la nada? Aunque todos aprobáramos el examen no habría sitios para todos. Quieren meter a gente más joven por un precio más bajo y, así, de paso cumplir con lo que dice Bruselas”, se queja.

Desde su experiencia personal, asegura que él se ha estado formando todos estos años, pero con su edad y con responsabilidades familiares, ve con mucha dificultad presentarse ahora a una oposición. Tras conocer otros casos parecidos al suyo, arrancó una iniciativa de asesoramiento llamada “SOS Temporales Públicos” a través de la cual se han tramitado centenares de demandas para terminar con el “abuso” al que están sometidos estos trabajadores.

El saliente ministro de Función Pública, Miquel Iceta. EFE

Jesús explica, al igual que Pilar, que lo más grave del decreto gubernamental es que la Unión Europea le pedía a España que se estableciese una sanción a las administraciones que hubiesen abusado de esta práctica: “Lo que se está proponiendo es que la sanción recaiga sobre el trabajador al dejarlo sin empleo, en caso de que no apruebe”, dice.

“La solución justa”

Casos como el de Pilar o Jesús se repiten por toda la geografía española. Pero para los firmantes del acuerdo sus miedos son injustificados. Fuentes sindicales consultadas por este periódico aseguran que “no se trata de un ERE encubierto, sino de la solución más justa a un problema que venía arrastrándose desde hacía años”.

“Las leyes españolas impiden convocar oposiciones cerradas, por lo que se está dando la oportunidad a todos estos trabajadores, en un concurso libre con cualquier otra persona que quiera aspirar a su puesto, para establecerse como funcionarios de carrera. Las pruebas, además premiarán la experiencia en un 40% y las preguntas se enfocarán en conocimientos que todos estos trabajadores han aplicado en su día a día, no en temarios teóricos”, aseguran estas fuentes.

Los sindicatos principales, además, advierten, al igual que lo hizo Iceta, que "no se dejará a nadie en la calle”. Por un lado, dicen que habrá más “tasa de reposición” (número de plazas) y, por otro, aseguran que quien no apruebe tendrá la posibilidad de estar nuevamente en bolsas de trabajo. 

“Se va a quedar la mayoría”, apuntan. “Pero no podemos regalar las plazas tampoco. Efectivamente, habrá quien no logre estabilizarse, pero eso no puede ir en contra de los derechos de los funcionarios que sí aprobaron la oposición”, dicen las fuentes sindicales.

El decreto afectará a interinos con más de tres años en esta situación y se espera que, para 2024, las oposiciones estén resueltas. Jesús y Pilar, sin embargo, esperan dificultar que salga adelante con demandas y recurriendo de nuevo a Bruselas. “Dar la fijeza a los 800.000 tiene un coste cero y no perjudica a los funcionarios de carrera, porque no es lo que estamos pidiendo. Pedimos que se respeten los puestos en los que llevamos trabajando 20 años y para los que estamos altamente capacitados sin necesidad de jugárnoslo todo, a estas alturas, en una nueva oposición”, concluye Jesús.