El concello de Santiago convoca la mesa sectorial para evaluar la documentación de la nueva solicitud para la declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado. El concelleiro de Urbanismo y Vivenda, Iago Lestegás, explicó que la ciudad cumple "claramente" con los requisitos exigidos y le afea a la Xunta de Galicia que "utilice el gobierno autonómico para hacer oposición al gobierno de Santiago" y que dificulte la contención de los precios del alquiler.
El 12 de enero a las 12:00 horas tendrá lugar la reunión de la mesa sectorial de vivienda para evaluar esta nueva documentación que el concello ya tiene prepara para volver a solicitarle a la Xunta de Galicia la declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado (ZMRT).
Así lo anunció esta mañana Lestegás quien puso el foco en las dificultades que la Xunta de Galicia puso a la anterior solicitud y al desigual trato de las dos únicas solicitudes presentadas por concellos gallegos, la de Coruña y la de Santiago.
Lestegás recordó que el gobierno autonómico dio por desistida la solicitud realizada en el mes de mayo al considerar que incluía datos no oficiales. El concelleiro afirmaba que incluía tanto datos oficiales como no oficiales y que Santiago cumplía claramente los requisitos para la declaración.
Ante este escenario, Lestegás aseguró que "optamos por preparar una nueva solicitud adaptada a las particularidades exigidas de la Xunta".
Nueva solicitud
La nueva solicitud describe, en primer lugar, el procedimiento preparatorio dirigido a la obtención de información relacionada con la situación del mercado residencial e incorpora datos procedentes de fuentes oficiales autonómicas y estatales.
La memoria justificativa solo utiliza datos oficiales que no se complementan con datos procedentes de otras fuentes. A este respecto, Lestegás indicó que, aún considerando útil la información adicional que proporcionan datos no oficiales para entender "mejor las dinámicas del mercado residencial", en la nueva documentación no aparecen.
El concelleiro aseguró que "si ese era el problema, desapareció. Esperemos que no invente otro ahora".
La memoria justificativa describe un incremento de precio medio de alquiler en Santiago del 40,26% entre 2019 y 2024, de acuerdo con los datos del Observatorio de Vivienda de Galicia: de 444,4 euros en 2019, a 623,3 en 2024.
En este periodo, el crecimiento acumulado del IPD en Galicia fue del 20%. En este apartado, Lestegás explicó que la Ley por el Derecho a la Vivienda informa que un ámbito cumple los requisitos para ser declarado ZMRT si el incremento del precio del alquiler en los últimos cinco años supera en, por lo menos, tres puntos porcentuales el incremento del IPC.
Atendiendo a este incremento, Lestegás explicó que "Santiago lo supera en más de 20 puntos porcentuales, lo duplica, por lo tanto no puede haber ninguna duda sobre el cumplimiento de los requisitos legales para que nuestro municipio sea declarado zona de mercado residencial tensionado".
La solicitud incluye un proyecto de plan con medidas correctoras que responden a la misma estrategia, "porque la estrategia de la vivienda del gobierno de Santiago está clara y no cambió desde mayo", aclaró Lestegás.
Este nuevo documento describe con más precisión cada medida, programa con mayor concreción su calendario de desarrollo y describe de forma más explícita la potencial incidencia de cada medida en la reducción del tensionamiento del mercado residencial.
Tras la reunión de la mesa sectorial, se someterá la exposición pública durante 20 días la información en que se basa la nueva solicitud. A continuación, se responderá las alegaciones, en caso de que sea necesario, se introducirá las modificaciones oportunas de ser preciso y se le enviará a la Xunta de Galicia, y concretamente al Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), la nueva solicitud.
Derecho a una vivienda digna
Iago Lestegás reivindicó que "hay que intervenir en el mercado del alquiler porque se convirtió en una fuente de desigualdad y en un factor de empobrecimiento, provocando una transferencia regresiva de rentas de los más pobres a los más ricos".
El concelleiro se apoyó en datos del investigador Jaime Palomera, doctor en antropología económica, que estima que en España se transfieren entre 30.240 y 40.320 millones de euros cada año de inquilinos a caseros.
En ese sentido, volvió a insistir en que "es necesario que las personas que ocupamos puestos de responsabilidad en materia de vivienda a cualquier nivel y en cualquiera administración, adoptemos decisiones valientes e impulsemos medidas eficaces para garantizar el derecho a la vivienda y a la función social de la propiedad".
Finalmente, recordó que "muchas personas no pueden acceder a una vivienda digna y las que aún pueden hacerlo tiene cada vez más dificultades para llegar a fin de mes y cada vez menos capacidad de ahorro".
En ese sentido, indicó que los inquilinos dedican una parte cada vez mayor de su salario a pagar en el alquiler y que en la última década el precio medio del alquiler aumentó en España un 77%, mientras que las rentas de los hogares solo un 33%.