El jefe de la policía local de Fuenlabrada, José Francisco Cano ha sido el primero de los detenidos en la trama de corrupción ‘Operación Enredadera’, que vincula a otros ocho agentes locales más.

Cano, que se encontraba de vacaciones junto a su familia en la provincia de Almería cuando la Policía Nacional le sorprendió, al parecer se dedicaba a algo más que a poner orden en el municipio madrileño. Es miembro fundador y secretario de Políticas para la Gestión de la Diversidad Social de la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local (UNIJEPOL), que agrupa desde el año 2003 a más de 1.000 jefes y altos mandos de las policías locales de España. La asociación sería presuntamente el nexo de unión de todos los altos mandos policiales implicados en la ‘Operación Enredadera’. Según explican a EL ESPAÑOL fuentes cercanas a la Policía Nacional, “los locales habrían podido usar la asociación policial para vertebrar una serie de alianzas entre agentes para favorecer la compra de sistemas informáticos a cambio de comisiones”, ya que es a ellos a quienes se dirigen los comerciales de empresas como la principal investigada GESPOL, filial de la constructora Sacyr y proveedora de un software para policías locales que, según la compañía ha generado beneficios por valor de 1’5 millones de euros tan sólo por los contratos obtenidos en el último año.

Fuentes del Ayuntamiento de Fuenlabrada confirman a EL ESPAÑOL, que Cano “ha sido suspendido de cargo y sueldo”. Además, según el primer teniente de alcalde asegura, “les ha sorprendido la noticia, pero se ha adoptado de forma inmediata la decisión de iniciar un expediente disciplinario”.

Sin embargo, a quien no ha sorprendido la noticia es los agentes de la Policía Nacional, que desde julio de 2016 investigan la trama, que encuentra su origen en el Ayuntamiento de Montgat (Barcelona). Gracias a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, se hallaron entonces indicios del supuesto amaño de contratos municipales para la instalación de radares de tráfico y semáforos donde no eran necesarios. Posteriormente ha sido la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona, quien ha ahondado en la trama policial, que operaba desde hace ocho años, adquiriendo supuestamente material y programas informáticos de seguridad vial para sus ayuntamientos a precios desorbitados y a cambio de recibir comisiones.

La Policía Nacional ha llevado a cabo en total 92 registros en 31 despachos profesionales, 24 domicilios y 12 empresas. Los hechos investigados podrían constituir, como asegura la Fiscalía, delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.

Otros policías locales detenidos y vinculados a UNIJEPOL

Otro de los nombres destacados en la trama es el del el jefe de la policía local de Oviedo, José Manuel López, que fue detenido el pasado miércoles por agentes de la Policía Nacional por su presunta implicación en el amaño de contratos del servicio de control de tráfico. Su piso en Gijón y su despacho también han sido investigados. Anteriormente López estuvo implicado en la trama de las ‘tarjetas blue’, un permiso personal de circulación y aparcamiento que se ‘ortogó’ a políticos, empresarios, altos cargos de la Iglesia y alcaldes de barrio.

En la provincia de Aragón,  ha sido detenido el jefe de la Policía Local de la capital oscense, Alberto Edroso, presidente de UNIJEPOL-Aragón y se ha emitido una orden de arresto contra el ex-intendente turolense, Santiago Hernández, -exvicepresidente de UNIJEPOL-Aragón-, a quién la Policía Nacional continúa buscando aunque podría encontrarse de vacaciones en Roma.

Por su parte, en la Comunidad de Madrid, los nombres que más han resonado son el del jefe de policía local de Alcobendas, Julio Villegas,  nombrado Responsable de Movilidad por petición de Ciudadanos, y el responsable de policía de Pinto, que en el momento de su detención se encontraba trabajando.