Murcia

Cada vez que José Manuel tenía que patrullar la Comarca de la Vega, su mujer, Raquel, siempre se despedía igual: ‘Buen servicio, ten cuidado’. En las horas previas a la madrugada del 15 de octubre de 2018, fue la última vez que Raquel pronunció esa frase: aquella noche su marido murió de un disparo en acto de servicio. El martes 16, la Catedral de Granada acogió el entierro multitudinario de este agente, con la asistencia del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. En el sepelio se le impuso la Cruz de la Orden al Mérito de la Guardia Civil -con distintivo rojo-, pero la pensión que incluye tal condecoración a título póstumo no se hizo efectiva hasta diciembre de 2019.

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“El dinero se lo metieron en el bolsillo durante más de quince meses”, critica Raquel, viuda del guardia civil José Manuel Arcos Sánchez al que le quitó la vida el ‘Kiki’: un delincuente con un abultado historial de robos (27) y hurtos (8). “Las pensiones por este tipo de medallas se debían pagar desde que se conceden, no cuando les dá la gana de firmar el expediente”, reflexiona esta granadina, de 47 años, nieta, hija y esposa de miembros que han servido en el Instituto Armado.

En la Guardia Civil nunca me han dejado sola”, afirma con rotundidad y agradecimiento Raquel. No puede decir lo mismo de los políticos que en aquellos días de dolor se arremolinaron a su alrededor y luego desaparecieron. “Las fotos de postureo no me sirvieron de nada”.

Entierro en la Catedral de Granada del guardia civil José Manuel Arcos Sánhez. Efe

Las duras palabras de esta mujer se deben a que el ministro no firmó hasta el 10 de diciembre de 2019 la resolución que le concedía la citada condecoración al difunto José Manuel. Tal demora perjudicó a Raquel y a sus dos hijos porque durante la tramitación del expediente no cobraron un sólo euro por la contraprestación mensual que incluía esa medalla.

“Es incongruente que al agente le impusieran la medalla durante su funeral y que la pensión que lleva aparejada no se le pagasen a su viuda hasta pasados quince meses”, admite el secretario provincial de Jucil en Granada, José Castro. Y no habla en vano porque en función de su antigüedad, a la mujer del fallecido le correspondían 300 euros al mes que se habrían sumado a la pensión de viudedad. “Perdió 4.500 euros por el restraso del trámite administrativo”.

Raquel no sabía que podía reclamar ese dinero ni tampoco se lo planteó. Bastante tenía con convivir con el dolor que le causó la pérdida de su marido y el estrés del proceso judicial contra la persona que lo mató. “La vida de una viuda de un guardia civil es estar hecha pedazos”, zanja con vehemencia.

En enero de 2020, Raquel acudió a la Comandancia de Granada a presentar una fe de vida para cobrar la pensión que incluye la condecoración póstuma de su marido. Al secretario de Jucil le extrañó que realizase ese trámite después de tanto tiempo y descubrió la dilación que sufrió el expediente del agente Arcos.

De inmediato, desde la Asociación Justicia Civil contactaron con la viuda. “En Jucil me dieron la posibilidad de reclamar con carácter retroactivo las mensualidades que no cobré por el retraso del expediente y acepté, pero no lo hice por el dinero, sino porque mi caso podría abrir la puerta a que otras viudas en mi misma situación reclamasen”, subraya Raquel.

“A mí me destrozaron mi familia y no me quedaba otra que seguir para adelante”. Y en ello está desde aquel domingo 14 de octubre cuando se despidió, por última vez, de su marido antes de marcharse a su turno de noche.

El robo de La Fragua

Como en otras tantas ocasiones, Raquel se despidió de José Manuel con la coletilla habitual: ‘Buen servicio, ten cuidado’. Durante la madrugada del lunes 15 de octubre, la Guardia Civil desplegó controles simultáneos en varias carreteras próximas a Las Gabias después de que trascendiese el robo del mesón La Fragua. El autor de aquel palo fue Juan Antonio Moyano, un viejo conocido de las Fuerzas de Seguridad bajo el alias de ‘Kiki’ (1978, Granada).

Juan Antonio M. G., alias 'Kiki', autor de la muerte del guardia civil José Manuel Arcos. E. E.

A José Manuel, aquel atraco le pilló a 15 kilómetros, de forma que junto a la agente en prácticas que le acompañaba, decidió colocar su coche patrulla en una vía de Huétor Vega. Allí dieron el alto a un vehículo sospechoso: un Ford blanco.

El ‘Kiki’ se bajó del Ford armado con un fusil y forcejeó con José Manuel Arcos, le quitó el arma reglamentaria y le pegó un tiro mortal de necesidad: la bala impactó en la ingle del agente alcanzando su arteria femoral. “Mi marido parecía que era hijo de la Guardia Civil, no le podía gustar más su labor en el Cuerpo, lo daba todo y al final dio hasta su vida”.

En junio de 2020 se tenía que haber celebrado el juicio, pero la pandemia de coronavirus obligó a retrasar la vista oral contra el ‘Kiki’ hasta noviembre. En esa fecha todavía no se había resuelto el expediente del Ministerio de Interior de la Cruz de la Orden al Mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo, a pesar de que la condecoración se colocó sobre el ataúd del agente Arcos durante su sepelio celebrado el 16 de octubre de 2018.

