La puesta en marcha del nuevo contrato del autobús urbano de Santiago tendrá que esperar. Un nuevo recurso presentado ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (Tacgal) impide por el momento formalizar el contrato, aunque desde el Concello confían en que la demora sea mínima. Mientras, el debate sobre las tarifas del futuro servicio ha abierto un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno local y el PP.
La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, se mostró este viernes optimista sobre la resolución del procedimiento y aseguró que el Gobierno local ya ha remitido al tribunal los correspondientes informes técnicos y jurídicos para responder a las cuestiones planteadas.
Según explicó la regidora, el recurso fue presentado el pasado 11 de agosto por la empresa Martín S.A., que había quedado en tercera posición en el proceso de licitación. El Tacgal dispone de un plazo máximo de dos meses para pronunciarse.
El Concello tenía previsto firmar el nuevo contrato durante este mes de agosto, pero ahora deberá aguardar a que exista una resolución. Este parón puede repercutir también en la fecha de estreno del nuevo servicio, ya que la adjudicataria dispone de un máximo de tres meses desde la firma para ponerlo en funcionamiento y las previsiones municipales apuntaban inicialmente a este otoño.
"Tenemos mucha confianza en que se ha hecho un buen trabajo y que el resultado será favorable", señaló Sanmartín, quien reconoció, no obstante, la "preocupación" del Gobierno local por el retraso que supone la presentación del recurso.
Qué cuestiona el recurso
La empresa recurrente solicita retrotraer el procedimiento de contratación con el objetivo de excluir a la adjudicataria y revisar también la valoración de la oferta que terminó en segunda posición.
Por un lado, cuestiona a la UTE formada por empresas de Monbus, ganadora del concurso. Entre sus argumentos figura que recurrirá a una compañía externa para desarrollar el proyecto de la estación de servicio exigida en el contrato y que durante el primer año prevé utilizar autobuses que no son de su propiedad.
El recurso también pone el foco en Stellae Urbano Santiago, la UTE clasificada en segundo lugar. La recurrente considera que esta oferta habría infravalorado los costes de personal, lo que a su juicio podría implicar un incumplimiento del convenio colectivo. También plantea objeciones relacionadas con el personal ofertado y con el cálculo de las inversiones.
El Concello considera que las cuestiones "no son admisibles"
El Gobierno municipal ya ha respondido mediante un informe técnico y jurídico apoyado en un análisis pericial, con el que defiende el procedimiento seguido durante la licitación.
Sanmartín señaló que el Concello considera que las cuestiones planteadas en el recurso "no son admisibles" y explicó que, entre otros aspectos, la empresa recurrente estaría confundiendo los conceptos de solvencia económica y técnica.
En relación con los costes laborales incluidos en la propuesta de Stellae, la respuesta municipal sostiene que el cumplimiento de los convenios colectivos debe comprobarse durante la ejecución del contrato. Asimismo, defiende que la mesa de contratación no puede dar por hecho un futuro incumplimiento mientras la oferta no incurra en una baja considerada anormalmente baja.
La alcaldesa recordó que la presentación de recursos es habitual en contratos de esta envergadura, aunque admitió que el procedimiento introduce una nueva espera en una adjudicación clave para la movilidad de Santiago.
Sanmartín asegura que el contrato puede arrancar sin las nuevas tarifas
La alcaldesa también respondió este viernes a las declaraciones del líder del PP de Santiago, Borja Verea, sobre la necesidad de aprobar en pleno la nueva ordenanza de tarifas antes de que pueda comenzar a funcionar el contrato. Sanmartín rechazó esta interpretación y aseguró que la ejecución puede iniciarse independientemente de que la nueva ordenanza esté aprobada.
"Sería mejor que repasase los apuntes antes de afirmar que, sin que se apruebe la ordenanza, no se puede comenzar la ejecución del contrato porque es falso", respondió la regidora al popular. Según defendió, el nuevo servicio puede comenzar "con o sin ordenanza nueva".
El Gobierno local trabaja, en cualquier caso, para llevar la actualización de las tarifas al pleno "cuanto antes", aunque Sanmartín reconoció que todavía no puede confirmar si la propuesta estará preparada para su debate durante el mes de septiembre.
La cuestión de los precios del nuevo servicio ha abierto otro frente político en las últimas horas. Verea advirtió de que el PP no apoyará unas tarifas que supongan eliminar la gratuidad del autobús para los jubilados, una medida que calificó como una "línea roja" para su formación.
Sanmartín defendió que los precios planteados hasta el momento parten de una estimación de los costes que tendrá el servicio y recordó que no se trata de cantidades inamovibles. El contrato tendrá una duración de 13 años, por lo que, según explicó, las tarifas podrán experimentar modificaciones durante ese periodo.