Los rótulos todavía anuncian el Hostal Cantábrico, pero las pancartas enseguida hacen ver que ese lugar no es un alojamiento al uso: “Derechos sociales para cambiarlo todo”, “Derecho a la alimentación para una vida digna”, “Bollera, okupa tu espacio”... Es la nueva Ingobernable, okupada desde el pasado 2 de mayo, como quien conmemora el levantamiento de la villa de Madrid contra la invasión francesa. Es la tercera vez que lo hacen, pero la primera que toman un edificio de titularidad privada. El sitio es un inmueble de 3.500 metros cuadrados y cinco plantas que ocupa los números 3 y 5 de la Calle de la Cruz, en pleno centro de la capital.

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El edificio pertenece a los hermanos Alejandro, Marcos y Daniel Fernández Luengo, propietarios de la cadena de peluquerías Marco Aldany y otras muchas empresas. “Nos dicen las autoridades que el desalojo va a ser inmediato. No sé si tardará una semana o dos. No tengo la fecha, pero nos dicen que va a ser muy rápido”, asegura Alejandro, el mayor de los tres hermanos a EL ESPAÑOL.

Como novedad, la Ingo trae un cambio de siglas. Ya no se denominan CS (Centro Social), sino ODS (Oficina de Derechos Sociales). El colectivo ha anunciado acciones sociales con siete pilares principales: derecho a la vivienda, derecho a la alimentación, derecho a la protesta, precariedad laboral, transfeminismos y disidencias, renta básica y salud comunitaria. Aún no se sabe qué acciones directas implementarán en estos ámbitos.

Una persona en un balcón del edificio de la Ingobernable. J.S.

Fenández y el colectivo han estado en contacto para intentar solucionar esto por la vía diplomática, sin demasiado éxito. “Dicen que quieren dar comida a la gente necesitada, lo cual me parece muy loable. Yo he fundado un banco de alimentos y hemos repartido 90.000 kilos de comida desde navidad a esta parte. Les dije: ‘Mira, si salís, os pongo un local o dos y vosotros ponéis gente a dar comida. Yo pongo la comida’. Noto que la propuesta sorprende. Me dijeron que se iban a reunir en asamblea y que me dirán algo". La respuesta ha llegado este viernes. Que no. "Entonces, ¿lo de la obra social es un paripé? Me parece indignante". 

Tras pasar por un edificio del Ayuntamiento (desalojado en noviembre de 2019) y otro del Gobierno (en abril de 2020) la Ingo se instala en el centro para “resistir en común y conquistar nuevos derechos". El colectivo aseguró que el edificio lleva cinco años abandonado, algo que la propiedad desmiente: “Este edificio no está abandonado, está alquilado desde 2019 para hacer un hotel. Se están haciendo todos los trabajos de adecuación para hacerlo de cuatro estrellas”.

Pero, ¿por qué este sitio? El colectivo lo justifica de esta manera en un comunicado: “Esta familia no sólo tiene más de 70 millones entre terrenos y construcciones de la empresa de inversiones inmobiliarias ZZ Inmobiliari Proxima SL, a su vez también es propietaria de la empresa Mi Casa Inn, que cuenta con un total de 19 apartamentos repartidos entre Atocha, Malasaña y Gran Vía, 8 residencias también entre el centro y el barrio Salamanca, además del Hostal Residencia Arti en Gran Vía o el Hotel Ciudad de Alcalá, como negocios destacados entre un largo listado de empresas del sector de la hostelería y los tratamientos de belleza”.

Los datos son incorrectos. Por ejemplo, Mi Casa Inn no tiene 19 plazas, tiene más de 1.000. Intentan vender la moto de que merecemos la okupación por terratenientes. No sé dónde se han documentado, pero no tienen ni idea”, explica el primogénito de los Fernández Luego. “Hacen una relación de los activos que tenemos, sin tener en cuenta los pasivos. Si yo tengo un piso hipotecado, el piso es prácticamente del banco”.

La Ingobernable no ha respondido a las peticiones de información de este periódico ni ha permitido acceder al inmueble. Es más, el colectivo ha reprochado a Fernández Luengo que hable con este periódico, aunque ellos abrieran la casa en exclusiva a otro diario digital. Para este reportaje, únicamente han remitido a una nota de prensa, con previsión de celebrar una rueda de prensa la semana próxima.

“He tenido que leer y recibir mensajes con auténticas difamaciones, algunas delirantes. ¿Cómo coño voy a ser homófobo si el sector de la peluquería hace una labor brutal de integración [de las personas LGTBI]?”. Los mensajes a los que se refiere son unas presuntas declaraciones homófobas hechas por su hermano Daniel en el desalojo de otra okupa —La Pluma— en julio de 2018. Aquel Centro Social Okupado Transfeminista (CSOT) también se montó en un edificio propiedad de la citada inmobiliaria.

