La Guardia Civil no se apiada de Begoña, hija del Cuerpo: será desahuciada pese a su discapacidad

Bego, así es como todos la conocen, sabe perfectamente que pueden ser los últimos días que pase en su casa, en la calle Sotomayor número 3, en Madrid, donde la Guardia Civil no se apiada de ella. Algo que ya le ha ocurrido a otros 24 vecinos de su edificio en este último año de pandemia. Ella, con una discapacidad del 77% que no le permite ver, vive allí desde hace más de 60 años. Desde que su padre, Benigno San José, fuese destinado como guardia civil de manera definitiva en la capital española, en 1969. 

Fue entonces cuando todos, Benigno, su mujer Trinidad y sus cinco hijos, después de haber vivido en diferentes ciudades españolas, comenzaron a hacerlo en los pabellones que la Guardia Civil tiene junto a la Dirección General, en el barrio madrileño de Guzman El Bueno. Todos ubicados en la misma calle, Sotomayor, donde los agentes, alquiler mediante, vivían con sus familias. En uno de estos bloques, en concreto el número 13, también residió junto a su familia Antonio Tejero, el teniente coronel autor del intento de golpe de Estado el 23 de febrero de 1981. 

En un principio, estos edificios solo podían estar habitados por las familias mientras hubiese uno de sus miembros en activo dentro del Cuerpo, según dictaba el Patronato de Viviendas de la Guardia Civil. Así que cuando llegaba el momento, los jubilados, las viudas y sus hijos debían abandonar los pisos sin tener, en la mayoría de casos, un lugar donde vivir. Hasta que en 1995 este requisito se modificó. Un objetivo, no obstante, que costó literalmente sangre cambiar a más de 70 vecinos que, en el año 1992, se encadenaron en diferentes portales de la calle para impedir que la Guardia Civil desalojara de su casa a una viuda.

"Ese año empezamos a salir a la calle, con cadenas. Hubo cargas de la Policía Nacional y no como las que hay ahora, peores, fueron valientes. Recuerdo como mi madre salió con la cara rota en televisión, le rompieron la nariz con un escudo. No era justo lo que estaban haciendo. Después de haber dado tumbos por media España con sueldos de miseria, ponían en la calle a las personas que habían estado durante más de 40 años al servicio del Cuerpo", cuentan Milagros y Pablo San José, en una entrevista con EL ESPAÑOL, sobre lo que vivieron en aquellos años.

Una década de lucha en la que sus padres y otros tantos consiguieron su propósito: que tanto los agentes retirados como las viudas y los hijos que tuviesen algún tipo de discapacidad pudiesen vivir en dichos pabellones hasta su muerte. Un acuerdo que en los últimos años la Dirección General de la Guardia Civil ha pasado por alto desalojando de sus casas a cientos de personas, en su mayoría ancianos, que no tenían otro techo. Y lo que es peor, sin tener la necesidad de volver a ocupar dichas viviendas. De hecho, la mayoría de ellas están vacías. Detrás de todo, según denuncia esta familia, hay un interés especulativo. 

Discapacidad del 77%

El número 3 de la Calle Sotomayor es uno de los últimos edificios de La Benérita que queda por desalojar en Madrid. Y en el que este último año la Guardia Civil ha echado de sus pisos a 24 familias. "No ha salido en ningún sitio. Lo han hecho de manera silenciosa, la mayoría son gente mayor, de más de 80 años. Como miembros del Cuerpo están bien enseñados a obedecer. Así que les informan del desalojo y ellos no tienen otro remedio que dejar atrás el inmueble en el que han pasado toda su vida. Les cambian la cerradura y listo, no tienen derecho a juicio, a nada", denuncia Mila, sin poder contener las lágrimas. Ella, no obstante, no piensa quedarse callada. 

Es inevitable hacerlo puesto que la siguiente en esa lista es su hermana Begoña. Bego tiene un grado de discapacidad del 77%, no ve prácticamente nada, tiene dificultades para escuchar y, además, tiene diagnosticado un cáncer por el que ya le han extirpado una mama, según consta en un dictamen técnico facultativo, emitido por la Dirección General de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. A pesar de todo, Begoña es autónoma la mayoría del tiempo. Su madre, Trinidad, le enseñó a ser fuerte desde su nacimiento. Pero ahora, tras la pandemia y con la orden de desahucio, las fuerzas le flaquean más que nunca. 

La carta llegó por sorpresa hace unos días. Nadie la esperaba porque su contrato de alquiler estaba supuestamente blindado después de que los padres fallecieran. De hecho, así consta en los documentos a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Desde entonces, Begoña tenía el usufructo de la vivienda. Todo fue, cuenta Milagros San José, a raíz de que ella pidiese por carta a la Dirección General de la Guardia Civil que instalasen una rampa de acceso para minusválidos en el portal, como establece la ley. "En toda la calle lo tienen menos aquí", exclama Begoña, con la voz entrecortada. 

Bego puede andar, pero sus capacidades para ello han ido decayendo en los últimos meses. Tanto que para desplazarse al centro ocupacional donde trabaja o para hacer sus cursos de ordenador en el barrio madrileño de Tetuán necesita la ayuda de una silla de ruedas. Un elemento, sin embargo, que no ha podido utilizar. Cuatro escalones en la entrada del edificio se lo impiden. 

"Debido a mi discapacidad y el agravamiento que he tenido y que me imposibilita el acceso a mi vivienda por la barrera arquitectónica que existe en el portal teniendo incluso necesidad de una silla de ruedas que no puedo utilizar por esas mismas barreras y según establece el artículo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal. Pido que sea aprobada y llevada a cabo la obra necesaria para la instalación de un elevador de silla ruedas, así como una rampa en el escalón del portal", rezaba el escrito, firmado por Begoña San José y dirigido al coronel jefe del Servicio de Acuartelamiento, del que dependen ahora dichas viviendas.  

