Parecía que el habitual debate político en torno a la legalización o la prohibición de la prostitución ya no admitía más argumentos, ni a favor ni en contra. Sin embargo, el pleno celebrado en el Ayuntamiento de Alicante ha dejado atónitos a todos los presentes, incluidos a los miembros del PSOE, cuando una de sus concejalas ha emitido una polémica observación.
Una edil del Partido Socialista insinuaba que, si la prostitución debe considerarse un trabajo, los grandes burdeles alicantinos deberían tener en plantilla a un mínimo del 2 % de trabajadoras con discapacidad, tal y como establece la legislación de derechos de personas con discapacidad en las plantillas de empresas de más de 50 trabajadores.
En un debate relativo a la posibilidad de sumarse a la red de ciudades libres del tráfico de personas destinadas a la prostitución, durante el pleno celebrado este jueves, tanto su propio partido como Compromís como Podemos estaban a favor, pues la declaración se había presentado de forma conjunta.
Llanos Canos, edil del PSOE en Alicante, tomaba la palabra y preguntaba a los allí presentes lo siguiente: "¿Se debe considerar un trabajo la institucionalización de la satisfacción sexual masculina? ¿Se debe considerar un trabajo la conversión de las mujeres en mercancías? ¿Se puede eliminar la impunidad de la violencia sexual en la prostitución cuando en realidad es parte constitutiva de la misma?"
Respaldo de casi todos los grupos
Ante el silencio, prosiguió con su discurso, formulando un razonamiento que sorprendió a todos, incluidos sus propios compañeros. ""Si su respuesta es sí, les animo a que valoren las siguientes consecuencias", citando la anterior mencionada legislación.
En la misma línea, también ha cuestionado al pleno si concederían ayudas a los burdeles, al igual que se realiza con las pequeñas y medianas empresas.
A pesar de la controversia, la declaración institucional ha salido adelante, respaldada por todos los partidos. A excepción de Vox.