Una piscina, un gimnasio, aula de informática, un huerto, un frontón y una sala con juegos como un futbolín. Así es Ibaiondo, el centro de internamiento donde han recluido a los tres menores de edad acusados de asesinar salvajemente a una pareja de ancianos en Bilbao.

Ibaiondo es un centro de 3.200 metros cuadrados en las afueras de Zumárraga (Guipúzcoa). Además de las comodidades de las que van a gozar aquí, un equipo de más de 50 personas (psicólogos, trabajadores sociales y educadores) están a disposición de los adolescentes para intentar su reinserción. No sólo eso: el posible que incluso perciban un sueldo para sus gastos: “Los internos disponen de una paga semanal de entre 9 y 15 euros, en función de la fase educativa en que se encuentren”, publicaba Noticias de Gipuzkoa en un reportaje. Desde Ibaiondo no lo ha confirmado, pues a pesar de los intentos de este periódico en contactar con sus responsables, nadie contesta.

Los internos de Ibaiondo reciben una paga semanal para sus gastos, según informaba EFE en 2006

“Este es un centro con una finalidad educativa”, subrayaban desde la dirección durante su inauguración. Nada de llamarlo reformatorio. Es un lugar donde los chicos campan a sus anchas, e incluso algunos pueden salir, dependiendo del régimen en el que se encuentre. Existen cuatro modalidades: régimen cerrado, en el que los internos no salen del centro, régimen semiabierto, en el que los chicos pueden salir a realizar algunas actividades al aire libre, régimen abierto, en el que solo van a dormir por las noches, y fin de semana en el que los chicos (porque sólo hay varones, no es un centro mixto) sólo pasan 36 horas allí dentro: ingresan el viernes por la noche y se marchan el domingo.

Agresiones y amenazas a los funcionarios

Se ignora si la ratio de reinserción es muy alta. Lo que sí se sabe con certeza es que los trabajadores del centro han denunciado en numerosas ocasiones amenazas y agresiones físicas por parte de los internos. Incluso llegaron a manifestarse en 2016 para exigir más medidas de seguridad a la administración, a causa de varios incidentes protagonizados por los chicos. "No pedimos guardaespaldas, sino que se cumplan las condiciones laborales de seguridad, para que lleguemos a casa cansados, no heridos", pedía el comité de empresa hace un par de años al consejero de Justicia del Gobierno Vasco, que gasta cada año 1,2 millones de euros en garantizar la seguridad en estos centros. 

Confía la administración en que los adolescentes no se fuguen de Ibaiondo, aunque no sería la primera vez. Los dos menores de 14 años habían huido de sendos pisos tutelados por la Diputación Foral. Uno de ellos se marchó de un caserío en la localidad de Mungia donde convivía con otros adolescentes problemáticos.

El otro se había largado de otra vivienda similar en el municipio de Laukiz, a 15 kilómetros de Bilbao. Ambos habían llegado a esos pisos porque a sus espaldas ya cargaban un dilatado historial delictivo repleto de robos, hurtos y agresiones. En esa situación se encontraban ambos adolescentes cuando perpetraron el crimen: huidos de la justicia. Sin embargo, como la legislación española en materia de menores es muy distinta a la de los adultos, la Diputación no informó de que estos adolescentes problemáticos andaban sueltos.

En la comisaría del barrio no se pueden poner denuncias

Entretanto, y mientras los presuntos criminales disfrutan de piscina y futbolín en Ibaiondo, en Otxarkoaga se celebró el funeral en memoria de Lucía y Rafael, asesinados a palos y puñaladas por los tres nuevos inquilinos del centro. El crimen ha provocado una profunda consternación en la sociedad vasca en general, y en este barrio obrero en particular. Varias asociaciones del pueblo convocaron horas antes del sepelio una rueda de prensa en la que pedían más ayuda a la administración pública. Denunciaron los portavoces vecinales que habían informado del incremento de hurtos y robos en el barrio a las autoridades y al Ayuntamiento, pero que nadie hizo nada.

Las entidades del barrio de Otxarkoaga denunciaron la pasividad de la administración DLF

No sólo eso: los vecinos de Otxarkoaga se quejaron ayer de que existe una comisaría en el barrio, pero que no se pueden poner denuncias: “Nos dicen que, por falta de personal, esa comisaría no está preparada para recepcionar denuncias. Que si queremos denunciar tenemos que ir a la de Miribilla”. Miribila es un barrio de Bilbao que se encuentra a 5 kilómetros de Otxarkoaga. La práctica totalidad de las víctimas de Los Pichis son ancianos que no disponen de medio de transporte para ir a denunciar, así que desisten y el delito queda impune.

Ejemplifica la situación uno de los portavoces vecinales: “Le roban el monedero a una anciana de 90 años. La pobre mujer va a poner una denuncia a la comisaría y los agentes le dicen que no, que allí no. Que tiene que pillar la autovía e irse a un barrio que está a 5 kilómetros. No tiene coche ni nada. Tiene que coger el bus o el metro. Y aunque denuncie no le van a devolver su monedero con 20 0 30 euros. ¿Qué hace? Pues pasa de ir. No se toma la molestia de irse a la otra punta a denunciar. Y el resultado es el Ayuntamiento de Bilbao colgándose medallas y diciendo que se ha reducido el número de delitos en Otxarkoaga. Pues no señor. No se ha reducido el número de delitos. Se ha reducido el número de denuncias, y es porque en la comisaría del barrio no se pueden poner”.

Medidas más contundentes

Los vecinos también han asegurado que tampoco están pidiendo un incremento masivo de efectivos policiales en el barrio: "No queremos un estado policial, sino que se nos escuche cuando avisamos de que están sucediendo ciertas cosas. Somos vecinos, no policía". Respecto a lo que hay que hacer con este tipo de chicos conflictivos, el educador y presidente de la Asociación de Vecinos de Otxarkoaga, Álvaro Pérez, explicaba a EL ESPAÑOL que "los críos van de un piso tutelado a otro. Se fugan y nadie dice nada. Desde la Diputación no informan a nadie. Eso desde luego que no beneficia a esta situación. Y lo que no puede ser es que cometan estos delitos y queden impunes. Con niños que con 14 años ya tienen historial de robos y agresiones tal vez no funcionen los juegos y haya que probar con medidas más contundentes", concluye. Desde luego, habrá que esperar resultados pero todo apunta a que la piscina y el futbolín no van a amedrentar demasiado a unos niños que ya han asesinado.

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