El negocio de las televisiones encendidas en los hospitales públicos cuando te estás muriendo

Ángeles lleva ingresada 20 días en el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia por un trasplante hepático. No lo está pasando bien. De hecho, lo está pasando muy mal. A esa situación límite, se suma el infierno que está viviendo en su habitación compartida en el centro público. Mientras ella se debate entre la vida y la muerte tras el posoperatorio, con fiebres y fuertes dolores, tiene que soportar que su compañero de habitación tenga encendida la televisión una hora tras otra. Lo último que recuerda haber visto por obligación es "un programa de una isla paradisiaca en el que hay muchas parejas que se ponen los cuernos", entre gritos, peleas e insultos.  

La pasada madrugada se despertó al grito de "¡Estefaníaaaaaaaa!". No era su compañero quien vociferaba, era la televisión. Un reality llamado La Isla de las Tentaciones. 

Lo más insólito para esta murciana, sin embargo, no solo es soportar el ruido de la llamada caja tonta en una habitación compartida a la que ha llegado para curarse. Lo incomprensible es que se haga negocio con su enfermedad al permitir tener encendido todo el día el televisor, por unos 10 euros, cuando el primer derecho del enfermo debería ser la terapéutica tranquilidad.

El martirio del televisor en habitaciones con dos camas, por más que resulte insoportable para uno de los pacientes, sucede en la mayoría de los 450 hospitales públicos. Por tanto, las dos preguntas serían: ¿Por qué un enfermo tiene que sufrir las molestias de un aparato que desprende ruidos y luces mientras el otro paciente ha de pagar por ello? Todo esto en un hospital público.

Encender la televisión cuesta 20 céntimos; si quiere usarla una hora, un euro. Si va a estar varios días, puede optar por un bono semanal. Por ejemplo, el de tres días ronda los 15 euros, mientras que el de siete días cuesta veinte. Si su estancia va a ser todavía más larga, puede recurrir a las tarifas mensuales que van de los 80 a los 120 euros. Los precios varían en función de lo que el hospital o el servicio de salud de la Comunidad Autónoma haya decidido fijar en el concurso público. 

Detrás de la instalación de la mayoría de las televisiones —y teléfonos— para enfermos está la empresa Isern Medical Telecom, que da servicio a más 100 hospitales (el 80% de ellos públicos). Lo que se traduce en más de 25.000 camas que cuentan con un monitor en su habitación. Todo un negocio si además se tiene en cuenta que esta compañía también se encarga del mantenimiento y la reparación de los dispositivos. Esta firma catalana, que también diseña otras herramientas tecnológicas para el sector sanitario, facturó en el último año 16 millones de euros.

Explotación

El director comercial de Isern, Josep Arnau, no entra en el debate de por qué el paciente debe pagar o no por ver la televisión, simplemente "no es su responsabilidad". "Eso no depende de nosotros, depende de lo que quiera hacer el hospital, ellos son los que fijan los criterios económicos y técnicos en el concurso público", explica en una entrevista con EL ESPAÑOL. 

Cuando un centro sanitario o un servicio de salud quiere contratar este tipo de servicio, tiene dos opciones para gestionarlo: el modelo de explotación o de venta. El primero de ellos consiste en que la empresa, en este caso Isern Medical, se encargue de la inversión, instalación y mantenimiento de las televisiones en el hospital y toda la recaudación vaya a parar directamente a ellos. "Este es el modelo que suelen emplear el 80% de los hospitales públicos con los que trabajamos, nosotros hacemos la inversión y calculamos recuperarla en unos 10 o 12 años, aproximadamente", apunta Arnau. Para que se hagan una idea, el coste de una instalación de este tipo en un hospital de 600 habitaciones ronda el millón de euros.  

Con este sistema cuentan, por ejemplo, todos los hospitales del Servicio Murciano de Salud, entre ellos el centro sanitario Morales Meseguer, el Hospital Rafael Méndez, el Hospital Comarcal del Noroeste y el Hospital Fundación de Cieza. También el Complejo Hospitalario Reina Sofía de Córdoba, uno de los mayores complejos hospitalarios de España, donde la empresa catalana ha firmado un contrato de 15 años para instalar 605 televisores de última generación de 22 pulgadas y 1.124 teléfonos en habitaciones de hospitalización. 

La lista la completan decenas de centros sanitarios de prestigio repartidos por toda la geografía española como el Hospital Universitario 12 de octubre o el Hospital Central de Defensa Gómez Ulla, ambos en Madrid; el Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo); el Hospital Nuestra Sra del Prado de Talavera de la Reina (Toledo); el Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Badalona, Barcelona) o el Complejo Hospitalario San Pedro-San Millán de Logroño, donde Isern Medical ha instalado recientemente 600 televisores en 555 habitaciones. Si quiere ver la televisión en ellos tiene que pagar, bien en efectivo, visa o comprando una de las tarjetas de la empresa.  