Desahucio en 6 meses

La respuesta, cuatro meses después, el pasado 20 de marzo, fue que tras haber tenido conocimiento de que "Begoña San José era propietaria de una vivienda en el municipio de Madrid", la Guardia Civil procedía a iniciar "un procedimiento de rescisión del contrato de arrendamiento y de desalojo de la vivienda". Desde ese día, Bego tenía seis meses para abandonar la vivienda. Todo lo que sus padres habían luchado 30 años antes, posiblemente por ella, para que no tuviese nunca ningún problema, quedaba tirado por tierra. Al igual que los recuerdos de toda la familia. Algunos de ellos, plasmados en fotos, cuadros y estampitas que hay repartidas por toda la casa de los San José. 

El problema, en este caso, no es que ella no tenga dónde ir a vivir. Mila tiene claro que, llegado el momento, ella se hará cargo de su hermana. Sino lo que significa sacar a Begoña de la casa y el barrio en el que ha vivido y aprendido durante 60 años. Sin ver prácticamente nada, conoce cada esquina de la casa, dónde está dispuesto todo. Sabe cómo tiene que moverse y qué debe hacer para ir a comprar el pan o ir a comer al restaurante del barrio que tanto le gusta. Su casa es su vida. Y sin ella, todos en la familia saben que el final puede estar muy cerca. 

"En el escrito de alegaciones, hemos descrito las barbaridades que pueden ocurrir si la desplazamos de su hábitat natural. Nosotros somos conscientes de que a ella no le queda mucho tiempo. Sacarla de aquí es acelerar el proceso. Es perder la autonomía de manera absoluta. Algo que mi madre luchó desde su nacimiento. Si no hubiese sido así, mi hermana sería un vegetal. Recuerdo que siempre decía: 'Ojalá que cuando dios se acuerde de mí, se la lleve conmigo'", recuerda, entre lágrimas, Milagros, mientras no deja de mirar a su hermana Bego, sentada en el sillón del salón. 

Pero resulta que cuando su madre, Trinidad, falleció en 2006, Begoña demostró a todos que era capaz de vivir sola en el que había sido siempre su hogar. Con algo de ayuda, eso sí. Algo para lo que su progenitora, con gran acierto, le había estado preparando toda su vida. "La llevaba a rajatabla. Tiene mucho carácter, se enfada cuando le dices si necesita ayuda", cuenta su hermano Pablo. Aunque ella puede valerse por sí misma, su hermana Mila se encarga de llevarle la comida y la medicación. Además, hay dispuestas varias cámaras en la vivienda para que la familia pueda advertir cualquier problema que pueda surgirle. 

No tiene casa 

La Guardia Civil argumenta en el oficio de desahucio que Begoña es dueña única de una vivienda. Una afirmación rotundamente falsa, según denuncian los hermanos San José. "La casa que indican ya existía cuando le dieron el usufructo de la vivienda, en 2006. Es el inmueble que con mucho esfuerzo mis padres compraron por si algún día les echaban de esta casa y donde me marché a vivir yo después de divorciarme, ella nunca ha vivido allí. Esa casa es de todos. Mis hermanos me la dejaron a mí para cuando Bego se viniese a vivir conmigo", explica Mila. 

Dejando a un lado la decisión familiar, en el Registro de la Propiedad dicha vivienda figura todavía a nombre de Benigno y Trinidad. "No sabemos cómo ni quién ha cogido y en el catastro, por orden de Hacienda, ha indicado que la vivienda es al 100% de Begoña. No es verdad. Nos pueden decir que no hemos hecho las cosas bien porque no elevamos el testamento de manera pública, todos los hermanos tenemos muy buena relación y no lo vimos necesario entonces. Pero, en cualquier caso, la casa no es solo suya", exclama Carlos, quien también padece cáncer a causa de la mutación del gen BRCA2, que tiene gran parte de la familia. Lo tuvo su padre, lo tiene su hermana Begoña, él y también se lo han diagnosticado a sus hijas. 

La cuenta atrás ya ha comenzado. En seis meses, agentes de la Guardia Civil desalojarán a Begoña si la familia no encuentra antes el modo de evitarlo. Una salida es el certificado de vulnerabilidad. Un documento que la familia ya ha solicitado a las autoridades competentes. "Yo lo único que quiero es que ella pueda estar aquí mientras pueda valerse, no quiero el piso. Esta ha sido nuestra casa toda la vida. Yo llegué aquí con un año. Lo más triste es que sean los hijos de los que fueron compañeros de mi padre los que vengan a desalojarnos. Hay muchos que dicen que bastante nos hemos aprovechado del Cuerpo. ¿Perdona? En estos edificios había señoras que cobraban 600 euros al mes. ¿Dónde van a ir? Hace unas semanas echaron a un chaval que tenía problemas con las drogas. Le cambiaron la cerradura y no pudo ni siquiera volver a entrar para recoger sus cosas. Le echaron como a un perro". 

Pase lo que pase, los San José tienen claro que llegarán hasta el final.

— Si vienen a echarnos, yo voy a liar lo que tenga que liar. Mis padres pelearon mucho por esta casa. Si hace falta me encadenaré (dice Mila, mientras Bego rompe a llorar).

— No es justo (dice Begoña).

— Vamos a intentarlo mi chiquitina, no llores más (le responde, abrazándola).