El agente José Manuel Arcos (c) junto a dos de sus amigos en la Guardia Civil. Cedida

“Todo esto para mí han sido dos años sin vida”, resume Raquel que ha echado en falta en el Ministerio la misma diligencia que tuvo su marido desde que en 1993 le destinaron a La Calahorra (Granada), luego a Valls (Tarragona), a Jerez Marquesado (Granada), a Tarragona y a La Zubia.

El héroe que salvó vidas

“Dos semanas antes de morir mi marido había rescatado a unos niños y a un anciano de un incendio: se metió en una casa en llamas para salvarlos”, ejemplifica esta granadina sobre la predisposición que siempre mostró su esposo para servir al Instituto Armado. “José Manuel recibió muchas felicitaciones por escrito por los servicios meritorios que prestó: uno de ellos fue localizar a una niña de 3 años que estaba desaparecida en el campo”. Sin embargo, el único ascenso que recibió el agente Arcos fue a título póstumo después de recibir un tiro: cabo honorífico.

“Todavía estoy esperando una llamada del ministro para ver cómo vamos: los guardias civiles son sólo números”, zanja con un nudo en la garganta. Raquel sigue sin olvidar la sonrisa del hombre que la conquistó siendo una bella adolescente, de 18 años, que se quedó prendada de aquel joven futbolista que despuntaba tanto en la selección andaluza que estuvo a punto de ser fichado por el Cádiz Club de Fútbol. “El dolor por su pérdida se va apaciguando mientras la herida sigue ahí”.

El 23 de noviembre de 2020, el día del cumpleaños de Raquel, el dolor que venía sufriendo recibió respuesta la Justicia: el ‘Kiki’ fue condenado a pasar a la sombra 22 años y medio por la muerte del guardia civil José Manuel Arcos Sánchez: un tipo sanote, de 47 años, enamorado de su familia y al que le encantaba participar en competiciones de mountain bike con su maillot en recuerdo a las víctimas de ETA.

“En septiembre, un mes antes de que lo matasen, nos fuimos de crucero a celebrar nuestras bodas de plata: 25 años juntos y dos hijos”, recuerda con nostalgia.

El agente Arcos era un apasionado de la bici. Cedida

Paralelamente a la celebración del juicio, la Asociación Justicia Civil culminó la redacción de una instancia, a través del despacho Soriano Abogados, donde solicitaban al Ministerio del Interior la efectividad de la condecoración y la pensión que lleva aparejada con carácter retroactivo, de fecha 16 de octubre de 2018 cuando se depositó la medalla sobre el ataud, en lugar del 10 de diciembre de 2019 cuando el ministro Grande-Marlaska emitió la resolución concediendo la condecoración.

Veinte casos en estudio

“El Ministerio ha reconocido la retroactividad de la concesión de la medalla al agente Arcos”, tal y como anuncia en exclusiva a EL ESPAÑOL el secretario provincial de Jucil, José Castro. “Se ha conseguido que al tratarse de medalla pensionada, el beneficio económico para la familia tenga efectividad desde la fecha en que fue impuesta en el funeral y no quince meses después cuando fue resuelto el expediente por Interior”.

Castro avanza a este diario que “esta reclamación abre una vía a la que muchas de nuestras viudas podrán acogerse y reclamar la retroactividad”. De hecho, en la Asociación Justicia Civil indican que “estamos estudiando entre 25 y 30 casos de agentes fallecidos en acto de servicio durante los últimos cinco años, para ver si sus esposas o maridos comenzaron a cobrar tarde la pensión que incluye este tipo de condecoración”. Es decir, si en el sepelio se les entregó la medalla, pero la mensualidad que lleva aparejada no llegó hasta pasados unos meses cuando se cerró el expediente.

“Este tipo de trámite administrativo se prolonga durante más de un año y ahora apoyándose en la resolución del caso del agente Arcos otras viudas de toda España podrían reclamar al Ministerio que les abonasen todas las mensualidades que no cobraron durante la gestión del expediente”. En Jucil están a la espera de que Interior le abone de oficio a Raquel los 4.500 euros, de lo contrario, en breve presentarán otra instancia reclamando esa cantidad.

La viuda del cabo honorífico Arcos se muestra orgullosa del precedente que ha sentado el expediente de su esposo, aunque admite que “una vida no se paga ni con 300 ni con 500 euros al mes: eso no hay quién lo pague”. La dura pérdida que sufrió esta granadina la ha llevado a implicarse activamente con el Equipo de Jusapol Social dedicado a atender agentes jubilados, en segunda actividad, en la reserva, así como viudas y viudos y huérfanos, tanto de agentes de la Policía Nacional como de la Guardia Civil.

Raquel Pérez ha invertido parte de su tiempo en dar consuelo a otros familiares de miembros de las Fuerzas de Seguridad que han fallecido. “Cuando estás casado con un guardia civil lo vives y lo sufres todo con ellos”.