El canon

Con el modelo de explotación, a los hospitales no solo no les cuesta nada poner las teles, sino que también obtienen beneficios gracias al canon de concesión, una cantidad anual que contempla la Ley de Contratos del Sector Público y que la empresa debe pagar al servicio de salud en cuestión. La cifra puede oscilar entre 5.000 y 40.000 euros. En el caso del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, por ejemplo, se trata de 34.000 euros anuales. Hagan cuentas. 

La otra opción que tiene el hospital es comprar directamente los monitores a la empresa de telecomunicación, encargarse de su instalación y mantenimiento, y decidir si los dispondrá de manera gratuita o no para los pacientes. Este modelo solo se ha aplicado en Extremadura y en la Comunidad Valenciana. Desde febrero de 2019, los 20 centros públicos valencianos no cobran por el servicio de televisión, una medida que ha implicado un coste cercano a los 1,2 millones de euros —5.584 terminales— para la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública. 

En cualquier caso, para Josep Arnau tener una televisión en el hospital "es algo accesorio" y por ese motivo los centros sanitarios eligen el modelo de explotación. "Los hospitales están para cuidar a las personas, es lo más importante. Muchos responsables sanitarios me comentan que no tienen presupuesto para ponerlas y prefieren destinar los recursos que hay para poder curar a una persona, reducir listas de espera o comprar más medicamentos", explica el director comercial. Siempre pueden optar por no ponerlas, aunque eso parece que no se contempla. 

Un abuso. Así es como tilda al pago de la televisión en los hospitales la presidenta de la Asociación del Defensor del Paciente, Carmen Flores. Frente a lo que sostiene Josep Arnau, la defensora del paciente critica este modelo de gestión y ha pedido a la empresa distribuidora de estos aparatos que le informe de cuánto dinero ganan los hospitales públicos españoles por este servicio, que considera todo un negociazo para ambas partes. "Es carísimo y un abuso, la gente que no tiene recursos y está sola, qué hace, morirse del asco. Por eso, además de que informen de lo que ganan, también pedí a la empresa que hicieran un bono social para quien no puede pagar la televisión", explica la presidenta de la asociación. 

Grupo Tanaki Visión también es otro de los grandes del sector de la televisión, telefonía e internet en los centros hospitalarios españoles. Esta empresa catalana, que facturó dos millones de euros en el último ejercicio, tiene contratas con más de 50 centros públicos, en los que da servicio a 27.000 camas. 

En la cárcel, gratis

"¿Por qué un enfermo tiene que pagar para ver la televisión y los presos no?", se pregunta acertadamente la defensora del paciente. Lo cierto es que esta cuestión también está en la calle y la respuesta se encuentra en la Ley Orgánica Penitenciaria desarrollada por el Reglamento Penitenciario, que reconoce como un derecho que los presos puedan ver la televisión. 

Los reclusos tiene la opción de comprar la televisión o cogerla de su casa e instalarla en su celda, o de disfrutar de las que disponen en las zonas comunes las prisiones. No obstante, en las nuevas cárceles que se están construyendo se están poniendo plasmas en las celdas, totalmente gratuitas, según apuntan fuentes penitenciarias. El caso de un enfermo es bien distinto, si quiere informarse viendo el telediario con Pedro Piqueras o Ana Blanco, tiene que pagar; y por supuesto no puede llevarse uno de su casa a la habitación del hospital. 

En ocasiones, el pago de este servicio para enfermos crónicos puede suponer casi la ruina. María —nombre ficticio— denunció en un medio catalán que el precio de la televisión en el Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona era de 4 euros diarios. Visto así, puede parecer incluso barato. Pero si se tiene en cuenta que su marido estaba en estado semi-crítico y con visitas pautadas, es decir, solo la mayor parte del día, ver la televisión le suponía un gasto de 120 euros al mes. "Me parece abusivo que haya que pagar, son enfermos, no delincuentes, ni siquiera los presos pagan por ver la televisión", criticaba esta ciudadana. 

Y cuidado con los bonos, si abandona antes de lo previsto el hospital, no espere que le devuelvan el dinero. Fue precisamente lo que le ocurrió a Samuel García cuando ingresaron a su hijo en un hospital de Cádiz. "Mi hijo estuvo ingresado unas horas y por no gastar los megas del teléfono, llamé para comprar uno de los bonos semanales de televisión. Compre el de 7 días y pagué 22,2 euros. A la hora nos mandaron para casa, y no me devolvieron el dinero, ni respondieron a mi demanda", denunciaba este gaditano. 

¿Debería de ser gratis ver la televisión en un hospital público? ¿Tendría que ser un derecho del paciente como lo es para un preso? ¿Acaso es necesario tener un televisor en una habitación compartida, donde uno de los enfermos puede estar en trance de morir mientras el otro ve placenteramente, a todo volumen, la vida en la isla de las tentaciones y de las infidelidades? ¿Tiene más derechos el paciente en recuperación o sus acompañantes que el otro en estado grave? Esta es una realidad, por exagerada que parezca, permitida en hospitales públicos. Y, además, pagando.