Por su parte, el antiguo Hostal Cantábrico es propiedad de los hermanos desde hace “unos cuatro años”. Desde el año 2019 está alquilado a una empresa hotelera para su reforma y adecuación. Esas obras se han visto interrumpidas, primero, por la pandemia, y después, por la okupación. “El edificio está apuntalado en algunas zonas. No es seguro que ahí haya gente. Solo faltaba que haya desprendimientos o que alguien se caiga por un forjado. ¡Encima soy yo el responsable! Y también estoy pagando la luz y el banco no me perdona ni un día de hipoteca. Si el hotel no abre y no paga alquiler acabaremos en concurso de acreedores”.

Además, cada día que el edificio permanece okupado, la apertura del negocio se retrasa. “Y yo les pregunto: la gente que va a trabajar en el hotel, en el restaurante, en la peluquería…. ¿Esas 100 personas no tienen derechos?”.

El imperio Fernández Luengo

Marco Aldany no es el nombre de un reputado estilista italiano, como pudiera parecer, sino la mezcla de los nombres de los tres fundadores (Marcos, Alejandro y Daniel). Los tres fundaron en 1997 la cadena de peluquerías más importante de España. Antes de la pandemia, tenían cerca de 400 salones de belleza en el mundo, entre franquiciados y propios.

Pero este es un sector que ha sufrido enormemente con la crisis de la Covid-19. “Desde marzo en España han cerrado 18.000 peluquerías. Había unas 60.000”, explica Fernández. Y las que siguen abiertas, han bajado su actividad “un 40%”.

El empresario Alejandro Fernández Luengo. Cedida

Por suerte para estos hermanos, sus actividades económicas abarcan muchos otros sectores (inmobiliario, parques temáticos, cosméticos, gimnasios, holding, auditoría…). Alejandro, por ejemplo, tiene cargos en una treintena de empresas en cuatro provincias españolas. El empresario y antiguo jugador de baloncesto profesional fue distinguido en 2017 con el premio a Emprendedor del Año.

Como hemos dicho, no es la primera vez que su empresa ZZ Inmobiliari Proxima SL sufre una okupación. En 2018, el colectivo La Pluma fundó en la calle Barbieri 5 el citado CSOT. El nombre no daba lugar a dudas de que era un espacio destinado a defender al colectivo LGTBI en el corazón de Chueca.

Aquello no terminó bien. El 15 de junio de 2020 el espacio fue desalojado, supuestamente, por la empresa Desokupa que tomó el lugar al grito de “¡maricones de mierda, os vamos a matar a palos!”, según relató el propio colectivo. Fernández, de nuevo, niega la mayor: “No hemos contratado jamás a Desokupa”. Y añade: “No me da ningún placer que la policía les saque a golpes”.

La primera ‘Ingo’

No fue precisamente un masaje lo que hizo el Ayuntamiento de Madrid a La Ingobernable en su primer desalojo. Fue con nocturnidad y alevosía, el 13 de noviembre de 2019 en la calle Gobernador, justo enfrente del Caixaforum. De nada sirvió la convocatoria masiva que el colectivo hizo a través de las redes sociales para defender el espacio (cuenta con un potente aparato de comunicación nunca visto en un colectivo okupa en Madrid). Un total de 130 agentes desalojaron y tapiaron el edificio.

Se veía venir. El alcalde José Luis Martínez-Almeida, que había conseguido el cargo solo cinco meses atrás, advirtió desde su llegada a la alcaldía de que La Ingo tenía los días contados. Y cumplió.

En lo que no cumplió fue en el uso que se le daría al espacio una vez desalojado. Almeida aseguró que se convertiría en una biblioteca pública pero, en cambio, fue cedido a la Fundación Hispano-Judía para crear un museo judío. El exalcalde y exministro Alberto Ruiz-Gallardón era entonces vicepresidente de la nombrada fundación. Ese proyecto todavía no se ha materializado, ya que el edificio permanece tapiado y vacío desde entonces.

La calle Cruz vista desde la plaza de Canalejas. J.S.

La Ingo volvió a la carga a los pocos meses, concretamente, el 4 de marzo de 2020, cuando okupó un edificio propiedad del Gobierno central en la calle Alberto Bosch 4. Quizás la esperanza de que el Ejecutivo fuera más afín ideológicamente les hizo pensar que su andadura sería más exitosa. Pero no. Esa aventura duró poco más de un mes. No hubo desalojo como tal, ya que con España entera bajo el confinamiento domiciliario el edificio estaba vacío. Los agentes abrieron, entraron y cerraron. Fin del segundo capítulo.

El tercero (¿y último?) se sigue escribiendo en estos momentos. Si todo va según lo adelantado por Fernández a este periódico, se cerrará dentro de poco. Queda por ver si los okupas acceden a salir por su pie o a palos, pero Fernández no tiene duda de que saldrán.